El autor de esta columna profundiza en el impacto que las medidas de ajuste fiscal producen en los ciudadanos, algo que ya ha sido investigado. Sostiene que «resguardar las arcas fiscales para mantener programas sociales podría resultar, paradójicamente, una apuesta más costosa que ahorrativa, si el precio a pagar es el deterioro sostenido de la salud y la productividad de los chilenos, y atiborrando aún más las listas de espera en salud que ya hoy son una emergencia nacional».

Imagen de portada: Sebastián Beltrán / Agencia Uno

Hace más de una década, un equipo de investigadores se propuso responder una pregunta aparentemente simple: ¿el rendimiento mental de una persona depende de quién es, o de cuánto dinero tiene en el bolsillo? Para averiguarlo, combinaron el rigor del laboratorio con la cruda realidad del campo. Primero, sometieron a personas corrientes a dilemas financieros hipotéticos y descubrieron algo inquietante: el simple estrés de imaginar un gasto imprevisto desplomaba el desempeño cognitivo de quienes tenían menos ingresos, en una magnitud equiparable a perder una noche entera de sueño o a una caída de trece puntos en el coeficiente intelectual. Luego, observaron a agricultores en la India antes y después de la cosecha: la misma persona era cognitivamente más lenta cuando estaba sin dinero, y notoriamente más ágil tras recibir su pago. La conclusión era inapelable: la escasez no es una elección ni un rasgo de carácter, sino un estado de asfixia mental que consume el ancho de banda necesario para salir adelante.

¿Qué tiene que ver esto con Chile hoy?

Hace pocas semanas, el gobierno anunció que era necesario “sincerar” los precios de los combustibles, aduciendo el conflicto en Medio Oriente. El ajuste fue brusco: en pocos días, los precios de la gasolina aumentaron en torno a un 30% y los del diésel cerca de un 60%, en línea con el shock internacional del petróleo. 

Desde entonces, el impacto ha comenzado a propagarse como una onda expansiva sobre los hogares chilenos. El encarecimiento del transporte se traducirá en mayores costos para bienes y servicios básicos, aumento del valor de la canasta básica, presiones inflacionarias adicionales y un entorno de menor crecimiento económico. Todo ello, por cierto, ha sido advertido por economistas y analistas. La justificación oficial fue tan previsible como categórica: “Apuntó a la necesidad de resguardar la sostenibilidad fiscal, señalando que mantener los subsidios a los combustibles resultaba insostenible en el contexto actual”. Y, probablemente, desde una perspectiva macroeconómica convencional, la medida difícilmente sería cuestionada en un manual introductorio de economía.

El problema es lo que ese manual no incluye en su ecuación.

Porque esa lógica, impecable en sus propios términos, está ignorando un daño colateral que no aparece en los modelos de proyección fiscal: el efecto devastador del estrés económico sobre la salud mental de la población y, en consecuencia, sobre su capacidad de tomar decisiones racionales. Permítanme desarrollar la idea.

Chile no parte de cero en esta materia. Nuestro país presenta niveles elevados de problemas de salud mental en comparación con otros países de la OCDE, con alta prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y estrés. Sabemos, además, que las presiones económicas actúan como aceleradores de ese deterioro. El estudio Termómetro de la Salud Mental en Chile (ACHS–UC) ha mostrado que, durante períodos de alta inflación —como el 14,1% registrado en 2022—, las dificultades económicas emergen como una de las principales fuentes de estrés y deterioro del bienestar. La evidencia epidemiológica, por su parte, indica que el estrés financiero crónico se asocia a un aumento significativo del riesgo de depresión y ansiedad, especialmente en grupos vulnerables. 

La economía, dicho sin eufemismos, no solo golpea el bolsillo. Golpea la salud.

A nivel global, existe evidencia consistente de que crisis económicas y restricciones en el gasto en salud se asocian con aumentos en la carga de enfermedad y en los años de vida saludable perdidos (AVISA). En Chile, ello dista de ser una abstracción estadística: en contextos de inflación alta y sostenida, la angustia por no llegar a fin de mes se asocia con aumentos sustantivos —en algunos estudios del orden del 20% al 30%— en el riesgo de trastornos depresivos y ansiosos, hipotecando silenciosamente años de vida productiva y bienestar en miles de familias.

Frente a esto, alguien podría objetar señalando que se trata de dimensiones distintas: las finanzas por un lado, la salud por otro. Sin embargo, esa separación es, en el mejor de los casos, ilusoria. Organismos internacionales como la OMS, la OCDE y el sistema de Naciones Unidas han comenzado a enfatizar el concepto de “capital cerebral”, entendiendo la salud mental, física y social como un activo central para la productividad, la innovación y el desarrollo de los países.

Me pregunto entonces si los economistas de turno han incorporado en sus modelos, por sofisticados que sean, esta variable. Porque resguardar las arcas fiscales para mantener programas sociales podría resultar, paradójicamente, una apuesta más costosa que ahorrativa, si el precio a pagar es el deterioro sostenido de la salud y la productividad de los chilenos, y atiborrando aún más las listas de espera en salud que ya hoy son una emergencia nacional.

Al final, como reza el refrán: sale más cara la vaina que el sable. El ahorro fiscal de hoy podría transformarse, sin que nadie lo haya calculado, en una acumulación silenciosa de años de vida saludable perdidos mañana y, en consecuencia, una factura mucho más cara de pagar.