El autor de esta columna analiza los efectos de los congelamientos tarifarios y las deudas acumuladas en el sistema eléctrico, cuestionando las fórmulas que evalúa el Gobierno para enfrentar los saldos pendientes con las distribuidoras. Sostiene que el debate no debe centrarse solo en cómo financiar esos montos, sino también en garantizar que los ciudadanos conozcan cuánto deben, cómo se calculan esos cobros y quiénes se benefician de las decisiones regulatorias. Concluye que, «por tanto, hago el llamado a quienes les toque legislar, independientemente de cuál sea el proyecto que presente el Ejecutivo, que lo mínimo es que soliciten transparencia. Al final, todo lo que pasa con la ‘cuenta de la luz’, donde el ciudadano no tiene nada que hacer, se hace todo con tu plata».
Imagen de portada: Hans Scott / Agencia Uno
Hace tres años y medio publiqué la columna “La caja negra de las tarifas eléctricas” por este medio, donde intentaba explicar qué pagamos cuando pagamos la “cuenta de la luz”, denunciar alzas no comunicadas en la tarifa eléctrica para ese primer semestre del año 2023, ni por nuestras instituciones públicas ni por ningún medio de comunicación, y hacer la reflexión de que el Ministerio de Energía debiera explicar cómo funciona el mercado eléctrico, y en particular la tarifa eléctrica, permitiendo “que la ciudadanía vea al Ministerio de Energía, como una institución que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas, y no como un ente técnico ocupado de temas lejanos que casi nadie entiende.”
Han pasado muchas cuentas bajo el puente desde el año 2023; se descongeló la tarifa eléctrica, llevando el costo de la electricidad a su valor real, además se implementó un plan de pago para saldar la deuda con las generadoras que provocó el congelamiento, a través de la aplicación de un cargo extra “la cuenta”, produciendo por ambos motivos alzas que en promedio llegaron a un 70%, todo esto por la aplicación de la Ley de Estabilización Tarifaria en el año 2024. Dicha ley, que fue legislada por el exministro Diego Pardow ocultando información clave sobre las alzas a los legisladores -cuestión que también expuse en la columna “La Ley de Estabilización Tarifaria no cumplirá su promesa”- fue muy celebrada por los gremios de la Generación eléctrica. De hecho, en la cena de aniversario del año 2024 del gremio de las Energías Renovables, ACERA, su presidente Sergio del Campo “reconoció al ministro de Energía y su equipo por ‘su visión y liderazgo’ para avanzar hacia la normalización de las tarifas reguladas”, para luego criticar el modelo de ampliación del subsidio eléctrico, según consignó El Diario Financiero en octubre de dicho año.
En resumen, entre junio del 2024 y diciembre del 2025, fechas donde se aplicaron alzas producto del diseño de la Ley de Estabilización Tarifaria, la ciudadanía sufrió fuertes alzas, impactando su bolsillo de manera importante, mientras las generadoras, conformes, normalizaron sus flujos de caja. A continuación, comparto gráfico de variación de tarifa eléctrica residencial para las principales ciudades de Chile.
APRENDIZAJE DEL DESCONGELAMIENTO
Si bien la deuda con las generadoras ya está resuelta; existe un plan de pago establecido por ley, ahora podemos mirar en retrospectiva y obtener algunos aprendizajes.
Lo primero, es que aprendimos que congelar la tarifa, y con ello una deuda, conlleva la generación de intereses, que obviamente termina pagando la ciudadanía. Luego del congelamiento, la deuda con las generadoras llegó a 6.478 millones de dólares, de los cuales 1.860 millones son intereses (fuente: CNE, revisar acá). O sea que casi un tercio de la deuda son solo intereses, que obviamente encarecen el cargo extra pagado en la “cuenta de la luz”.
Además, también aprendimos que sobre esos intereses se nos cobran impuestos, que encarecen aún más las tarifas. De hecho, es hasta irrisorio, pues el Estado primero nos congeló la tarifa, luego nos la descongeló, provocando un alza, además nos incorporó un cargo extra para pagar una deuda, deuda inflada por intereses, y sobre esos intereses que el propio Estado nos propició, nos cobra impuestos. “Negocio redondo para el Estado” se diría en términos populares, al final, endeudar a la ciudadanía solo hace que el Estado recaude más dinero, dinero que obviamente sale del bolsillo de cada usuario de electricidad, o sea, todos nosotros.
Al final, siendo positivo, estos dolorosos aprendizajes nos sirven mucho hoy en día, ya que producto del descongelamiento, aún nos queda una deuda que saldar, pero ahora con las distribuidoras.
DEUDA CON LAS DISTRIBUIDORAS
La ley de estabilización tarifaria se publicó un día 30 de abril del 2024, y el 31 de mayo la Comisión Nacional de Energía publicó el decreto que actualizó las tarifas en su componente de distribución con 42 meses de retraso. Este punto es relevante, puesto que la deuda con las distribuidoras hubiese sido exactamente la misma, con o sin leyes de congelamiento y descongelamiento. Echarle la culpa solo al congelamiento legal de las tarifas, al final, es exculpar al propio Estado en su ineficiencia a la hora de actualizar las tarifas en los tiempos que corresponde.
Ahora bien, para analizar la deuda con las distribuidoras, que el exministro de energía Álvaro García en febrero del presente año cifró en 734 mil millones de pesos, unos 800 millones de dólares, primero hay que entender que es una deuda que tiene una naturaleza muy distinta que la deuda que se creó con las generadoras. La deuda con las generadoras se generó por ley de manera colectiva o socializada, con un tope máximo, en otras palabras; desde que se comenzó a generar la deuda con las generadoras, siempre fue una deuda “entre todos”, por tanto, el pago de dicha deuda es “entre todos” a través de un cargo extra. Para el caso de las distribuidoras es lo contrario, es una deuda “individualizada”, cada cliente tiene una deuda distinta, que va a depender del consumo de cada cliente y la diferencia de precio en la tarifa; lo que pagó y lo que debía pagar según distribuidora. Entonces, bajo una misma distribuidora habrá clientes que tienen más deuda que otros, y, además, entre clientes de distintas distribuidoras la deuda también es distinta.
Para mayor entendimiento, hablo de “clientes” porque es el término legal utilizado, en el mundo del mercado eléctrico no somos usuarios, sino clientes. Y para que quede más claro aún, un cliente, en términos sencillos, es un medidor. Donde hay un medidor, hay un cliente.
Esta deuda individualizada, por instrucción de la SEC se debía comenzar a pagar en el mes de abril en 48 cuotas, pero luego, por petición de las empresas distribuidoras y los legisladores, la misma SEC aplazó el pago para julio. Por este aplazamiento, según indicó el académico Humberto Verdejo, se sumaron 14 millones de dólares más por intereses a la deuda, pero a su vez daba tiempo al Ministerio de Energía, pues se comprometió a presentar un proyecto de ley para resolver esta deuda sin generar alzas. O sea, el Estado nuevamente toma la decisión de congelar una deuda, ahora solo por unos meses, aumentando el monto que cada usuario debe pagar, a cambio de que el Gobierno encuentre una fórmula de pago que no signifique alzas. Tarea difícil.
Pues bueno, para comprender la magnitud del problema, en marzo solicité los datos a la SEC vía transparencia. Primero, para conocer el monto real de la deuda, y segundo, para conocer el impacto en los usuarios. Comparto ambas solicitudes y datos, que paso a explicar.
DATOS DEUDA DISTRIBUIDORAS
Bajo la primera solicitud (descargar solicitud y datos), se destacan dos puntos importantes; lo primero es que la deuda no era 734 mil millones de pesos, sino que a marzo del 2026 era de 860 mil millones de pesos, de los cuales 162 mil millones son intereses, o sea que quienes le deben a las distribuidoras tendrán que pagar un 23% más, por el solo hecho de que el Estado congeló y se atrasó en actualizar las tarifas. Y obviamente, cuando se paguen esos intereses se nos cobrarán impuestos. Al final, el congelamiento y atraso que propició el Estado hace ganar más a las distribuidoras, por los intereses cobrados, y más al Estado, por los impuestos recaudados. Todo, con la plata de las y los ciudadanos.
Pero, además, se destaca otro punto relevante; no todos los clientes le deben a las distribuidoras, existe un número importante de clientes que es al revés; las distribuidoras les deben a los clientes. De los 7,6 millones de clientes afectos a deudas, a 1,53 millones se les debe dinero, lo que corresponde a un 20% de todos los clientes, por tanto, el número de clientes deudores es de 6,07 millones. Esto sucede, pues el congelamiento perjudicó a dichos usuarios; la tarifa original era más barata de la que pagaron, en el fondo estuvieron meses pagando de más.
De la misma solicitud de transparencia, se puede ver que el número entregado por el exministro García en febrero, era exactamente la resta de lo que se les debía pagar a las distribuidoras menos lo que las distribuidoras debían pagar, pero calculado a abril del 2025. O sea, entregaba un dato desactualizado, porque no consideraba los intereses hasta la fecha que publicó la información, y escondía el dato de los usuarios a quienes se les debía dinero. A su vez, el exministro proponía socializar dicha deuda, o sea que la pagáramos entre todos con un cargo extra, tal cual se hizo con las generadoras, que según el exministro serían 48 cuotas de $1.450 promedio. O sea, el gobierno anterior pretendía que a ese millón y medio de clientes que pagaron de más, que se les debe dinero, ya no se les pague, y, por el contrario, ahora ayudaran a pagar la deuda de otros. Bajo mi opinión, esa idea del gobierno anterior menos mal no avanzó.
Con la segunda solicitud de transparencia (descargar solicitud), cuyo objetivo era conocer el impacto en el bolsillo de los usuarios del pago de dicha deuda, aparecen nuevos antecedentes (descarga datos).
A marzo del 2026, el 50% de la deuda la tiene el sector residencial (tarifa BT1), correspondiente a 5,86 millones de clientes, y el otro 50% el sector comercial, correspondiente a 155 mil clientes. Esto es relevante si se piensa en cualquier tipo de solución que involucre una socialización, pues uno se podría preguntar ¿por qué el sector residencial debe ir a pagar una deuda del sector comercial? No parece justo que se mezclen las deudas de quienes utilizan la electricidad como un insumo básico, con quienes la utilizan, también como algo básico, pero finalmente para solventar un negocio.
Lo más llamativo, es que, si se analiza el monto de la deuda por cliente residencial, tenemos que el 14% de los clientes residenciales deudores debe menos de 10 mil pesos, o sea que la cuota de pago en promedio sería de $104. De hecho, el 49% de los clientes residenciales debe menos de 40 mil pesos, por tanto, la cuota de pago sería menos de mil pesos. A continuación, una tabla con la deuda para clientes residenciales (tarifa BT1) según monto de la deuda y número de clientes residenciales afectos a dicha deuda.
Lo que el Subsecretario, Hugo Briones, ha transmitido a través de los medios, es que una posible fórmula del gobierno sería aplazar la deuda, en otras palabras “congelar la deuda”, haciéndola crecer, naturalmente, por los intereses que genera congelar una deuda, cosa de comenzar a pagarla a partir del año 2028, cuando se genere una disminución en la tarifa eléctrica. Esta disminución se generará producto de que el cargo extra de 23 pesos por kWh de consumo que hoy pagamos para financiar la deuda con las generadoras bajará a 9 pesos por kWh de consumo. Esto representa una reducción del orden de 6% en promedio a nivel nacional. De esta manera, ya no veríamos esa esperada baja en la tarifa eléctrica, sino que probablemente una baja menor, porque se nos aplicaría un nuevo cargo extra, ahora para pagar la deuda con las distribuidoras. En términos simples, el cambio sería; no paguemos la deuda ahora, paguemos más pero después, cuando no se note, olvidándonos de la baja pronosticada para el 2028. Al final, con esta fórmula, las distribuidoras ganarían más, por los intereses, y el Estado recaudaría más, por los impuestos aplicados, y todo, con plata de los consumidores de energía eléctrica.
Pero más allá si esta fórmula se concreta, o no, puede haber gente que le guste y a otra que no, pero el gobierno y los parlamentarios legislarán de todas maneras, donde todo cambio legal significará costos, y todo, con dinero que pagan los ciudadanos en su “cuenta de la luz”.
Entonces, mi reflexión final vuelve a los primeros párrafos de esta columna, ¿existirá transparencia con la ciudadanía de parte del Ministerio de Energía a la hora de legislar? O, más simple aún, ¿existirá transparencia con la ciudadanía a la hora de conocer su propia deuda? Pues, si con las condiciones actuales, cada “cliente” tiene una deuda individualizada, sería natural que cada uno pueda conocer ese monto y cómo fue calculado. Algo bien simple, que se nos informe cuánto pagamos mientras la tarifa estaba congelada y cuánto debimos haber pagado, cosa de saber a ciencia cierta cuánto debemos, y cuánto de aquello son intereses. Y en caso de que se socialice la deuda, o sea que la paguemos entre todos con un cargo extra, saber cuánto aportó cada uno a la deuda total, y cuánto terminará pagando con el mecanismo legislado.
La pregunta de fondo es: ¿tenemos derecho a saber lo que se nos cobrará o no? Hasta hoy, no. Por tanto, hago el llamado a quienes les toque legislar, independientemente de cuál sea el proyecto que presente el Ejecutivo, que lo mínimo es que soliciten transparencia.
Al final, todo lo que pasa con la “cuenta de la luz”, donde el ciudadano no tiene nada que hacer, se hace todo con tu plata.
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Adquiri un departamento nuevo a fines del año 2024 y tengo la duda de si también tendré que pagar la deuda socializada por el congelamiento y posterior descongelamiento de las tarifas eléctricas generadas, no solo antes de la compra.,sino antes de que el edificio estuviese construido ¿Será posible que un absurdo como ese pueda ocurrir? ¿qué entidad estatal podría - o debiera- aclarar ésto?
Gabriel Pradenas Sandoval | 27.06.2026
Agradezco al autor por esta columna, porque constituye un aporte relevante a la discusión pública y al debate político y técnico sobre los pasos a seguir.
Desde la economía, es importante recordar que la generación, transmisión y distribución eléctrica nacieron bajo la lógica de monopolios naturales, especialmente en transmisión y distribución, debido a sus elevados costos de infraestructura y a las economías de escala que presentan. Asimismo, el congelamiento de las tarifas durante la pandemia respondió a una necesidad social evidente, pero también significó postergar ajustes que hoy se expresan con mayor intensidad. En términos económicos, el problema no desapareció, sino que se trasladó en el tiempo.
El desafío actual consiste en construir una solución que sea financieramente sostenible, pero que también haga sentido a la ciudadanía. Esto es particularmente relevante en un contexto de alta cesantía, presiones inflacionarias y un elevado costo de vida. Un alza significativa en las cuentas eléctricas no solo afecta el presupuesto de los hogares, sino que además puede transmitirse a los precios de otros bienes y servicios, generando un importante costo social. Las soluciones técnicamente correctas también deben ser socialmente viables. Complejo panorama.
Pablovski | 17.06.2026
Parece que no terminaremos nunca de pagar las deudas del congelamiento eléctrico, una decisión que resultó ser "pan para hoy y hambre para mañana".
... permitiendo “que la ciudadanía vea al Ministerio de Energía, como una institución que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas, y no como un ente técnico ocupado de temas lejanos que casi nadie entiende.” Bueno, por mi trabajo yo he sido testigo de cómo el Ministerio de Energía se ha transformado en una verdadera empresa consultora al servicio de los intereses de las empresas generadoras y de transmisión al facilitar y gestionar la inversión privada por sobre consideraciones ambientales y patrimoniales, en vez de ser una institución rectora y reguladora que avanza en la promoción de proyectos eléctricos sustentable de energía limpias para el país. En efecto, puede tratarse de un proyecto de energía renovable no convencional o de una línea de transmisión de alto voltaje, pero si la localización del proyecto afecta a la biodiversidad o al estilo de vida y costumbres de grupos humanos, como suele suceder a menudo, no es un proyecto sustentable. Pues bien, el Ministerio de Energía no debe desentenderse de estas consideraciones, de modo de sumar esfuerzos con otras instituciones públicas de modo que la inversión en generación y transmisión eléctrica efectivamente aporte a la sustentabilidad del país.
