En el Mes del Orgullo, la defensa de los derechos LGBTIQ+ adquiere una dimensión que trasciende el reconocimiento identitario. Esta columna aborda el concepto de justicia sexual como un marco para garantizar dignidad, autonomía, salud y ciudadanía plena para todas las personas, frente al avance de discursos y políticas que amenazan derechos conquistados. A partir de evidencia internacional y de la realidad chilena, el autor plantea que la discriminación constituye también un problema de salud pública y reivindica la investigación, las políticas inclusivas y los sistemas de salud basados en derechos humanos como herramientas fundamentales para enfrentar las desigualdades persistentes.

Imagen de portada: Sebastián Beltrán / Agencia Uno.

Junio suele ser un mes de celebración, memoria y reivindicación para las comunidades LGBTIQ+. Las marchas del orgullo recuerdan las luchas históricas contra la criminalización, la patologización y la exclusión social de las diversidades sexuales y de género. Sin embargo, en el contexto actual, el orgullo no puede comprenderse únicamente como una conmemoración identitaria o cultural. También constituye una defensa activa de derechos fundamentales que hoy enfrentan amenazas crecientes a nivel global. En este escenario emerge con fuerza el concepto de justicia sexual. 

La justicia sexual ha sido promovida en los últimos años por organizaciones internacionales como la World Association for Sexual Health (WAS), que la define como “un marco social, político y legal orientado a garantizar dignidad, autonomía corporal, igualdad de derechos y acceso equitativo a la salud y los derechos sexuales para todas las personas, sin discriminación, miedo ni estigma”. 

Pero la justicia sexual va más allá de la mera protección legal. Supone preguntarse quiénes tienen realmente acceso a cuidados de salud dignos, a una educación sexual integral, a un reconocimiento de sus identidades y vínculos, y quiénes continúan siendo marginados por razones de género, orientación sexual, clase social, discapacidad o pertenencia étnica. Como señala recientemente la WAS, la justicia sexual exige enfrentar las estructuras sociales y culturales que producen exclusión y desigualdad.  

Este es un concepto que no surge de manera aislada. Tiene raíces profundas en los movimientos feministas, de derechos sexuales y reproductivos, en la lucha contra el VIH/SIDA y, por supuesto, en las luchas históricas del movimiento LGBTIQ+. Desde aquel 28 de junio y la revuelta de Stonewall hasta la actualidad, las comunidades sexo-genéricas diversas han denunciado la manera en que los sistemas médicos, jurídicos, políticos y religiosos han regulado qué cuerpos y deseos son considerados legítimos y cuáles deben ser corregidos, castigados o invisibilizados. La justicia sexual recoge precisamente esa historia de resistencia y emancipación.

Hoy, sin embargo, asistimos a un momento particularmente preocupante. En distintos países –Chile incluido— observamos el avance de discursos anti género, restricciones al acceso al aborto, censura de contenidos educativos sobre sexualidad y diversidad, y retrocesos en el acceso a cuidados afirmativos para personas trans y de género diverso. Lo alarmante es que estas ofensivas ya no provienen únicamente de grupos marginales, sino muchas veces de gobiernos, parlamentos, medios de comunicación e instituciones estatales. El caso reciente del Reino Unido resulta ilustrativo. Un artículo publicado el año pasado en International Journal for Equity in Health describe la transfobia en ese país como una verdadera crisis de salud pública. Los autores muestran cómo las políticas anti trans, la hostilidad mediática y la discriminación estructural producen efectos concretos sobre la salud mental y física de las personas trans y de género diverso: mayor depresión, ansiedad, ideación suicida, evitación de servicios de salud y deterioro de las condiciones de vida. Este punto es fundamental: la discriminación no es solo un problema moral o simbólico; constituye también un determinante social de la salud. Las instituciones de salud pueden transformarse en espacios protectores y afirmativos, o bien, en lugares de exclusión y violencia. Por ello, la justicia sexual interpela directamente a los sistemas sanitarios y a quienes trabajamos en ellos.

Durante décadas, muchas personas LGBTIQ+, particularmente personas trans y género diverso, han debido enfrentarse a modelos clínicos patologizantes, profesionales mal formados y prácticas profundamente estigmatizantes. Aunque se han producido avances importantes, aún persisten enormes brechas de acceso y calidad en la atención. La justicia sexual propone justamente avanzar hacia sistemas de salud culturalmente competentes, basados en derechos humanos, evidencia científica y respeto irrestricto por la autonomía y dignidad de las personas.

En este contexto, la investigación en sexualidad y género adquiere un valor esencial. Investigar no es simplemente producir conocimiento académico; es también visibilizar experiencias históricamente silenciadas y generar evidencia que permita diseñar mejores políticas públicas y prácticas clínicas. Por ello resulta tan preocupante el aumento de intentos por censurar o restringir este campo de investigación.

Diversos editores y editoras de revistas científicas internacionales advirtieron recientemente que las restricciones políticas sobre investigaciones relacionadas con género y sexualidad, incluyendo la mención de la palabra “transgénero”,  constituyen una forma de censura científica que amenaza la producción de conocimiento y puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de poblaciones históricamente marginadas. 

La expansión de estos discursos hacia América Latina y Chile, donde aún existen importantes vacíos de conocimiento respecto de las experiencias de salud mental, acceso a cuidados, violencia y bienestar de personas LGBTIQ+ —particularmente de personas trans y género diverso—, es especialmente preocupante. Sin investigación situada y sensible al contexto sociocultural, es imposible construir políticas públicas realmente inclusivas.

En Chile, iniciativas como Proyecto T —nacida del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia (CEPPS) de la Universidad Diego Portales y orientada a brindar atención psicológica gratuita y especializada a personas trans, género no conforme y sus comunidades— articula atención clínica, formación profesional e investigación científica. No solo acompaña a personas y familias, sino que también contribuye a producir conocimiento sobre las realidades y necesidades de la población trans y de género diverso en el país. Su trabajo se sustenta en principios profundamente alineados con la justicia sexual: la no patologización de las identidades diversas, el respeto por los derechos humanos y sexuales, y el compromiso con prácticas clínicas éticas y culturalmente sensibles. En tiempos donde proliferan discursos de odio, desinformación y pánicos morales en torno al género y la sexualidad, experiencias como esta muestran que otra forma de hacer salud y producir conocimiento es posible.

Hablar de justicia sexual en el mes del orgullo implica entonces mucho más que celebrar la diversidad. Implica reconocer que aún existen profundas desigualdades en el acceso a derechos, salud y ciudadanía plena. Implica comprender que las luchas LGBTIQ+ están inseparablemente conectadas con otras luchas sociales: contra la violencia, el racismo, el sexismo, la pobreza y todas las formas de exclusión. Pero también implica sostener una convicción ética y política fundamental: que toda persona, independientemente de su identidad de género, orientación sexual o corporalidad, merece vivir con dignidad, autonomía y libertad. Y que construir una sociedad más justa requiere defender activamente esos principios, especialmente cuando hoy vuelven a estar amenazados.