Infancias en riesgo: la deuda ambiental del Estado chileno frente a la contaminación minera en Antofagasta

Antofagasta, ciudad reconocida por su relevancia estratégica en la industria minera chilena, hoy enfrenta una crisis sanitaria silenciosa vinculada a la constante exposición infantil a metales pesados altamente neurotóxicos. Diversa evidencia científica muestra altas concentraciones de arsénico, plomo, mercurio, cadmio y cobre que superan tanto los estándares nacionales como los internacionales, afectando el desarrollo físico, cognitivo y neurológico de niñas, niños y adolescentes del norte de Chile. En esta columna se sostiene que el Estado chileno ha respondido de manera insuficiente y fragmentaria frente a una crisis sanitaria infantil provocada por el modelo extractivo imperante, y, a su vez, propone un enfoque de justicia ambiental, protección reforzada de la infancia y participación comunitaria vinculante.

Crédito imagen de portada: Cristofer Devia / Agencia Uno

La ciudad de Antofagasta vive desde hace más de una década una crisis sanitaria silenciosa que afecta gravemente el ejercicio del derecho a la salud y al desarrollo integral de miles de niños, niñas y adolescentes. Esta situación expone con crudeza una de las desigualdades ambientales más graves en Chile: la contaminación por metales pesados altamente neurotóxicos.  Se trata de una narrativa silenciosa que no suele ocupar las primeras líneas del discurso político y que no puede reducirse a una cuestión meramente técnica de normas o parámetros ambientales. Es una herida profunda que cruza la vida, las emociones y los cuerpos de quienes habitan los territorios cercanos a las operaciones mineras y portuarias.

La evidencia recogida, a lo largo de la última década, por el Ministerio de Salud, la Universidad de Antofagasta y estudios recientes del Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (CICITEM) confirma que las concentraciones de arsénico, plomo, mercurio, cadmio y zinc superan ampliamente las normas nacionales como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estas cifras no solo son alarmantes desde una perspectiva sanitaria, sino que revelan fallas a nivel estructural en la relación que se da entre la industria extractiva, territorio y salud pública, que se manifiestan en políticas públicas fragmentadas y carentes de justicia ambiental.

Detrás de cada análisis toxicológico aparece una historia humana, miles de familias que viven con la angustia de no tener respuestas claras sobre los riesgos del polvo que se deposita todos los días en sus casas, escuelas y plazas. Estas experiencias dan paso a la pregunta central que orienta este artículo: ¿Está el Estado de Chile respondiendo con la responsabilidad y efectividad suficientes, ante la grave crisis sanitaria silenciosa que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes de Antofagasta, expuestos a metales pesados neurotóxicos? ¿Cómo se articulan las políticas públicas y la protección de derechos en un contexto donde la contaminación minera no solo vulnera la salud infantil, sino que también refleja fracturas profundas en la justicia ambiental y la gobernanza territorial? Para abordar estas interrogantes, se analizarán los antecedentes científicos disponibles a la fecha, se comparará la situación con otras zonas de sacrificio del país y se examinarán las falencias estructurales del Estado en materia de salud ambiental y protección de derechos de la infancia y la adolescencia.

CONTEXTO GENERAL, EVIDENCIA TOXICOLÓGICA Y PATRÓN NACIONAL DE ZONAS DE SACRIFICIO

La ciudad de Antofagasta forma parte de una de las denominadas zonas de sacrificio ambiental, definidas como localidades donde la actividad industrial y extractiva generan un impacto sanitario severo sobre las comunidades más vulnerables- entre ellos- las niñas, niños y adolescentes. En 2010, estudios toxicológicos ya advertían placentas de recién nacidos con concentraciones de mercurio hasta veinte veces mayores que los valores de referencia, asociadas a malformaciones y alteraciones del neurodesarrollo. En el caso concreto de Antofagasta, la actividad minera y portuaria han incrementado significativamente la presencia de metales pesados en aire, suelo y tejidos biológicos, debido a que la ciudad constituye un punto intermedio estratégico entre la gran minería y su destino final, el puerto. 

Sin embargo, Antofagasta no es un caso aislado. En Chile, la exposición infantil a contaminantes industriales ha estado en el debate público en diversas ocasiones, tal como ha ocurrido, en Ventanas, localidad de la comuna de Puchuncaví, Quinta región, considerada uno de los polos industriales más contaminados del país y que registró episodios críticos de intoxicación masiva en escolares, durante los años 2011, 2018 y 2022. La crisis de la Escuela La Greda ilustró la gravedad de la exposición infantil a arsénico, plomo y compuestos sulfurados. Situación similar ocurre en Coronel, allí diversos estudios han demostrado la exposición infantil a dióxido de azufre y material particulado, asociado a la industria termoeléctrica. Asimismo, en Quintero, en los años 2018, 2024 y 2025, se han producido episodios de intoxicación aguda por hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles, que han generado hospitalizaciones y suspensión de clases. Por último, en Arica la presencia de plomo en suelos urbanos, producto del almacenamiento histórico de polimetales, continúa afectando el desarrollo y la integridad de niños, niñas y adolescentes,  décadas después de su origen.

La comparación de estos casos evidencia un patrón común: la respuesta estatal a la fecha  es limitada, tardía y dependiente de contingencias políticas. Si bien la vigilancia biomédica continúa por recomendación de la OMS para zonas de riesgo, esta se implementa de manera desigual y esporádica, sin estrategias sostenidas de prevención. Esta situación demuestra que en definitiva la crisis no es local, sino que estructural, que deja expuesta la insostenibilidad del modelo extractivo y las fallas del Estado en proteger la salud infantil frente a la contaminación. 

POLÍTICAS PÚBLICAS, GOBERNANZA Y OMISIÓN ESTATAL

Un análisis de las políticas públicas de la última década revela deficiencias estructurales profundas. El Plan Nacional de Salud Ambiental carece de un enfoque territorial robusto que integre biomonitoreo infantil permanente, diagnóstico toxicológico especializado y seguimiento longitudinal en zonas de alta exposición.

La acción del Estado en Antofagasta, al igual que en Ventanas, Coronel o Arica, ha sido reactiva, desplegada únicamente tras episodios críticos, sin articular una estrategia multisectorial sostenida y potente. La implementación de la “Estrategia de Transición Socio Ecológica Justa” en la región, llega las localidades de la región catalogadas como “de sacrifico”, en la búsqueda de impulsar procesos de transición ambiental y equilibrio ecológico, de forma lenta, parcelada y sin el necesario respaldo, tanto económico como a nivel de política pública en comparación con otras del sector extractivo. 

La acción del Estado en la Región de Antofagasta, al igual que en Ventanas, Coronel o Arica, ha tenido un carácter predominantemente reactivo, activándose principalmente frente a episodios críticos y sin consolidar una estrategia multisectorial, sostenida y de alto impacto. En este contexto, la implementación de la Estrategia de Transición Socioecológica Justa en la región, ha avanzado de manera lenta, fragmentada y con insuficiente respaldo institucional. Ello se expresa tanto en la limitada asignación de recursos financieros como en la ausencia de una política pública robusta y coherente, especialmente si se compara con el nivel de apoyo y priorización otorgado a otros sectores vinculados a la actividad extractiva.

Esta dinámica reproduce lo que diversos autores denominan como política de sacrificio territorial, donde ciertas comunidades soportan cargas ambientales que no serían toleradas en regiones más favorecidas política o económicamente.

Desde una perspectiva de derecho internacional, Chile incumple obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige protección especial para menores frente a riesgos ambientales previsibles. La evidencia indica que tal protección no se ha garantizado de manera adecuada ni sistemática.

SILENCIO POLÍTICO Y DEUDA ÉTICA

Una dimensión especialmente preocupante es el silencio político estructural: ad-portas de asumir un nuevo gobierno, tanto a nivel local regional como nacional se ha omitido la discusión sobre los costos humanos y territoriales de modelos de desarrollo intensivos, aun cuando organizaciones han denunciado daños ambientales y a la salud vinculados a actividades empresariales. Este silencio desplaza a las comunidades afectadas del debate público y agrava la inequidad intergeneracional. Reducir la contaminación a “daño colateral” evade la cuestión ética central: ¿qué modelo de desarrollo puede considerarse justo si sacrifica la salud y el futuro de la infancia?

CONCLUSIÓN, RESPONSABILIDAD ESTATAL Y JUSTICIA AMBIENTAL INFANTIL

La crisis ambiental y sanitaria asociada a la contaminación por metales pesados provenientes de la industria extractivista y culpable de la vulneración de miles de infancias en Chile, es sistemática y multisectorial. Por lo tanto, esta alarmante situación exige respuestas integrales, permanentes y justas. El llamado a la responsabilidad y acción política es fuerte y claro. El Estado debe implementar monitoreo biomédico continuo, atención especializada y políticas de descontaminación territorializadas, con participación activa de las comunidades afectadas.

Para lo anterior, es necesario considerar el fenómeno del extractivismo, la actividad empresarial y las consecuencias derivadas de ello, en el ecosistema y la salud de las personas desde un panorama holístico e integral. Por lo tanto, la acción del Estado y la sujeción a las normas de derecho internacional debe, en primer lugar, asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas, y la protección efectiva de los grupos etarios más expuestos y vulnerables, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes habitantes de zonas de sacrificio.

Para lo anterior, es necesaria la interposición de un nuevo paradigma social, jurídico, político y legislativo que ponga los derechos de la infancia y adolescencia en primer lugar frente a la depredación del medio ambiente, fomentando la relación y convivencia entre la Industria, el ecosistema afectado y los derechos y la integridad de los habitantes.   

La negativa a la acción ante lo anterior no solo significa una contravención a normas nacionales e internacionales, sino que erosiona la confianza en la democracia misma. El crecimiento y desarrollo adecuado de las infancias es un indicador de Justicia Social y Democracia, y la ausencia de acción permitirá que el crecimiento y desarrollo económico seguirá en aumento, a costa de la salud y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes chilenos.