Los autores de esta columna analizan el retiro que hizo el Ejecutivo de 43 decretos ambientales que estaban en la Contraloría para su toma de razón. Sostienen que «instalar la idea de que cada cambio de gobierno puede retirar, sin una motivación precisa, aquello que no se ajusta del todo a su enfoque debilita la continuidad institucional del Estado. En materia ambiental, donde los procedimientos son largos, complejos y participativos, ese daño es mayor. Claro que puede haber decretos que requieran correcciones, ajustes o incluso retiro, pero eso debe justificarse, distinguiendo entre instrumentos de distinta naturaleza, urgencia y estado de tramitación. De lo contrario, más que una decisión técnica, lo que se proyecta es una lógica de sospecha general sobre la regulación ambiental, y eso tiene más de ideología que de técnica».

Imagen de portada: pingüino de Humboldt (Raúl Lorca/ Agencia Uno).

Que fueron decretos ingresados a último minuto, que se trata de una práctica habitual, que forma parte de la auditoría interna y de la revisión de estándares técnico-normativos. Esas fueron las principales razones entregadas por el Ejecutivo para justificar el retiro sorpresivo de 43 decretos del Ministerio del Medio Ambiente que se encontraban a la espera del último trámite en Contraloría. Sin embargo, la mayoría no fue ingresada a último minuto y algunos llevaban más de un año esperando terminar su ya larga tramitación. Posteriormente se sumaron nuevas explicaciones, entre ellas, la necesidad de no afectar la inversión a costa de la protección ambiental.

La decisión y el lenguaje preocupan. Desconciertan.

¿Debemos presumir que todo instrumento ambiental pendiente ante la Contraloría contiene errores, adolece de ilegalidad o debe ser revisado por defecto? ¿O estamos, más bien, instalando la idea de que lo ambiental es sospechoso en sí mismo, porque podría afectar la economía, el crecimiento o la “estabilización” del país?

La decisión del Ministerio del Medio Ambiente puede, en abstracto, presentarse como una medida de revisión administrativa. Esa es, en lo sustancial, la explicación entregada por la propia cartera y por el Presidente de la República. Sin embargo, no basta. No explica por qué corrieron la misma suerte decretos recién ingresados y otros que llevaban largo tiempo en tramitación. Tampoco explica por qué se optó por retirar todo lo pendiente, sin distinguir entre instrumentos de naturaleza, urgencia e impacto completamente distintos.

Y este es un punto central. No todos los decretos retirados son iguales.

Entre ellos hay planes de descontaminación, normas de calidad y de emisión, medidas de adaptación climática y protección de especies. Ahí están, por ejemplo, el plan de descontaminación para Puerto Aysén, las normas de la cuenca del río Huasco, la norma para centrales termoeléctricas, la de plomo, el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Biodiversidad y la declaración de monumento natural del Pingüino de Humboldt. No son equivalentes, pero ninguno es improvisado: todos responden a problemas concretos y son el resultado de procedimientos largos, técnicamente fundados, con recursos públicos y participación de múltiples actores. Por eso, su retiro indiferenciado no sólo desconcierta, sino que también arriesga reinstalar la idea equivocada de que lo ambiental debe mirarse, ante todo, como una carga sospechosa para la inversión o el crecimiento del país.

Según el último Global Risks Report (2026) del Foro Económico Mundial, cerca de tres cuartas partes de los expertos consultados describen la perspectiva ambiental a diez años como “turbulenta” o “tormentosa”, el diagnóstico más pesimista entre todas las categorías de riesgo. Los eventos climáticos extremos figuran como el principal riesgo global a largo plazo; la pérdida de biodiversidad ocupa el segundo lugar y la escasez de recursos naturales, el sexto. Los costos asociados a estos problemas son enormes. Y allí radica precisamente la importancia de la política ambiental, que busca hacerse cargo, con evidencia y mediante instrumentos concretos, de problemas que ya afectan al país entero.

Las soluciones de mitigación, adaptación, resiliencia, descontaminación y protección de la biodiversidad toman años en diseñarse. No meses. No días. Ningún gobierno las saca bajo el brazo. Y es precisamente eso lo que hace tan difícil comprender una decisión como esta. Retirar en bloque instrumentos ambientales cuya tramitación tomó años añade incertidumbre a comunidades que llevan tiempo esperando respuestas, suma costos evitables y retrasa medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

También preocupa la ausencia de un plazo definido para la auditoría anunciada respecto de los decretos retirados. No se conoce con claridad la metodología, el tiempo que tomará el proceso ni cuándo, o si efectivamente, serán reingresados todos ellos al trámite de toma de razón. Las declaraciones públicas, más bien, abren la posibilidad de que algunos simplemente no vuelvan.

Finalmente, instalar la idea de que cada cambio de gobierno puede retirar, sin una motivación precisa, aquello que no se ajusta del todo a su enfoque debilita la continuidad institucional del Estado. En materia ambiental, donde los procedimientos son largos, complejos y participativos, ese daño es mayor. Claro que puede haber decretos que requieran correcciones, ajustes o incluso retiro, pero eso debe justificarse, distinguiendo entre instrumentos de distinta naturaleza, urgencia y estado de tramitación. De lo contrario, más que una decisión técnica, lo que se proyecta es una lógica de sospecha general sobre la regulación ambiental, y eso tiene más de ideología que de técnica.