El autor de esta columna comenta los “diagnósticos” que se han emitido públicamente respecto del autor del asesinato a una inspectora en un colegio de Calama. Dice que esto no se puede hacer y que el análisis público debe ser más riguroso. Sostiene que “La reciente Ley N.º 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas llega en un momento especialmente sensible. La norma fortalece los equipos de convivencia, actualiza reglamentos y empuja un enfoque preventivo y estructural. Pero conviene no engañarse: ninguna ley, por sí sola, restituye el tejido dañado de una comunidad educativa ni reemplaza el trabajo cotidiano de construcción de vínculo, autoridad legítima, detección temprana y cuidado institucional”.

La conmoción producida por el crimen ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama no admite eufemismos. Una funcionaria murió, otras personas resultaron heridas y una comunidad escolar quedó brutalmente quebrada. La reacción pública ha sido una mezcla de estupor, dolor y necesidad urgente de explicación. Pero justamente ahí aparece un riesgo: la prisa por explicar puede degradarse en una forma de tranquilización moral. Y pocas cosas tranquilizan más rápido que ponerle un rótulo psiquiátrico o psicológico a quien cometió el hecho.

Ese gesto, sin embargo, es intelectualmente pobre y públicamente peligroso. No porque la salud mental no importe, sino porque diagnosticar a distancia, a partir de publicaciones en redes sociales, frases sueltas o interpretaciones mediáticas, no es una explicación rigurosa. Es apenas una narrativa. Una que suele ofrecer la ilusión de que el problema estaba contenido en una sola persona, como si la violencia extrema fuese siempre un accidente individual y no también el punto de ruptura de una trama previa de señales, omisiones y fragilidades.

En esa línea, la postura del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile merece ser tomada en serio. El organismo colegiado ha recordado que los diagnósticos en salud mental pueden dar cuenta de sufrimiento psíquico y de dificultades en lo social y lo emocional, pero no permiten atribuir, de manera seria ni ética, una tendencia natural a la violencia. Ha subrayado, además, que hechos tan extremos no responden a una sola causa, sino a una combinación de múltiples variables, entre ellas factores individuales, contextuales e institucionales. Reducirlo todo a un rótulo diagnóstico no sólo empobrece el análisis: también refuerza el estigma y puede desalentar la búsqueda de ayuda.

No sorprende, por lo mismo, que varios colegas hayan insistido en lo improcedente de emitir “diagnósticos” por televisión o en medios de comunicación sin conocer el caso, ni haber evaluado directamente al sujeto. Esa advertencia no es corporativismo gremial, es una exigencia mínima de ética profesional y de responsabilidad pública. Un medio serio no debiera convertir la especulación psicopatológica en espectáculo, ni ayudar a desinformar, alarmar o estigmatizar bajo la apariencia de análisis experto.

Por eso, lo más responsable no es preguntarse primero “qué diagnóstico tenía”, sino qué condiciones permitieron que un hecho así se volviera imaginable. Habrá que esclarecer judicialmente las responsabilidades individuales, por supuesto. Pero el análisis público serio exige mirar además otras capas: señales previas o factores acumulativos; deterioro de la convivencia escolar; erosión del sentido de pertenencia; capacidad real de los establecimientos para detectar riesgos y responder a tiempo; y coordinación efectiva entre escuela, familia y redes institucionales. El Ministerio de Educación, de hecho, no reaccionó leyendo el caso como una mera anomalía psicológica, sino activando acompañamiento, contención emocional e investigación de oficio a través de la Superintendencia. Esa diferencia no es menor: define dos modos opuestos de encarar la violencia escolar, y conviene nombrarla.

Eso importa porque Chile no está discutiendo sobre un vacío. Las cifras muestran que la convivencia escolar dejó hace rato de ser una cuestión periférica. La Superintendencia de Educación informó que en 2025 más del 75% de las denuncias ciudadanas que recibió estuvieron ligadas a convivencia escolar, y datos complementarios apuntan a un aumento sostenido de agresiones de estudiantes contra docentes. No estamos, entonces, frente a una conversación ocasional gatillada por un caso excepcional, sino frente a un problema que viene acumulando evidencia y que el sistema ha procesado con demasiada lentitud.

La reciente Ley N.º 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas llega en un momento especialmente sensible. La norma fortalece los equipos de convivencia, actualiza reglamentos y empuja un enfoque preventivo y estructural. Pero conviene no engañarse: ninguna ley, por sí sola, restituye el tejido dañado de una comunidad educativa ni reemplaza el trabajo cotidiano de construcción de vínculo, autoridad legítima, detección temprana y cuidado institucional. Las normas son imprescindibles, pero no bastan cuando se ha naturalizado durante años que la convivencia es un anexo administrativo y no una condición básica del aprendizaje y de la seguridad. 

Una sociedad adulta no improvisa diagnósticos para sentirse tranquila, construye instituciones capaces de prevenir, contener y proteger. Para eso, los protocolos de detección temprana de riesgo en establecimientos educacionales no pueden seguir siendo documentos administrativos sin respaldo técnico especializado. La psicología jurídica y forense tiene herramientas para ese trabajo. La pregunta es si el sistema está dispuesto a convocarla antes del próximo caso, y no después.