La encrucijada en el camino para regular las plataformas digitales en Chile

La autora de esta columna comenta que América Latina atraviesa un momento de intensa discusión en torno a los límites que deben establecerse frente al poder de las grandes empresas tecnológicas y que Chile no es la excepción. Dice que «la participación significativa de personas usuarias, academia, sector privado y organizaciones sociales es condición esencial para equilibrar intereses en el diseño de políticas públicas. En un contexto político chileno que se inclina ahora hacia la extrema derecha, la discusión sobre regulación de plataformas puede tomar nuevas formas y es fundamental seguir los procesos de legislación de cerca. La clave estará en sostener un debate informado, con enfoque de derechos humanos y con reglas claras que coloquen en el centro a las personas».

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

En el Congreso chileno, los intentos por regular las plataformas no se han detenido. Desde 2020 se han presentado decenas de proyectos de ley que, ya sea mediante una normativa integral o a través de modificaciones a marcos legales existentes, buscan abordar un amplio abanico de problemáticas vinculadas al entorno digital.

Las iniciativas han abarcado diversas temáticas: condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras de plataformas, regulación de aplicaciones de transporte y delivery, medidas frente a la desinformación, protección de la libertad de expresión en línea, uso de redes sociales por parte de las infancias, difusión no consentida de imágenes íntimas y utilización de deepfakes con fines abusivos, entre otras.

LA URGENTE NECESIDAD DE REGULAR LAS PLATAFORMAS DIGITALES

La discusión sobre regulación adquiere hoy un carácter impostergable. El diseño y funcionamiento de ciertas plataformas ha transformado profundamente el mundo del trabajo y la circulación de información a nivel planetario. Algunas adoptan decisiones opacas respecto de qué contenidos se visibilizan o restringen, incidiendo directamente en la pluralidad del debate público digital. Otras, mediante arquitecturas algorítmicas poco transparentes -cada vez más potenciadas por sistemas de inteligencia artificial- pueden amplificar fenómenos como la desinformación o la violencia en línea, cuyos efectos trascienden el espacio digital.

Las grandes plataformas, concentradas en un número muy reducido de corporaciones, ejercen una influencia significativa en la vida social y política, con impactos potenciales en la salud mental colectiva y en procesos democráticos.

Ahora bien, afirmar la necesidad de regular no implica desconocer que ya existen normas aplicables. En Chile rigen disposiciones en materia de protección al consumidor, libre competencia, propiedad intelectual, protección de datos personales, legislación laboral y acceso a la información pública, entre otras. Ese entramado constituye el punto de partida.

Sin embargo, la especificidad del funcionamiento de las plataformas -marcado por asimetrías de poder, explotación intensiva de datos y externalización de riesgos- exige respuestas más precisas. Fenómenos como la desinformación, la violencia de género en línea o el extractivismo de datos requieren marcos que sitúen en el centro la protección efectiva de las personas.

LÍMITES Y TENSIONES EN LOS INTENTOS REGULATORIOS

Regular no es solo declarar una intención. Supone contar con técnica legislativa sólida y con un enfoque explícito de derechos humanos que evite respuestas meramente punitivas o prohibicionistas. Un enfoque basado en derechos humanos implica, por un lado, priorizar su garantía incluso cuando ello suponga imponer límites a determinados modelos de negocio. Por otro, traducir en obligaciones exigibles tres principios fundamentales: prevenir, mitigar y reparar los impactos que las operaciones empresariales generan sobre las personas usuarias.

El proyecto de ley más reciente sobre deepfakes, iniciado en la Cámara de Diputados, ilustra algunas de estas tensiones. La iniciativa, orientada a regular el uso no autorizado de atributos como la imagen o la voz mediante sistemas de IA, introduce mecanismos que pueden afectar principios centrales de la libertad de expresión, como la crítica a autoridades y figuras públicas. Además, incorpora esquemas de “notificación y retiro” sin intervención judicial y omite desarrollar con claridad deberes empresariales de prevención y reparación.

Algo similar ocurrió con el proyecto más ambicioso debatido en 2021, que pretendía regular integralmente todas las plataformas digitales frente a problemáticas tan diversas como desinformación, protección de la infancia, datos personales y responsabilidad objetiva de las plataformas. Este enfoque generalista desconocía que no todas las plataformas generan los mismos riesgos ni inciden de igual manera en derechos como la libertad de expresión, la privacidad o el trabajo. Tampoco consideraba adecuadamente la alta concentración del mercado digital ni la localización extraterritorial de muchas empresas, elementos clave para la exigibilidad efectiva de cualquier norma.

A estos desafíos técnicos se suma otro factor determinante: el lobby corporativo. En América Latina existen antecedentes claros de cómo la presión empresarial puede diluir regulaciones prometedoras. En Colombia, durante la discusión de la Ley de Salud Mental, las plataformas impulsaron un modelo de autorregulación en lugar de asumir corresponsabilidad por los impactos de los contenidos en la salud de niños, niñas y adolescentes. En Brasil, el debate sobre la regulación de la IA derivó en la flexibilización de evaluaciones obligatorias de impacto en derechos y en la atenuación de disposiciones relativas a artistas, creadores e impactos ambientales de los centros de datos, gracias a la presión de las corporaciones tecnológicas.

Este escenario se complejiza en un contexto geopolítico marcado por tensiones comerciales y presiones internacionales frente a los intentos regulatorios sobre las grandes plataformas. Como fue en el caso de Brasil en 2025, cuando la administración de Trump dispuso una suba arancelaria ante el proceso de investigación llevado a cabo por la Justicia brasilera contra las plataformas digitales que habían jugado un papel clave en la toma del poder ejercida por Bolsonaro.

¿RESPUESTAS DESDE LA ESFERA INTERNACIONAL?

Mientras en Chile el debate avanza con dificultades, el país ha tenido una presencia activa en espacios multilaterales sobre gobernanza digital. Ha participado en la negociación del Pacto Global Digital y en instancias internacionales relevantes como fue la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés). Asimismo, respaldó iniciativas para fortalecer la integridad de la información y ha reafirmado la necesidad de avanzar hacia una gobernanza global de la IA con enfoque de derechos humanos, como marcó su participación en 2024 en la Cumbre de IA en París.

De todas formas, el debilitamiento de espacios multilaterales y la creciente fragmentación geopolítica amenazan estos procesos. La eventual retirada o desafiliación de EE. UU. de foros y organismos multilaterales puede reducir el margen de acción de los países que buscan modificar el actual modelo de gobernanza de las grandes tecnológicas.

En consecuencia, tanto en el plano nacional como internacional, la regulación enfrenta desafíos estructurales. La demora en establecer marcos eficaces prolonga escenarios de riesgo para las personas. Surgen, entonces, preguntas ineludibles: ¿cómo diseñar estrategias que superen la acción aislada de los Estados?, ¿cómo limitar la influencia desproporcionada del lobby corporativo?, ¿cómo alinear modelos de negocio con estándares de derechos humanos?, ¿cómo mejorar la calidad técnica de los proyectos legislativos?

Desde Derechos Digitales insistimos en que la participación significativa de personas usuarias, academia, sector privado y organizaciones sociales es condición esencial para equilibrar intereses en el diseño de políticas públicas. En un contexto político chileno que se inclina ahora hacia la extrema derecha, la discusión sobre regulación de plataformas puede tomar nuevas formas y es fundamental seguir los procesos de legislación de cerca. La clave estará en sostener un debate informado, con enfoque de derechos humanos y con reglas claras que coloquen en el centro a las personas.