Los autores de esta columnba repasan las acciones del nuevo gobierno en sus tres semanas desde que asumió, en lo que respecta a los llamados «temas valóricos». Sostienen que «aunque llevamos solo semanas de esta actual administración, ya hay señales que nos permiten intuir y anticipar cómo se viene la mano en estas materias.  Si hay que acabar con todos los ismos (feminismo incluido) como señaló Kast durante febrero en Europa, es altamente probable, que el avance en estos temas se deje en suspenso o se ejerzan acciones para acabar con estos avances.  Por tanto, podríamos decir, sin equivocarnos, que ha comenzado una nueva etapa de la batalla cultural en nuestro país».

Imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

En el 2025, durante toda la campaña presidencial, los temas —mal llamados— “valóricos” quedaron suspendidos del debate público. No serían considerados urgentes para la población; la preocupación y el debate se centraron, más bien, en el clima de inseguridad, la falta de crecimiento económico y la inmigración irregular.

De hecho, el candidato, hoy Presidente Kast, señaló en reiteradas ocasiones que no tenía mucho sentido referirse a ciertos temas, “los llamados valóricos”, pues la opinión pública ya conocía su postura. Esta posición contrastaba con toda la agenda previa desplegada mientras fue presidente de la red conservadora Political Network for Values, desde su llegada en el 2022, hasta su partida para postularse a la presidencia de Chile.

En materia de emergencia, algunas medidas ya han sido anunciadas de manera acelerada, generando también reacciones igualmente rápidas. Entre ellas, la construcción de una zanja en nuestras fronteras, cuyo avance dependerá no solo de las condiciones geográficas, sino —suponemos ahora— de recursos más limitados. En la agenda de seguridad primero se anunció una reducción en el presupuesto de Carabineros y las policías, algo inesperado, aunque luego el Gobierno echó pie atrás; y, por cierto, aún se desconoce cómo se abordará la salida o expulsión de las personas en situación migratoria irregular. En cuanto a las medidas para el crecimiento, más allá de las rebajas tributarias, estas parecen ser, como señala la prensa, una “noticia en desarrollo”.

Sin embargo, aquel debate público deliberadamente silenciado durante la campaña ha cobrado rápida vida. Un ejemplo claro es el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos (2025-2029), política pública establecida por la Ley 20.885, que coordina acciones estatales para respetar, promover y proteger los derechos humanos, con metas medibles y participación ciudadana. Este plan propicia, desde una lógica de igualdad y no discriminación, la atención a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, así como el desarrollo sustentable, la justicia, la memoria y la educación. Nuevamente, cabe suponer que, bajo una lógica de auditoría, su retiro busca revisar los compromisos asumidos por los ministerios y determinar qué acciones serán ejecutadas.

En otras palabras, bajo la narrativa de la “emergencia” se produce un cierto estado de suspensión: la urgencia parece adquirir valor en sí misma, paralizando acciones previamente comprometidas por el Estado. Un Plan de Derechos Humanos contempla, además, medidas específicas en materia de igualdad de género, considerando que la discriminación se acentúa por diversas condiciones sociales y estructurales, entre ellas la orientación sexual y la identidad de género. El retiro de este plan no es cosa menor; mal que mal, Kast y Political Network for Values han cuestionado la definición actual que la ONU tiene de derechos humanos, señalando que los derechos sociales o aquellos de las personas LGBTQ+ son falsos derechos.

El actual eslogan de la administración —“estamos trabajando para Ud.”— supone que ese “usted” alude a todas las personas que habitan el territorio, bajo criterios de igual respeto. Es aquí donde lo “valórico” cobra fuerza: aquellos temas sensibles vinculados a la cultura y a los valores adquieren centralidad en la medida en que definen qué entra y qué queda fuera de la agenda pública y las políticas públicas.

Resultó particularmente llamativa la intervención de la representante de Chile en la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que el país decidió no adherir al documento presentado por el Core Group LGBTIQ+, orientado a promover la protección de los derechos de las diversidades sexuales en la región. Desde su creación, Chile había adherido a los principios de igualdad y no discriminación. En su intervención, la representante con una voz casi compungida, señaló que, si bien el país registra avances legislativos en relación con las comunidades LGBTIQ+, buscaría promover un lenguaje que favorezca el diálogo y los consensos regionales, afirmando que “para Chile es importante que el diálogo regional en estos temas se desarrolle sobre la base de un lenguaje que contribuya a generar consensos y refleje el espíritu constructivo que caracteriza el trabajo de esta organización”. La pregunta es si el problema es realmente el lenguaje, o aquello que este representa, la palabra género.

El género, la igualdad de género y la perspectiva de género han suscitado, desde hace décadas, intensos debates teóricos, sociales y políticos. Estos han llevado, por ejemplo, a cuestionar en la última discusión de la ley de presupuesto, la existencia de presupuestos con enfoque de género que incluyen partidas destinadas a programas de protección para mujeres que sufren violencia, o iniciativas orientadas a apoyar emprendimientos femeninos. ¿Estarán estas políticas en tela de juicio?, ¿Habrá reducciones presupuestarias para prestaciones dirigidas a personas en proceso de transición de género? La controversia ya se instaló hace algunos meses, cuando la Contraloría exigió a los servicios de salud información detallada sobre adolescentes usuarios del Programa Crece con Orgullo, creado en el marco de la Ley N.º 21.120, que reconoce y protege el derecho a la identidad de género.

La denominada “batalla cultural” en torno al género ha estado presente durante décadas en el país, con distintas intensidades y formas. Cabe recordar que, hace algunos años, dos universidades públicas recibieron oficios de legisladores —hoy parte de la coalición gobernante— solicitando información sobre programas, cursos y docentes vinculados a contenidos de feminismo y perspectiva de género, calificados por ellos como “adoctrinamiento de la ideología de género”. Este tipo de acciones resuena con políticas impulsadas por la actual administración del Presidente Trump, bajo el lema Defending Women From Gender Ideology Extremism And Restoring Biological Truth To The Federal Government. En este contexto, la posición de Chile en el Core Group LGBTIQ+ de la OEA se inscribe en un continuo que comparten diversos gobiernos tales como el argentino o el húngaro —muchos de ellos autoritarios— respecto del género y la igualdad de género.

Por tanto, persiste la incertidumbre sobre cómo el Ministerio de la Mujer abordará las políticas de avance en igualdad de género desde una perspectiva transversal. Asimismo, surgen interrogantes respecto del futuro del proyecto de ley sobre sala cuna, pieza clave en una política pública de cuidados: su costo no puede recaer exclusivamente en las mujeres —mediante la conciliación entre trabajo y familia—, sino que debe constituir una responsabilidad social compartida.

También, cabe preguntarse cómo incidirá el énfasis sobre la seguridad en el relato de esta cartera. La inseguridad que enfrentan las mujeres no comienza en el espacio público, sino que se manifiesta desde la primera infancia en el ámbito privado. ¿Habrá pronunciamientos al respecto?, ¿Cuál será el impacto de las restricciones presupuestarias? Las políticas de atención a mujeres que sufren violencia —históricamente externalizadas a centros vinculados a programas municipales— podrían verse afectadas por recortes, profundizando la precarización laboral de sus profesionales, quienes ya enfrentan altas exigencias por la naturaleza de su trabajo. Ellos y ellas lidian a diario con distintas formas de violencia: la violencia de género, que constituye una verdadera epidemia.

Finalmente, es una gran interrogante el rol que desempeñará esta cartera para garantizar que las mujeres que enfrenten un embarazo producto de una violación, accedan a todas las opciones que la ley contempla, incluido el aborto en estas circunstancias. La iluminación del Palacio de La Moneda en tonos celeste el pasado 26 de marzo, con motivo del Día del Niño que está por Nacer, constituye una señal explícita.

Es conocida la postura pública tanto de la Ministra de la Mujer, como del Presidente en relación con el aborto. La cuestión de fondo es cómo la actual administración garantizará el acceso efectivo a las prestaciones establecidas por la ley y, más allá de sus legítimas posiciones valóricas, asegurará condiciones dignas para diversas comunidades, incluidas las personas transgénero en sus procesos de transición y de las mujeres que deciden no continuar un embarazo dentro del marco legal vigente.

Finalmente, aunque llevamos solo semanas de esta actual administración, ya hay señales que nos permiten intuir y anticipar cómo se viene la mano en estas materias.  Si hay que acabar con todos los ismos (feminismo incluido) como señaló Kast durante febrero en Europa, es altamente probable, que el avance en estos temas se deje en suspenso o se ejerzan acciones para acabar con estos avances.  Por tanto, podríamos decir, sin equivocarnos, que ha comenzado una nueva etapa de la batalla cultural en nuestro país.