Señor director:

Este 11 de junio, Día Mundial del Cáncer de Próstata, nos encontró bajo una Alerta Sanitaria Oncológica que nos obliga a mirar de frente una paradoja dolorosa: pese a ser una enfermedad con una probabilidad de curación superior al 90% si se detecta a tiempo, sigue cobrando más de 2.700 vidas anuales en nuestro país. Esto no es solo una crisis médica; es un desafío de Estado, de equidad territorial y de justicia social.

La magnitud del problema es monumental. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el cáncer de próstata es la neoplasia de mayor incidencia en Chile al consolidar ambos sexos, representando el 16,2% del total de diagnósticos oncológicos, con cerca de 9.700 nuevos casos al año. Si nos enfocamos solo en la población masculina, la cifra escala al 29,5% de los tumores diagnosticados; es decir, prácticamente 1 de cada 3 hombres con cáncer en el país enfrenta esta patología. ¿Por qué, entonces, seguimos llegando tarde?

La respuesta yace en las barreras de acceso, la centralización y la fragmentación del financiamiento. Aunque el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) cubre el tratamiento, el cuello de botella crítico ocurre en la etapa previa: el acceso a especialistas en la Atención Primaria de Salud (APS) y la disponibilidad de horas para biopsias transrectales generan listas de espera que retrasan la activación del propio beneficio. A esto se suma que la Ley Ricarte Soto excluye esta patología, dejando a los pacientes con enfermedad avanzada dependiendo del programa de Drogas de Alto Costo (DAC) de FONASA, el cual opera sujeto a cupos presupuestarios anuales y comités centralizados. El resultado es una dolorosa asimetría donde la supervivencia de un paciente chileno puede estar determinada por su código postal o el tamaño de su billetera.

La oncología de precisión avanza rápido, pero nuestra red pública se ha quedado rezagada. Terapias dirigidas de última generación, siguen ausentes en el vademécum público debido a sus costos y a la falta de laboratorios locales con estándares de calidad internacionales para el procesamiento celular.

Para cambiar este rumbo, desde el CECAN proponemos una hoja de ruta en dos frentes prioritarios:

1. Fortalecimiento clínico y diagnóstico temprano: Implementar un programa nacional de tamizaje inteligente mediante el examen del Antígeno Prostático Específico (APE) desde los 50 años (o 40 si existen antecedentes familiares directos); incorporar la Resonancia Magnética Multiparamétrica (RMnmp) antes de la primera biopsia para evitar un 30% de procedimientos innecesarios; y descentralizar la atención a través de la Tele-Urología y comités oncológicos regionales dinámicos.
2. Cambio cultural y alfabetización sanitaria: Debemos derribar el prejuicio cultural en torno al examen rectal (si es que es indicado), educando a la población sobre un procedimiento clínico indoloro de escasos segundos que complementa al examen de sangre. Es imperativo proyectar la salud preventiva más allá de los consultorios y llevarla también a espacios de alta afluencia masculina, como faenas mineras, obras de construcción y estadios de fútbol, involucrando activamente a las familias como agentes de cambio.

No podemos seguir aceptando pasivamente que la vida de un hombre dependa de sus recursos o de la región en la que reside. Financiar la innovación oncológica y agilizar los tiempos de diagnóstico no es un gasto, sino la inversión más ética y rentable que puede hacer una sociedad que aspira a ser justa. Llegar a tiempo es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.