Más allá del capo: el reto estructural de México frente al narco

La autora de esta columna revisa la forma en la que ha combatido México a los cárteles de la droga, a propósito e la reciente muerte de «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y sostiene que «América Latina mira este proceso con atención. Si México logra combinar firmeza operativa con depuración institucional y cooperación internacional integral, puede sentar un precedente regional. Si no, el riesgo es que el fenómeno de fragmentación y captura territorial se expanda aún más por el continente. El desafío es histórico. Y su desenlace no solo definirá el legado de un sexenio, sino la viabilidad de la gobernabilidad democrática frente al poder corrosivo del crimen organizado».

México se ha convertido, desde hace al menos dos décadas, en el epicentro de algunos de los cárteles de narcotráfico más poderosos y violentos del mundo. Dos nombres sintetizan esa realidad: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos han acaparado un mercado que abarca 316 millones de personas que consumen drogas, según estima el Informe del 2025  de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, estas organizaciones delictivas han construido estructuras transnacionales, controlan rutas estratégicas hacia Estados Unidos y han diversificado sus actividades criminales más allá del narcotráfico: extorsión, minería ilegal, trata de personas, robo de combustibles y control territorial.

La posición geográfica de México no es un dato menor. Comparte más de 3.100 kilómetros de frontera con Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de drogas ilícitas del mundo. Además, es puente natural para la cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia, que transita por Centroamérica antes de ingresar a territorio mexicano. Esa combinación (mercado final al norte y oferta al sur) convirtió al país no solo en ruta, sino en centro de operaciones.

El Cártel de Sinaloa, consolidado por figuras como Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, y Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, evolucionó hacia una federación criminal con presencia en decenas de países. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, emergió como una organización expansiva y particularmente violenta, disputando territorios en buena parte del país y extendiendo su influencia en Centro y Sudamérica.

Las cifras acompañan esta expansión. De acuerdo a Insight Crime, en el 2024 se registraron 25.469 homicidios en su mayoría relacionados con el crimen organizado principalmente en estados donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa se han estado disputando el territorio.  Es decir, México vive desde hace más de una década en un umbral de violencia que antes parecía excepcional y hoy se ha vuelto estructural.

La llamada “guerra contra el narco” lanzada por el presidente Felipe Calderón en 2006 se basó en el despliegue masivo de Fuerzas Armadas y en la captura de “objetivos prioritarios”. La cooperación con Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, reforzó capacidades operativas. Se detuvo o abatió a decenas de líderes criminales. Sin embargo, la estrategia produjo un efecto secundario devastador: la fragmentación. Al descabezar organizaciones sin desmontar sus estructuras financieras y políticas, se multiplicaron células más pequeñas, más inestables y con mayor propensión a la violencia local.

La posterior condena en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, por vínculos con el narcotráfico, evidenció hasta qué punto la corrupción podía alcanzar las más altas esferas del aparato de seguridad. El mensaje fue demoledor: no basta con combatir cárteles si el Estado mismo está penetrado.

En 2018, el presidente López Obrador llegó con una promesa de cambio de paradigma sintetizada en la frase “abrazos, no balazos”. La apuesta discursiva fue atender las causas sociales de la violencia: pobreza, falta de oportunidades, desintegración comunitaria. Sin embargo, en la práctica, la presencia militar no disminuyó; por el contrario, se consolidó con la creación de la Guardia Nacional bajo mando predominantemente castrense.

Episodios como el operativo fallido de 2019 en Culiacán, que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán López (hijo de “El Chapo) para evitar un baño de sangre, reforzaron la percepción de contención frente a confrontación directa. Años después, su recaptura en 2023 mostró que el Estado no había renunciado por completo al uso de la fuerza contra líderes específicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la continuidad de esa estrategia, enfatizando inteligencia y coordinación. Sin embargo, cuando se intensifican operativos contra figuras de alto perfil como Nemesio Oseguera Cervantes, la línea entre continuidad y giro táctico se vuelve difusa. Si la política no cambia, pero la práctica se endurece, el debate es inevitable.

Capturar o neutralizar al líder del CJNG sería un golpe histórico. Probablemente el mayor logro simbólico en materia de seguridad de un sexenio. Pero la experiencia mexicana muestra que la caída de un capo no equivale al desmantelamiento de su organización. Cuando fue detenido “El Chapo”, el Cártel de Sinaloa no desapareció; se reconfiguró. Las tensiones entre facciones internas demostraron que la estructura criminal es más resiliente que sus liderazgos visibles.

Existe además el riesgo de que la descabezada genere disputas internas por el control de un negocio multimillonario. La violencia que sigue a estas fracturas no la pagan los capos, sino las comunidades. Extorsiones, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos suelen aumentar en esos periodos de transición criminal.

La presión de Estados Unidos es un factor central. Washington ha insistido en acciones más contundentes contra el tráfico de fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en territorio estadounidense. La cooperación bilateral incluye extradiciones y coordinación de inteligencia. Entregar o capturar a líderes de alto perfil envía señales políticas claras.

Pero el problema es binacional. Una proporción significativa de las armas recuperadas en escenas del crimen en México proviene de Estados Unidos, según rastreos oficiales. Mientras el flujo de armas hacia el sur continúe, los cárteles conservarán capacidad de fuego. Y mientras exista una demanda robusta de drogas en el mercado estadounidense, el incentivo económico seguirá intacto. El Protecting America from Trafficked Firearms, afirma que el 74% de las armas que fueron incautadas en México entre 2017 y 2021 provenían de Estados Unidos.

Otro eslabón crítico es la narcopolítica. En los procesos electorales recientes se han registrado decenas de asesinatos de aspirantes y funcionarios locales. El objetivo es evidente: influir o capturar gobiernos municipales y estatales para garantizar protección y acceso a recursos. Si la estrategia federal no avanza en procesar a funcionarios coludidos y desmontar redes de protección política, cualquier éxito operativo será parcial.

El seguimiento del dinero es igualmente decisivo. El lavado de activos a través de empresas fachada, bienes raíces y sistemas financieros formales e informales mantiene viva la estructura económica de los cárteles. Sin una ofensiva coordinada que ataque las finanzas ilícitas, la captura de líderes puede convertirse en un golpe mediático más que estructural.

Además, la dimensión regional no puede ignorarse. Los cárteles mexicanos han extendido su influencia en puertos sudamericanos, rutas amazónicas y enclaves estratégicos en Centroamérica y el Pacífico. América Latina observa con preocupación cómo estas redes se asocian con bandas locales y multiplican la violencia. Lo que ocurre en México no es un fenómeno aislado; es parte de un entramado criminal transnacional.

Si la estrategia actual ha cambiado en la práctica, el desafío es que no se quede en un ajuste reactivo ante presiones externas. Confrontar a los cárteles implica asumir costos políticos y riesgos de gobernabilidad. Fragmentaciones internas pueden generar picos de violencia. Pero no enfrentar las redes de corrupción política y financiera garantiza la repetición del ciclo.

La pregunta de fondo no es si hubo “abrazos” o si ahora hay “puños”. La pregunta es si el Estado mexicano está dispuesto a ir más allá de la captura del capo visible y desmontar las condiciones estructurales que permiten que surjan nuevos líderes. Sin cortar los vínculos con el poder político, sin reducir el flujo de armas desde el norte, sin atacar el lavado de dinero y sin una coordinación regional más amplia, el resultado puede ser el mismo: nuevos grupos, nuevas disputas y más violencia que pagarán los ciudadanos.

América Latina mira este proceso con atención. Si México logra combinar firmeza operativa con depuración institucional y cooperación internacional integral, puede sentar un precedente regional. Si no, el riesgo es que el fenómeno de fragmentación y captura territorial se expanda aún más por el continente.

El desafío es histórico. Y su desenlace no solo definirá el legado de un sexenio, sino la viabilidad de la gobernabilidad democrática frente al poder corrosivo del crimen organizado.