Carta a CIPER del exsecretario general de Evópoli, Juan Carlos González

El 17 de febrero CIPER recibió una carta del exsecretario general de Evópoli, Juan Carlos González, en relación al artículo publicado ese mismo día que se titula: “Evópoli finiquitó con $9 millones al secretario general del partido y dos meses después contrató su empresa por $24 millones” (léalo aquí). 

González pide que la carta se publique aludiendo al derecho réplica o rectificación consagrada en la Ley 19.733. Pero, en su escrito el exsecretario no rectifica ni aclara antecedentes publicados en el artículo aludido. En algunos apartados, incluso, señala asuntos que en la publicación no están. Por ejemplo, CIPER no ha señalado en el artículo que su finiquito haya respondido a un “mal desempeño o a irregularidades”, tampoco que la contratación posterior haya sido una decisión “unilateral ni oscura”. Y en ninguna parte se dijo que esa contratación se vincule a un “enriquecimiento ni sobreprecio”. En el reportaje CIPER dio cuenta de que el partido finiquitó a su secretario general con $9 millones, para dos meses después contratar a su empresa por $24 millones. Y que esta última contratación fue rechazada por el Servel, solicitando la restitución de esos fondos.   

CIPER además tomó contacto con González quien solicitó le enviaran las preguntas que fueron respondidas por él y consignadas en el artículo (vea las preguntas y respuestas aquí). 

Pese a que, a juicio de CIPER, la carta del señor González no aplica según lo establecido en la Ley 19.733, pues no rectifica ni aclara lo señalado en el artículo, CIPER la pública íntegramente en atención al valor que en este medio de comunicación se asigna a la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas.

Paulina Toro

Editora de CIPER

Señor Director:

En uso del derecho que me conceden los artículos 16 y 18 de la Ley 19.733, requiero a su medio de comunicación que difunda esta aclaración respecto del reportaje titulado «Evópoli finiquitó con $9 millones al secretario general del partido y dos meses después contrató su empresa por $24 millones».

El texto que adjunto se circunscribe a la información publicada y contiene 954 palabras, por lo cual cumple con el límite máximo de 100 palabras que señala la ley para estos efectos. Por tanto, tal como señala el artículo 19 de la ley, requiero que el escrito se publique íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que lo ha provocado o, en su defecto, en un lugar destacado de la misma sección.

Aclaración respecto de reportaje de CIPER CHILE sobre Juan Carlos González

González fue elegido democráticamente como Secretario General en octubre 2022 y ejerció sus funciones con normalidad hasta que, entre enero y abril de 2024, el estamento de Senadores del partido presionó por su salida sin entregar razones formales ni objetivas. Es decir, su desvinculación no obedeció a un mal desempeño ni a irregularidades, sino a un conflicto político interno ajeno a su gestión.

La propia Presidenta Gloria Hutt, para evitar una crisis mayor, le pidió poner su cargo a disposición. González accedió de buena fe. Se firmó el finiquito conforme a derecho, invocando necesidades de la empresa (art. 161 Nº1 del Código del Trabajo), lo que confirma que no hubo causal disciplinaria alguna en su contra.

Un punto fundamental que el artículo de CIPER menciona pero no profundiza es que, tras el finiquito, González siguió cumpliendo las labores de Secretario General sin remuneración durante semanas críticas en que se desarrollaban procesos electorales y administrativos relevantes. Esto demuestra que su motivación era el compromiso institucional, no un beneficio económico.

Fue el propio Consejo General —máximo órgano del partido— el que en sesión del 28 de mayo de 2024 ratificó a la directiva vigente por una mayoría aplastante de 56 votos contra 3 y una abstención. Esa votación constituyó un mandato democrático inequívoco para que la directiva, incluyendo a González en su rol, continuara funciones hasta diciembre de 2024. No se trató de una decisión unilateral ni oscura.

El mecanismo de contratación a través de ERGON S.A. no fue una maniobra para eludir controles, sino la única alternativa viable ante un impedimento técnico-laboral concreto: la Dirección del Trabajo indicó a la Administradora de Fondos del Partido que no era posible restablecer la relación laboral ya finiquitada. La Presidenta Hutt, en uso de sus atribuciones legales y con consulta previa a los integrantes de la Directiva Central, resolvió reponer la remuneración por la vía de un contrato de prestación de servicios civiles.

El monto pactado —100 UF mensuales— fue equivalente al ingreso líquido que González percibía antes, es decir inferior al monto bruto original, no superior. No hubo enriquecimiento ni sobreprecio. Además, la empresa ERGON S.A. estaba debidamente declarada en su Declaración de Intereses y Patrimonio ante Contraloría desde el año 2022, y el gasto fue publicado en el sitio de transparencia del partido. Todo estuvo a la vista.

La declaración notarial que el reportaje linkea sin profundizar, documenta que desde mayo de 2018 el partido remuneraba al Presidente y al Secretario General, práctica ratificada expresamente por la Directiva Central en sesión del 11 de agosto de 2023 (reducida a escritura pública), donde se acordó que miembros de la directiva pueden recibir compensación por su dedicación. Esa misma acta validó todo lo obrado desde 2018 en materia de remuneraciones y contrataciones de personal.

Nunca antes —ni el Consejo General, ni el SERVEL en sus auditorías de balances anteriores, ni los auditores externos— habían objetado esta modalidad. La observación del SERVEL al balance 2024 es la primera de su tipo, lo que sugiere un cambio de criterio aplicado retroactivamente, no una irregularidad manifiesta.

Es clave distinguir que el SERVEL no cuestionó que el trabajo se haya efectivamente realizado. Los respaldos de reuniones con militantes, campañas políticas y actividades partidarias acreditan que González cumplió funciones reales. Las objeciones fueron de índole formal: la falta de un acta contemporánea que documentara específicamente la decisión de recontratación vía empresa, y la interpretación de que la Ley 18.603 impide la participación de personas jurídicas en directivas partidarias, lo que no ocurre en este caso.

Sobre el primer punto, la declaración notarial de diciembre de 2025 —firmada por cinco de los seis integrantes de la directiva— subsana esa omisión, ratificando que la decisión fue tomada colectivamente. Que se haya formalizado después no invalida que el acuerdo existió: los partidos políticos no siempre protocolizan cada decisión operativa en tiempo real, especialmente si no existe una normativa previa del SERVEL sobre estos procedimientos.

Sobre el segundo punto, la prohibición del artículo 18.603 sobre participación en personas jurídicas está diseñada para evitar que partidos creen empresas o participen en negocios, no para impedir que un funcionario sea remunerado a través de un vehículo reconocido en la ley. La interpretación restrictiva del SERVEL merece ser debatida ante el Tribunal Calificador de Elecciones, ya que aplicarla literalmente significaría que ningún partido podría contratar asesorías externas a empresas constituidas, lo cual es una práctica generalizada.

El artículo de CIPER, presenta la situación con un sesgo que sugiere irregularidad donde hay, a lo más, una discrepancia de criterio administrativo. El titular enfatiza las cifras ($9 millones de finiquito, $24 millones en contratos) creando una impresión de doble pago o despilfarro, cuando en realidad se trata de períodos distintos y no superpuestos: el finiquito cerró la relación laboral, con distintos conceptos como antigüedad y vacaciones pendientes, y el contrato civil cubrió seis meses posteriores de trabajo efectivo.

Tampoco se destaca suficientemente que González puso su declaración patrimonial al día, que los pagos fueron transparentados, y que el propio Consejo General ratificó democráticamente la continuidad de la directiva.

En conclusión, Juan Carlos González actuó dentro del marco de lo que la directiva del partido autorizó, en respuesta a una crisis que él no generó, con montos equivalentes a su remuneración anterior, por trabajo efectivamente realizado y debidamente documentado. Las observaciones del SERVEL apuntan a formalidades que el partido está en proceso de resolver y que aún no han terminado de tramitarse, y de manera alguna se refieren a un uso indebido de recursos públicos. El intento de presentar esta situación como un escándalo financiero desconoce tanto los antecedentes internos del partido como las limitaciones técnico-laborales que condujeron a la solución adoptada.»

Atentamente,

Juan Carlos González