El autor de esta columna comenta la normativa con la que cuenta el país para el transporte de sustancias peligrosas en áreas urbanas, a propósito de la fatal explosión de gas el 19 de febrero recién pasado. Sostiene que más allá de determinar responsables en este hecho, “desde la óptica de la gestión del riesgo de desastres, la pregunta relevante no es solo si el camión cumplía la norma en un control puntual, sino si el sistema en su conjunto es capaz de identificar corredores de mayor exposición, priorizar rutas críticas e integrar estos escenarios en la planificación de emergencias”.

Imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

La mañana del jueves 19 de febrero, un camión que transportaba gas licuado volcó y explotó en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana, dejando al menos 11 personas fallecidas, múltiples heridos y la interrupción de una de las principales arterias de la capital. El siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y reactivó las alertas sobre los riesgos del transporte de sustancias peligrosas en entornos urbanos.

Se trata de un suceso terrible que ha captado la atención tanto de la prensa como de la ciudadanía misma. Y, más allá de las responsabilidades que deberá establecer la investigación, el episodio vuelve a poner bajo la lupa el cómo Chile gestiona preventivamente el transporte de cargas peligrosas y su vínculo con la gestión del riesgo de desastres. Cuando ocurre un evento de esta magnitud, la pregunta no es solo qué falló en el momento crítico, sino cuán robusto es el sistema para anticipar estos riesgos.

La explosión del camión en Renca no fue únicamente un accidente de tránsito. Fue también la manifestación de un riesgo conocido desde hace años, pero que el sistema sigue gestionando de forma fragmentada y con un enfoque insuficientemente preventivo, pese a contar con regulaciones destinadas a reducir la probabilidad de estos eventos.

Como suele ocurrir, la discusión pública se concentró rápidamente en las causas inmediatas: la eventual velocidad del vehículo, la maniobra previa al volcamiento o la responsabilidad individual del conductor. Ese enfoque es comprensible, pero claramente insuficiente.

Cuando se producen accidentes de alto impacto en actividades fuertemente reguladas como el transporte de sustancias peligrosas, la experiencia internacional muestra que rara vez se trata de una falla aislada. Más bien, estos eventos suelen revelar debilidades que se acumulan silenciosamente en distintas capas del sistema hasta alinearse en un momento crítico.

Chile cuenta con un marco regulatorio sólido para el transporte de cargas peligrosas. El Decreto Supremo N°298 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establece exigencias sobre rotulación, condiciones técnicas de los vehículos, capacitación de conductores, documentación obligatoria y medidas de seguridad durante el traslado.

No se trata de una regulación meramente declarativa. El DS N°298 exige dispositivos de registro de velocidad (artículo 5), ordena programar itinerarios evitando vías de alto flujo y zonas densamente pobladas (artículo 17) y define responsabilidades directas del conductor respecto de la seguridad de la carga (artículo 22).

Precisamente por ello, el foco del análisis no puede limitarse a la existencia de la norma, sino a la efectividad real de los mecanismos de control, supervisión y fiscalización que debieran garantizar su cumplimiento en una actividad de alto riesgo.

Entre otras disposiciones, el artículo 25 del DS N°298 exige que el conductor cuente con capacitación específica y porte la documentación de la carga, buscando asegurar una operación bajo condiciones controladas durante todo el trayecto. Cuando eventos de alto impacto ocurren pese a estas barreras, la pregunta ya no es solo qué falló en la conducción, sino cuán eficaz es el sistema para verificar, de manera continua, que estas exigencias se cumplan.

Sobre el papel, el sistema aparece normativamente robusto. Sin embargo, en actividades de alto riesgo la seguridad no depende solo de que la norma exista, sino de la capacidad efectiva para detectar desviaciones antes de que se vuelvan críticas. Es precisamente ahí donde el caso de Renca obliga a una revisión incómoda.

El transporte de gas licuado no es una operación logística cualquiera. Es una carga de alto potencial energético que, ante una liberación súbita, puede generar efectos térmicos y de sobrepresión en un radio considerable. Los reportes preliminares indicaron daños a decenas de vehículos y una afectación extendida por cientos de metros más allá del punto de impacto, evidenciando la magnitud del riesgo cuando el sistema pierde control.

Desde la gestión del riesgo, eventos como este no solo interpelan la respuesta de emergencia, sino todo el ciclo preventivo. Reducir el riesgo implica identificar peligros, analizar probabilidad e impacto, implementar medidas de mitigación y monitorear permanentemente su eficacia. Cuando alguna de estas etapas se debilita, el sistema queda expuesto a fallas que solo se hacen visibles al materializarse el evento.

En esta lógica, las exigencias del DS N°298 deben entenderse como barreras de control dentro de un sistema mayor de reducción del riesgo de desastres, cuyo debilitamiento puede amplificar las consecuencias de una emergencia tecnológica en entornos urbanos.

Estamos frente a riesgos capaces de escalar a desastres cuando confluyen tres factores: sustancias de alto potencial energético, entornos urbanos densos y alta exposición poblacional. El caso reciente reúne, de forma preocupante, esas condiciones.

Sin embargo, en la práctica institucional chilena el transporte de sustancias peligrosas sigue gestionándose desde una lógica principalmente sectorial, mientras su integración sistemática en los instrumentos de gestión del riesgo de desastres avanza con mayor lentitud. Esta brecha no es menor.

Cuando un riesgo tecnológico no se incorpora de forma consistente en los análisis territoriales y en la planificación preventiva, el sistema tiende a subestimar su verdadero impacto y a reaccionar solo cuando el evento ya ocurrió.

Tras estos siniestros, la atención pública suele centrarse en la conducta del conductor o en la condición del vehículo. Esa investigación es necesaria, pero desde una mirada moderna de gestión del riesgo quedarse en ese nivel equivale a observar únicamente la punta del iceberg.

Los sistemas realmente seguros se construyen sobre múltiples capas de defensa: monitoreo operacional continuo, supervisión del transportista, gestión de fatiga y velocidad, planificación de rutas sensibles, fiscalización disuasiva y preparación territorial para emergencias tecnológicas.

Cuando estas capas se debilitan o funcionan de manera discontinua, el sistema puede operar largos períodos sin incidentes visibles. Hasta que deja de hacerlo.

Uno de los puntos más sensibles es la fiscalización. El modelo chileno combina responsabilidades del operador con controles estatales, generalmente muestrales. Este enfoque puede ser suficiente en actividades de riesgo moderado, pero resulta más discutible frente a cargas con potencial de daño masivo en zonas urbanas.

Desde la óptica de la gestión del riesgo de desastres, la pregunta relevante no es solo si el camión cumplía la norma en un control puntual, sino si el sistema en su conjunto es capaz de identificar corredores de mayor exposición, priorizar rutas críticas e integrar estos escenarios en la planificación de emergencias.

Hoy esa integración existe, pero de manera desigual.

El despliegue tras la explosión mostró capacidades relevantes de respuesta, especialmente de Bomberos, pero también dejó en claro la necesidad de fortalecer el enfoque preventivo y prospectivo.

Las investigaciones determinarán las responsabilidades del accidente en Renca. Ese proceso es indispensable. Pero sería un error que la discusión se cierre tras identificar únicamente las causas inmediatas.

En seguridad, los eventos de alto impacto rara vez son sorpresivos para los sistemas que los producen. Suelen reflejar fragilidades que se acumulan hasta alinearse de forma crítica.

Chile ha avanzado en institucionalidad de gestión del riesgo de desastres. El desafío pendiente es profundizar la integración de los riesgos tecnológicos —entre ellos, el transporte de sustancias peligrosas— dentro de una lógica verdaderamente preventiva, territorial y multisectorial.

Porque la pregunta de fondo no es si el país cuenta con normativa suficiente.

La pregunta es por qué, pese a conocer los riesgos, seguimos reaccionando después de la tragedia y no antes.