Vigilancia financiera y retroceso democrático: las sombras de la megarreforma legislativa
22.05.2026
Enviado por J. Carlos Lara, codirector ejecutivo de Derechos Digitales.
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Señor Director:
La reciente aprobación en la Sala de la Cámara del proyecto de “Reconstrucción Nacional” (Boletín 18216-05) en el Congreso enciende alarmas en materia de derechos humanos y seguridad digital. Desde Derechos Digitales alertamos sobre disposiciones con impactos regresivos en las garantías fundamentales. Bajo una retórica de eficiencia, la propuesta introduce mecanismos de control estatal que amenazan pilares democráticos esenciales, debilitando la privacidad de la ciudadanía.
El punto más crítico reside en modificar el Código Tributario, incorporando un nuevo inciso final al artículo 59 y un nuevo artículo 85 quáter. El primero permite al Servicio de Impuestos Internos (SII) realizar cruces de datos nominados de todos los órganos del Estado. Esta facultad se otorgaría sin restricciones de proporcionalidad ni justificación explícita vinculada a su función fiscalizadora, representando una expansión inédita del poder de vigilancia financiera sobre la población chilena. Se trata de una medida que vulnera el principio de finalidad, pilar de la protección de datos: información recolectada originalmente para fines sociales, de salud o administrativos, terminaría siendo utilizada para persecución tributaria. Además, la centralización masiva en una sola entidad aumenta la superficie de ataque frente a incidentes de ciberseguridad. Una base de datos de esta magnitud se convierte en objetivo crítico para actores malintencionados, y cualquier filtración tendría consecuencias devastadoras.
La preocupación se extiende al manejo del Registro Social de Hogares (RSH), herramienta que alcanza al 84% de la población y contiene información sensible sobre ingresos, composición familiar y discapacidad. El proyecto crea nuevos flujos de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos utilizando el RSH, y habilita al SII para compartir información tributaria con esa misma Dirección a fin de ‘validar ingresos’ de personas beneficiarias de programas sociales. Pero el RSH fue diseñado para garantizar el acceso a beneficios sociales, no para alimentar evaluaciones presupuestarias ni perfiles fiscales que terminen penalizando o persiguiendo a los sectores de la sociedad que ya están en situación de mayor vulnerabilidad.
Resulta contradictorio que estas reformas se impulsen mientras el país se prepara para la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en diciembre de este año. En vez de armonizar la normativa institucional con los estándares internacionales de privacidad que Chile busca alcanzar, el proyecto transita en la dirección opuesta, creando excepciones y canales de flujo de datos imposibles de revertir una vez implementados.
Hacemos un llamado urgente al Congreso para corregir estas deficiencias de diseño. Es imprescindible que el debate parlamentario retome la profundidad necesaria, escuchando a expertos y a la sociedad civil, para asegurar que las reformas legislativas no se traduzcan en una pérdida irreparable de garantías democráticas en el espacio digital. Este proyecto no solo traerá consecuencias duraderas sobre derechos fundamentales en Chile, sino que sentará un precedente preocupante para América Latina, región donde las tendencias regulatorias apuntan a la concentración de poder tecnológico.
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El artículo plantea una preocupación válida sobre la privacidad, pero cae en una omisión legal y técnica importante que termina desinformando sobre el alcance real de la reforma.
Primero, confunde la naturaleza de los datos. Cruzar registros que ya están en manos del Estado (como los bienes raíces del SII, los vehículos del Registro Civil o las rentas declaradas) para verificar la veracidad de lo que un ciudadano declara bajo juramento en el Registro Social de Hogares (RSH) no es 'pesca de arrastre' ni vigilancia ilegal; es interoperabilidad básica. La Contraloría ha emitido múltiples informes advirtiendo cómo miles de personas falsean sus datos para obtener subsidios que le corresponden a los más vulnerables. Controlar el gasto público con data real es un deber del Estado para garantizar la justicia distributiva.
Segundo, la columna omite por completo la existencia de que en la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales (que entra en vigencia total este año 2026). El SII no operará en el vacío ni de forma omnipresente; todo cruce masivo estará bajo la estricta fiscalización de la nueva Agencia de Protección de Datos, obligando al organismo público a respetar los principios de finalidad, proporcionalidad y seguridad de la información.
Las garantías para abrir el secreto bancario (datos en manos de privados) siguen requiriendo la connotación legal y judicial correspondiente. Presentar la interoperabilidad del aparato público como un 'retroceso democrático' en lugar de una herramienta de eficiencia contra el fraude es un sesgo que nubla un debate legislativo que debe ser técnico, no alarmista.
