El autor de esta columna analiza el fondo de la tensión entre Estados Unidos y Chile por el proyecto de un cable entre Valparaíso y Hong Kong. Sostiene que «la lección del cable y las visas no es que debamos obedecer a Washington. Es que debemos construir, por fin, las capacidades propias para evaluar estos riesgos autónomamente. Un país que no puede analizar por sí mismo si un cable submarino operado por empresas sujetas a la ley de inteligencia china representa un riesgo queda condenado a que otros tomen esas decisiones por él —ya sea Washington revocando visas, o Beijing consolidando dependencias—».

Imagen de portada: Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile (Crédito: Diego Martin / Agencia Uno).

La revocación de visas por parte del Departamento de Estado norteamericano al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; y según ha trascendido, también para el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y al jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen, ha generado, comprensiblemente, una reacción de indignación soberanista. Sin embargo, reducir el episodio a una afrenta diplomática impide ver lo que realmente revela: la absoluta precariedad con que Chile enfrenta uno de los desafíos geopolíticos más complejos del siglo XXI.

I. UN PAÍS SIN LENGUAJE PARA NOMBRAR SUS AMENAZAS

Chile no tiene, en rigor, una doctrina de seguridad nacional operativa en democracia. La razón es histórica y comprensible: el régimen militar instrumentalizó el concepto para justificar la represión política interna, asociando «seguridad nacional» con persecución ideológica. La transición democrática, lógicamente, rechazó esa asociación. Pero el efecto colateral fue que nos quedamos imposibilitados de construir una versión democrática del mismo.

Chile carece hoy de las categorías analíticas básicas para identificar riesgos que no provienen de ejércitos invasores sino de dependencias estratégicas, penetración económica asimétrica y control de infraestructura crítica por potencias extranjeras con intereses divergentes a los nuestros. No tenemos un equivalente a la National Security Strategy que cada administración norteamericana actualiza, ni a los Annual Threat Assessments que producen conjuntamente la CIA, el FBI, la NSA y la DIA, ni a las evaluaciones del MI5 y MI6 británicos, documentos que identifican explícitamente actores estatales, métodos de penetración y sectores vulnerables.

Un país que no puede nombrar sus amenazas no puede gestionarlas. Y lo que el episodio de las visas expone con crudeza es precisamente eso: que mientras Estados Unidos y el Reino Unido llevan décadas analizando la expansión de infraestructura china como un riesgo de inteligencia de primer orden —documentado en reportes públicos año tras año—, Chile ni siquiera ha iniciado esa conversación.

Cuando los informes del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. señalan que la dependencia en infraestructura crítica controlada por capitales de potencias rivales constituye un riesgo sistémico; cuando el MI5 clasifica las operaciones de influencia y penetración económica china como amenaza prioritaria; cuando el Canadian Security Intelligence Service dedica secciones enteras de sus informes a la Ley Nacional de Inteligencia china de 2017 y sus implicancias para empresas chinas que operan en el extranjero, Chile permanece en una suerte de inocencia estratégica que, a estas alturas, es insostenible.

II. EL CABLE NO ES SOLO UN CABLE

El proyecto Chile China Express —un cable de fibra óptica que conectaría directamente Valparaíso con Hong Kong, con participación de China Mobile, HMN Technologies y Huawei— no es una obra de infraestructura neutra. Y no lo digo por sinofobia ni por alineamiento automático con Washington. Lo digo porque la doctrina de seguridad de cualquier democracia desarrollada lo calificaría como un activo estratégico de primer orden que requiere evaluación de riesgos antes de ser autorizado.

Más del 95% del tráfico mundial de datos viaja por cables submarinos. Por ellos fluye información financiera, comunicaciones gubernamentales, datos de inteligencia, transacciones comerciales. Un cable directo Chile-China crearía una ruta de datos que no pasa por nodos bajo supervisión aliada, otorgando a empresas sujetas a la legislación china acceso potencial al tráfico de información de una región completa. La gente que trabaja en datos personales debería haber saltado hace mucho tiempo contra este cable, pero seguimos esperando.

Y aquí es donde la dimensión legal importa decisivamente. El artículo 7 de la Ley Nacional de Inteligencia china de 2017 establece que todas las organizaciones y ciudadanos chinos deben apoyar, asistir y cooperar con los esfuerzos de inteligencia nacional. El artículo 14 faculta a las instituciones de inteligencia para exigir esa cooperación. Como lo ha advertido el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, las empresas chinas están legalmente obligadas a compartir datos con el gobierno y, potencialmente, a instalar puertas traseras en sus equipos y software. Es una obligación legal vigente del ordenamiento jurídico chino.

Pero el cable no es un caso aislado. Es un eslabón más de una cadena que incluye el control progresivo del sistema eléctrico chileno, donde State Grid Corporation of China ya controla dos de los cuatro distribuidores eléctricos del país (CGE y Chilquinta), y China Southern Power Grid (CSG) posee cerca del 28% de Transelec, la mayor transmisora del país, y se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir la participación mayoritaria en una operación que podría superar los US$4.000 millones. Si esa transacción se concreta, la cadena de transmisión eléctrica chilena quedaría bajo control mayoritario de capitales de un Estado extranjero cuyas empresas responden, por diseño institucional y legal, a las directrices del Partido Comunista Chino.

El precedente del puerto de Chancay en Perú debería alarmar a cualquier analista. Cosco Shipping, empresa estatal china, obtuvo, hace un par de semanas, un fallo judicial que ordenó al regulador peruano de infraestructura abstenerse de ejercer facultades de supervisión, regulación e inspección sobre el megapuerto. El argumento fue que, al tratarse de infraestructura financiada con capital privado, no correspondía la supervisión estatal ordinaria. Es decir, se utilizó el propio marco constitucional peruano para sustraer infraestructura estratégica de la jurisdicción soberana del Estado. El Departamento de Estado norteamericano lo sintetizó con una frase que debería resonar en toda la región: «cheap Chinese money costs sovereignty» (el dinero chino barato cuesta soberanía).

III. LO QUE NO SABEMOS SOBRE LAS VISAS

Dicho todo lo anterior, es necesario reconocer una dimensión que el debate público ha ignorado: no sabemos qué ocurrió antes de la revocación de visas. Las medidas coercitivas de esta naturaleza rara vez son un primer movimiento. En la práctica diplomática y de inteligencia, una acción de esta envergadura —revocar la visa de un ministro de Estado de un país aliado— suele ser el último recurso tras una secuencia de gestiones previas que no produjeron resultado.

Sabemos, por ejemplo, que el embajador norteamericano Brandon Judd se reunió con el ministro Muñoz semanas antes de la sanción. Desconocemos el contenido de esa reunión. El secretario de Estado ya contó que hubo advertencias de parte del embajador estadounidense, pero no sabemos si hubo propuestas alternativas, ofertas de cooperación en conectividad digital que no implicaran participación de empresas chinas sujetas a obligaciones de inteligencia. Desconocemos si la administración Trump planteó condiciones, plazos o alternativas que fueron rechazadas.

Esta opacidad es relevante porque condiciona la evaluación del episodio. Si la revocación de visas fue un acto unilateral sin advertencia previa, la reacción soberanista del gobierno chileno es más comprensible. Pero si fue la consecuencia de una negociación frustrada, de advertencias desoídas, de una evaluación norteamericana de que Chile estaba caminando deliberadamente hacia una dependencia en infraestructura de telecomunicaciones que comprometía la seguridad regional, la lectura cambia sustancialmente.

Lo que sí sabemos es que la medida no fue improvisada. EE.UU. lleva años manifestando preocupación por la expansión de infraestructura china en América Latina. El caso del cable Humboldt —que originalmente vincularía a Chile con China y terminó adjudicándose a Google con destino a Australia— ya había sido un campo de tensión. El Chile China Express representa, desde la perspectiva de Washington, un segundo intento por la misma ruta estratégica que ya había generado resistencia.

La honestidad intelectual exige reconocer que EE.UU. tiene sus propios intereses en esta disputa: mantener el control sobre las rutas globales de datos es un objetivo estratégico norteamericano, no un acto de filantropía hacia Chile. Pero el hecho de que Washington actúe por interés propio no invalida el análisis de riesgo subyacente. Que Estados Unidos tenga razones geopolíticas para oponerse al cable no significa que el cable sea inocuo para Chile. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente: EE.UU. defiende sus intereses y la dependencia en infraestructura de telecomunicaciones controlada por empresas sujetas a la ley de inteligencia china es objetivamente un riesgo para cualquier democracia.

IV. LA LECCIÓN QUE NO PODEMOS SEGUIR POSTERGANDO

Más allá de las visas, más allá del cable, más allá de esta coyuntura específica, Chile enfrenta una pregunta que ha evitado durante demasiado tiempo: ¿tiene este país una política de seguridad económica y de infraestructura que le permita navegar la competencia geopolítica entre grandes potencias sin quedar atrapado en dependencias que comprometan su autonomía?

La respuesta, hoy, es categóricamente no.

Chile no tiene un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras en infraestructura crítica (foreign investment screening), como el CFIUS norteamericano, el Investment Screening Regulation de la UE, o el Foreign Investment Review Board australiano. No tiene legislación de registro de agentes extranjeros, como la FARA norteamericana. No tiene tipos penales modernos de interferencia extranjera, como los que Australia introdujo en 2018 precisamente como respuesta a operaciones de influencia china. No tiene, en suma, ninguna de las herramientas que las democracias desarrolladas consideran indispensables para proteger su soberanía en el siglo XXI.

Aquí hay algo básico y urgente: reconocer que toda inversión extranjera en infraestructura crítica tiene una dimensión de seguridad nacional que debe ser evaluada; que no todo capital es neutro; que la nacionalidad del inversor, su estructura de gobernanza, su relación con su Estado de origen y las obligaciones legales a las que está sujeto son variables relevantes para la toma de decisiones soberanas.

Chile ha sido, durante décadas, un receptor naïve de inversión extranjera. La apertura comercial y la estabilidad institucional —logros legítimos— generaron una cultura donde cuestionar el origen o las condiciones de una inversión era visto como proteccionismo irracional. Esa actitud fue funcional en un mundo donde los principales inversores provenían de democracias con marcos institucionales homologables. No lo es en un mundo donde una potencia autoritaria con obligaciones legales de inteligencia sobre sus empresas busca controlar la electricidad, las telecomunicaciones y la infraestructura portuaria de la región.

La lección del cable y las visas no es que debamos obedecer a Washington. Es que debemos construir, por fin, las capacidades propias para evaluar estos riesgos autónomamente. Un país que no puede analizar por sí mismo si un cable submarino operado por empresas sujetas a la ley de inteligencia china representa un riesgo queda condenado a que otros tomen esas decisiones por él —ya sea Washington revocando visas, o Beijing consolidando dependencias—. La soberanía real no se defiende con declaraciones indignadas. Se defiende con instituciones, con legislación, con capacidad analítica y con la voluntad política de mirar de frente las amenazas contemporáneas, por incómodas que resulten.