Señor Director:

El 16 de abril de 2026, en sesión pública del Concejo Municipal de Las Condes, la alcaldesa doña Catalina San Martín Cavada respondió a la mención de una denuncia que interpuse ante la Contraloría General de la República — folio MTR E157550/25 — con la siguiente frase: “No puede salir gratis lo que se dijo en esa carta”.

Esa denuncia documenta, entre otras materias, que 650 estudiantes con necesidades educativas especiales de los colegios municipales de Las Condes carecen de las valoraciones diagnósticas que la ley les garantiza, con una pérdida anual estimada en más de $526 millones en subvenciones no utilizadas.

La alcaldesa no respondió sobre los niños. Respondió amenazando al denunciante.

Corresponde precisar que difundir irregularidades en organismos que administran recursos públicos es un derecho consagrado en el artículo 8° de la Constitución. Y que la Ley N° 20.205 protege expresamente a quienes denuncian exactamente este tipo de represalias.

La pregunta que dejo a los vecinos de Las Condes es simple: cuando la respuesta institucional a una denuncia es una amenaza pública, ¿qué precio tiene denunciar en esta comuna?

No maten al mensajero.