El autor de esta columna, quien es excolono del enclave alemán, comenta la decisión del gobierno de retirar el decreto de expropiación sobre una parte de Colonia Dignidad. Recuerda que «los jerarcas de la colonia han dejado un centenar de chilenos asesinados, unas 500 víctimas de delitos sexuales, 120 inquilinos desplazados violentamente, 300 colonos alemanes esclavizados y mantuvieron en prisión política a unos 500 chilenos». Y sostiene que «la vía correcta es una ley de expropiación por interés nacional, en vez de la vía administrativa de decretos. Esta ley puede contemplar que los recursos no sean pagados íntegramente a las empresas de Villa Baviera, sino que a las víctimas, estableciendo así un mecanismo efectivo de reparación integral».

Imagen de portada: En julio del 2025 tres ministros firmaron el «decreto de expropiación» de la Colonia Dignidad (Sebastián Beltrán /Agencia Uno)

Dos siglos tiene de independencia Chile, y durante medio siglo ha tolerado en su territorio un “Estado dentro del Estado”, mientras combatía y “pacificaba” a la población originaria. Son estas contradicciones de la historia, producto de las miradas culturales del ser humano, las que engendran situaciones tan contradictorias. 

Paul Schäfer era casi analfabeto, camillero tuerto en el frente germano-francés durante la Segunda Guerra Mundial, después auxiliar de shows de ferias ambulantes, donde ayudaba a recoger las colectas de los transeúntes; prófugo de la justicia alemana, quien, sin embargo, fue recibido como gran jerarca alemán por el Estado de Chile. En su arribo a Chile se alojó en la casa del cuñado del presidente Alessandri, lugar desde el cual gestó la “Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad”, con el capital inicial que le habían confiado ciegamente un grupo de feligreses cristianos en Alemania. 

Lo que vino después es ampliamente conocido: primero, tres gobiernos democráticos; luego, una larga dictadura; y después, hasta el día de hoy, ocho gobiernos democráticos, y Colonia Dignidad sigue, sigue y sigue. 

Los jerarcas de la colonia han dejado un centenar de chilenos asesinados, unas 500 víctimas de delitos sexuales, 120 inquilinos desplazados violentamente, 300 colonos alemanes esclavizados y mantuvieron en prisión política a unos 500 chilenos.  

Es una secta religiosa con marcados visos políticos nacionalistas. Su dificultad para ser definida la vuelve especialmente inasible. No se sabe quién es quién: quién víctima, quién victimario, quién jerarca, quién un simple peón, quién autoridad religiosa. Esta extraña situación amorfa hace que sea muy difícil de abordarla. 

Sin embargo, ha habido ciertos hitos encaminados a resolver este quiste nacional y recuperar la soberanía chilena en este lugar. El primero fue la cancelación de la personalidad jurídica en el año 1990 por el entonces presidente Aylwin; luego, la detención de Schäfer en Argentina en 2005; después, la figura del interventor, gobernador ad hoc durante el gobierno de Ricardo Lagos. En el año 2013 fueron condenados los jerarcas de Colonia Dignidad por delitos sexuales. En el año 2016 fue condenada la cúpula de la colonia por el delito de asociación ilícita. Luego vino la declaratoria de 117 hectáreas como zona protegida por la Ley de Monumentos Nacionales en 2016. En la elaboración de dicho decreto participó, entre otros, el entonces diputado Gabriel Boric, quien conocía la temática en profundidad. 

Es por ello que, en el año 2024, en su cuenta anual ante el Congreso Pleno de Chile, anunció la expropiación de la colonia. El anuncio fue recibido con un aplauso cerrado de todas las bancadas políticas; algunos se levantaron, y el aplauso fue largo, más largo de lo habitual. Sin embargo, lo que nadie pensaba era que desde ese mismo día transcurriría un año, hasta junio de 2025, sin que nadie moviera una hoja en ningún ministerio para materializar el anuncio presidencial. 

Nos causó extrañeza que, en la cuenta anual de 2025, se volviera a “anunciar” el tema. Sin embargo, desde ese momento, los ministerios de Justicia, Bienes Nacionales y Vivienda y Urbanismo parecen haber entendido que quedaban para tal efecto solo nueve meses. 

Los tres ministros encargados de la expropiación firmaron ante la prensa una resolución que muchos interpretaron como el “decreto de expropiación”, cuando en realidad se trataba solo de un plan de trabajo conjunto entre ministerios para iniciar el largo proceso. Ese mismo día, el presidente Boric publicó en su cuenta X, en mayúsculas: “CUMPLIMOS”. 

Se celebraron reuniones bilaterales, una con el presidente de Alemania y otra con el canciller alemán, con el objetivo de establecer el compromiso internacional de crear un sitio de memoria en el epicentro de este lugar horroroso. 

Durante los últimos nueve meses del gobierno del presidente Boric hubo una actividad muy reservada en el Serviu del Maule para ejecutar el plan. El Serviu del Maule comenzó recién con la tasación de los inmuebles seis meses después, en diciembre de 2025. Los tasadores evacuaron su informe en enero de 2026. A estas alturas, ya sabíamos que no se cumpliría antes del 11 de marzo de 2026. Triste, pero cierto. 

Todo en estos meses fueron “versiones”, rumores de pasillo, lobistas contratados por Colonia Dignidad, y numerosos reportajes de medios nacionales sobre las “víctimas” de la colonia, muchos protagonizados por personas que hoy administran, sin escrúpulos, un patrimonio creado por mano esclava y viven de esto, mientras las otras víctimas reclaman medio siglo de sueldos e imposiciones. Administradores que, en su infancia, fueron efectivamente víctimas y quienes, sin embargo, hoy, insólitamente, perpetúan la existencia de la secta en el lugar. 

En reportajes se veía a las mismas personas que, en tiempos de Schäfer, pregonaban vivir libremente en el lugar y negaban todo, para luego declararse ahora nuevamente “amenazados en su tan preciada libertad”. 

También se muestra el turismo, en el cual hábilmente se han contratado antiguas víctimas, quienes, por un humilde sueldo y una vivienda que no les pertenece, trabajan en la atención de público con la tarea tácita de neutralizar cualquier cuestionamiento. La inmoralidad y perversión de esta maquinación es evidente. Son víctimas que, con la ayuda del Estado alemán, deberían revincularse con sus familias en Alemania, donde los esperan sus parientes hace décadas y donde podrían vivir los años que les quedan con dignidad. 

Luego vino lo peor: la vil política. Políticos de la zona, quienes repentinamente descubren a las “víctimas” de la colonia, sostenían que la expropiación “revictimizaría” a los colonos. Se exageraron cifras de trabajadores que supuestamente quedarían cesantes. Colonos que, según se decía, quedarían sin fuente de trabajo. Un rosario de declaraciones públicas, más o menos desafortunadas, cada una más torcida que la otra o directamente falsas. 

Se reduce así el drama de Colonia Dignidad a un tema económico y laboral, sin atender este grave caso en su real magnitud. Y es esto lo que hace también el gobierno de Kast. Todo se reduce a la economía. Para reforzar ese enfoque, se ha instalado la cifra de $47.000 millones como costo de expropiar solo 66 hectáreas. 66 hectáreas cuyo valor ya está disminuido por tratarse de una zona declarada monumento histórico. Es el mismo terreno donde, en 2018, expertos de Alemania estimaban la hectárea en siete millones de pesos promedio, y que ahora aparece valorada en casi más de 700 millones. La conclusión obvia para la opinión pública: la expropiación sería impagable. 

Sea como sea cómo se haya llegado a tal suma, lo cierto es que el sentido común indica que no debe pagarse en esos términos. Es este choque con el sentido común lo que el gobierno de Kast aprovecha para abortar el proyecto. 

Las víctimas han sido revictimizadas incluso en la forma de proceder. Se enteraron, por un video de TikTok del anuncio del ministro Poduje de que el proyecto no seguiría. En ese video reciben el mismo tratamiento que una ciclovía de la Alameda: ninguna reunión, ningún espacio de diálogo, ninguna búsqueda de soluciones consensuadas. Solo un ministro que, con una puesta en escena personalista, carente de empatía, comunica decisiones inconsultas, como si no existiera autoridad por sobre él. 

Fue uno más de estos videos de TikTok que acompañan al ministro en estos días, como en un reality de campaña electoral en el cual abundan cancelaciones de proyectos sociales y todavía no hay ninguna firma de nuevos proyectos habitacionales. Mucha deconstrucción y aún ninguna construcción, y menos aún reconstrucción. 

A su turno, el Ministerio de Justicia, más reflexivo y cauteloso, tampoco ha logrado abordar el tema. Hay compromisos internacionales, memorándums suscritos y protocolos elaborados con la sociedad civil. Se nota que los derechos humanos le son una materia ajena: un lenguaje que no comprenden y que miran con sospecha. 

Y así volvemos a la ley del eterno retorno de Colonia Dignidad, que se ha mantenido como un quiste en Chile y que, durante décadas, subvirtió la soberanía nacional. 

Colonia Dignidad es como un pulpo con múltiples cabezas y tentáculos: inasible, capaz de reinventarse y adaptarse permanentemente, mientras Chile observa, impávido e impotente. Los hechos, su estructura y dinámica no caben dentro de lo que prevé el estado de derecho chileno. Falta dedicación, conocimiento, voluntad y determinación para resolver esto de una vez por todas y abordarlo como una política de estado, y no como una política de gobierno, como ocurre actualmente bajo la administración de José Antonio Kast. 

La vía correcta es una ley de expropiación por interés nacional, en vez de la vía administrativa de decretos. Esta ley puede contemplar que los recursos no sean pagados íntegramente a las empresas de Villa Baviera, sino que a las víctimas, estableciendo así un mecanismo efectivo de reparación integral.