En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer las autoras de esta columna analiza la relación entre relativismo cultural, religión y derechos humanos, y sostiene que “el feminismo del siglo XXI enfrenta, por tanto, un desafío complejo, sostener una defensa firme de los derechos universales sin caer en simplificaciones culturales ni en silencios cómplices, por tanto, la solidaridad internacional y sororidad con las mujeres que luchan contra regímenes patriarcales no puede ser selectiva ni condicionada por agendas partidistas”.

Cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las discusiones sobre los derechos de las mujeres vuelven a situarse en el centro del debate público. El 8 de marzo es una conmemoración política que recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, la dignidad y la libertad. En este contexto, uno de los debates más complejos que enfrentan hoy los feminismos tiene que ver con la relación entre relativismo cultural, religión y derechos humanos. En particular, surge una pregunta urgente: ¿cómo posicionarse frente a prácticas que, en nombre de la tradición o del credo religioso, reproducen formas de subordinación y violencia contra las mujeres?

El feminismo, en su dimensión ética y política tiene un imperativo, no puede relativizar prácticas que constituyen vulneraciones evidentes a los derechos humanos de niñas y mujeres. El matrimonio infantil, por ejemplo, no puede ser interpretado como una expresión cultural legítima cuando implica la unión forzada de niñas de 9, 8 o incluso 6 años con hombres adultos. En términos jurídicos y éticos, se trata de violencia sexual institucionalizada y de una forma de explotación que priva a las niñas de su infancia, su educación y su autonomía. La evidencia internacional muestra que estos matrimonios suelen estar asociados a transacciones económicas entre familias, lo que transforma a las niñas en objetos de intercambio dentro de estructuras patriarcales profundamente arraigadas.

El problema no es la fe religiosa en sí misma, puesto que las religiones, en sus múltiples expresiones, forman parte de la diversidad cultural de la humanidad y constituyen para millones de personas una fuente de sentido, comunidad y espiritualidad. Sin embargo, ninguna tradición religiosa puede situarse por encima del principio fundamental de la dignidad humana. Cuando la práctica religiosa se traduce en restricciones sistemáticas a la libertad de las mujeres, prohibición de estudiar, limitación de la movilidad, imposición de vestimentas bajo coerción o castigos extremos por desobediencia, lo que está en juego deja de ser una discusión cultural y pasa a ser un problema de derechos humanos.

El caso de las mujeres en Afganistán constituye hoy uno de los ejemplos más dramáticos de esta situación. Tras el retorno al poder del régimen talibán, miles de mujeres han sido expulsadas del sistema educativo y se les ha prohibido asistir a la universidad. Esta exclusión implica negar el acceso al conocimiento, además de restringir su posibilidad de participar en la vida pública, económica y política. Las mujeres son confinadas a espacios domésticos bajo un sistema de control que institucionaliza su subordinación.

Al mismo tiempo, la imposición obligatoria del velo en ciertos contextos requiere un análisis complejo. Para algunas mujeres puede constituir una elección identitaria o religiosa legítima, sin embargo, cuando su uso es impuesto por coerción estatal o religiosa, y cuando la desobediencia puede ser castigada con prisión, violencia o incluso la muerte, el velo deja de ser un símbolo cultural para convertirse en un instrumento de control sobre el cuerpo femenino, en estos casos, la discusión no es estética ni identitaria, es una cuestión de libertad.

Las protestas de mujeres en distintos países de mayoría musulmana han demostrado que la resistencia existe. Mujeres que se quitan el velo en público, que denuncian la violencia patriarcal o que reclaman el derecho a estudiar y trabajar enfrentan sanciones brutales, muchas han sido encarceladas, perseguidas o asesinadas por desafiar el orden impuesto. Su lucha recuerda que los feminismos no son una importación occidental, como a veces se afirma, sino una expresión universal de la aspiración humana a la libertad.

RELATIVISMO CULTURAL

En este escenario, surge otra tensión dentro de los propios movimientos feministas, la tentación del relativismo cultural. En algunos sectores progresistas existe un temor a criticar prácticas asociadas a tradiciones religiosas o culturales por miedo a ser acusados de colonialismo cultural o islamofobia. Sin embargo, el silencio frente a la violencia también es una forma de complicidad. Defender los derechos de las mujeres no puede depender de la geografía, de la religión o del contexto cultural en el que esa violencia ocurre.

Los derechos humanos, por definición, son universales. Esto significa que ninguna niña, en ningún lugar del mundo, debería ser obligada a casarse; que ninguna mujer debería ser castigada por decidir cómo vestirse; que ninguna estudiante debería ser expulsada de la universidad por su género. Cuando estas vulneraciones ocurren, no estamos frente a un debate cultural, sino ante estructuras de poder que reproducen dominación patriarcal.

La historia muestra que todas las sociedades han enfrentado formas extremas de control sobre las mujeres. En Europa, durante siglos, la inquisición persiguió y ejecutó a miles de mujeres acusadas de brujería. Aquellos procesos fueron mecanismos de disciplinamiento social que castigaban a mujeres que desafiaban el orden establecido. Hoy sabemos que aquellas prácticas fueron expresiones de misoginia institucionalizada, legitimadas por discursos religiosos y jurídicos de su tiempo, lo que entonces parecía natural o inevitable hoy es reconocido como una barbarie histórica.

Este recordatorio es importante porque demuestra que las tradiciones pueden cambiar, ninguna práctica opresiva es eterna, puesto que los sistemas que subordinan a las mujeres pueden sostenerse durante siglos, pero también pueden ser desafiados y transformados por la acción colectiva, la educación y la presión política.

Por esta razón, la comunidad internacional tiene una responsabilidad ética ineludible. Organismos multilaterales, tribunales internacionales y sistemas de protección de derechos humanos deben fortalecer los mecanismos para denunciar, investigar y sancionar prácticas que constituyen violaciones graves contra niñas y mujeres. El matrimonio infantil forzado, la prohibición sistemática de educación para mujeres y las formas institucionalizadas de violencia de género deben ser tratados como lo que son, vulneraciones estructurales de derechos humanos que pueden alcanzar la categoría de crímenes contra la humanidad cuando se aplican de forma sistemática.

Pero también es necesario reconocer los límites de la intervención externa, los cambios culturales significativos no pueden imponerse únicamente desde fuera. La transformación más duradera proviene de las propias mujeres que, dentro de sus sociedades, desafían las normas patriarcales y abren grietas en sistemas aparentemente inamovibles. Las estudiantes que protestan por su derecho a la educación, las activistas que denuncian la violencia religiosa y las mujeres que se organizan clandestinamente para enseñar a niñas están protagonizando luchas que reconfiguran lentamente las estructuras de poder.

El feminismo del siglo XXI enfrenta, por tanto, un desafío complejo, sostener una defensa firme de los derechos universales sin caer en simplificaciones culturales ni en silencios cómplices, por tanto, la solidaridad internacional y sororidad con las mujeres que luchan contra regímenes patriarcales no puede ser selectiva ni condicionada por agendas partidistas.

El 8 de marzo nos recuerda precisamente que la lucha por la libertad de las mujeres no es una causa localizada ni un debate abstracto, es una disputa concreta contra estructuras de poder que buscan controlar el cuerpo, la voz y el destino de la mitad de la humanidad.

Y en esa disputa, la dignidad no puede negociarse, puesto que ninguna tradición, ningún credo y ninguna costumbre puede justificar la violencia, la subordinación o la explotación de niñas y mujeres. La historia demuestra que cuando las mujeres alzan la voz, incluso frente a las murallas más rígidas del poder religioso o político, las estructuras que parecían eternas comienzan a resquebrajarse.

La libertad de las mujeres no es un privilegio cultural, es un derecho humano fundamental y su defensa, en cualquier lugar del mundo, es una responsabilidad ética y política de nuestro tiempo.