El autor de esta columna analiza el anuncio del Ministerio de Seguridad de un recorte de más de $72.000 millones en su presupuesto, y los ítemes que se verán afectados. Dice que es necesario aclarar a la ciudadanía por qué estos recortes no afectarán el desempeño de las policías en la lucha contra el crimen. Sostiene que “el actual gobierno instaló, desde la campaña, la seguridad como eje central. La presentó como urgencia nacional, como quiebre respecto del pasado y como razón para reordenar las prioridades del Estado. Pero, al momento de ajustar el gasto, esa urgencia fue tratada como un ítem más. Se instala un relato de crisis para gobernar, pero al asignar recursos se actúa como si esa crisis no exigiera un trato distinto”.

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

El gobierno del Presidente Kast llegó a La Moneda prometiendo un “gobierno de emergencia”. En ese discurso, el corazón de su oferta política eran los ejes de seguridad, control migratorio y orden económico. En esa narrativa, la seguridad aparecía como la principal fuente de legitimidad del nuevo gobierno y su primera obligación. Por eso, el recorte de $72.669 millones proyectado para el Ministerio de Seguridad los deja expuestos a una contradicción de fondo.

El recorte, justificado en el contexto de un ajuste general del 3% aplicado a todos los ministerios, es difícil de sostener cuando el propio gobierno afirma que el país enfrenta una crisis excepcional en materia de seguridad. Resulta difícil explicar por qué un ministerio prioritario se trata presupuestariamente de igual manera que el resto. Bajo esas condiciones, deja de ser prioridad.

Más allá del monto, es importante mirar qué se recorta. La propuesta presentada por el Ministerio de Seguridad ante la Comisión de Seguridad de la Cámara va directo a fibras críticas de las instituciones vinculadas a la seguridad pública. Por ejemplo, en Carabineros incluye $11.000 millones menos en personal y $4.700 millones menos en operación y servicios. El propio subsecretario Jouannet señaló que eso impactará el mantenimiento y la reparación de cuarteles y vehículos. A ello se suman $33.000 millones menos en el Plan Contra el Crimen Organizado destinado a la institución, más rebajas en inversión y en el Hospital de Carabineros. La Policía de Investigaciones tampoco queda al margen: la caída ronda los $16.000 millones, con $13.266 millones menos en personal, menos recursos para reajustes y una baja adicional en inversión. Todo esto, mientras la propia autoridad reconoce en la PDI un “déficit operacional histórico en materia de dotación”.

Ahora bien, el recorte no se agota en las policías. La propuesta contempla $10.000 millones menos en seguimiento de causas judiciales; $583 millones menos en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado; $1.787 millones menos en Calles sin Violencia; $3.526 millones menos en Somos Barrio Prioritario; y una reducción de $143 millones en la Agencia Nacional de Ciberseguridad. De lo anterior se desprende que el recorte afectará también la persecución penal, la prevención territorial y las capacidades tecnológicas del Estado.

No se puede desatender el contexto en el que ocurre el recorte en seguridad, especialmente cuando las políticas venían fortaleciendo las capacidades del sistema en su conjunto —policías, Ministerio Público y otros programas— y, aunque con modestia, mejorando algunos indicadores en materia de homicidios, una de las principales preocupaciones de los últimos años.

Por una parte, hace apenas unos meses, la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Seguridad destacaba el aumento de 15,3% del presupuesto en orden y seguridad pública entre 2022 y 2025. El mismo balance oficial exhibía como logros la reposición anual de 1.054 vehículos para Carabineros hasta completar 4.217 al año 2026, la entrega de 438 vehículos a la PDI, la proyección de 122 adicionales para 2025 y un Plan de Infraestructura Policial 2026 con 67 proyectos para Carabineros y 25 para la PDI, por más de $302 mil millones. Como se ve, se trata de aspectos básicos para mejorar la capacidad de nuestras policías: vehículos, cuarteles, equipamiento y tecnología.

Por otro lado, el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios 2025 registró 1.091 víctimas, 118 menos que el año anterior, y una caída de 11,5% en la tasa, que pasó de 6,1 a 5,4 por cada 100 mil habitantes. Si se toma como referencia el peak de 2022, la reducción acumulada alcanza 20,6%. Es la primera vez en años que la violencia letal muestra una tendencia sostenida a la baja, con disminuciones en 12 de las 16 regiones del país. No corresponde convertir esas cifras en triunfalismo, pero es evidente que estos resultados no aparecieron de la nada. Son consecuencia de políticas que, no exentas de problemas, combinaron cambios legales, aumento de recursos y coordinación institucional. Se puede discutir su eficacia en distintos niveles, pero es difícil negar que hubo una expansión relevante de capacidades. Chile sigue enfrentando problemas graves de crimen organizado, homicidios y otras formas de criminalidad. Pero justamente por eso, cuando una política muestra algún signo de estabilización, el estándar para recortar recursos operativos debiera ser más alto.

Si bien es apresurado sostener que el recorte en seguridad se traducirá mañana en más homicidios o menos patrullaje, tampoco es serio pedir fe ciega. Si se reducen recursos en personal, mantención, vehículos, inversión y programas territoriales, corresponde explicar con precisión qué funciones se preservan, cuáles se postergan y por qué el gobierno cree que la capacidad operativa del sistema no sufrirá un deterioro relevante. Hasta ahora, esa explicación no ha aparecido con la claridad necesaria. Aquí está el punto incómodo de la discusión: el recorte ocurre sobre una estructura que venía siendo fortalecida y que empezaba a mostrar algunos resultados. En seguridad, las capacidades institucionales no se construyen de la noche a la mañana y, aunque tampoco se deterioran de inmediato, sí pueden debilitarse cuando se recortan de manera simultánea recursos en personal, logística, infraestructura y programas estratégicos.

Aquí queda en evidencia el problema de coherencia. El actual gobierno instaló, desde la campaña, la seguridad como eje central. La presentó como urgencia nacional, como quiebre respecto del pasado y como razón para reordenar las prioridades del Estado. Pero, al momento de ajustar el gasto, esa urgencia fue tratada como un ítem más. Se instala un relato de crisis para gobernar, pero al asignar recursos se actúa como si esa crisis no exigiera un trato distinto.

Ahí está la inconsistencia. No es serio hablar de crisis y recortar donde esa crisis se juega. Recortar la seguridad, el corazón del relato con que se llegó al poder, es también una muestra de sinceridad: deja ver cuál es la verdadera prioridad del gobierno.