Meritocracia, evidencia y debate público

Los dichos de la historiadora Lucía Santa Cruz en El Mercurio, en su columna «La gran feminización de la sociedad», han generado alto revuelo en los círculos intelectuales. La autora de este texto sostiene que ese debate va más allá del género que «lo que está en juego es cómo Chile entiende hoy la desigualdad, la meritocracia y el papel que debe tener la evidencia empírica tanto en el diagnóstico como en las soluciones a los problemas sociales que siguen marcando la agenda».

La reciente columna de Lucía Santa Cruz sobre la supuesta “feminización de la sociedad”, publicada en El Mercurio, reactivó un debate que va mucho más allá de una disputa puntual sobre género. Lo que está en juego es cómo Chile entiende hoy la desigualdad, la meritocracia y el papel que debe tener la evidencia empírica tanto en el diagnóstico como en las soluciones a los problemas sociales que siguen marcando la agenda. En vísperas de un nuevo ciclo de gobierno, en el que se discutirán reformas e iniciativas legales en múltiples áreas, preguntarse cómo integrar seriamente estos datos en el diseño de políticas públicas no es un detalle técnico, sino una condición básica para un debate público informado.

Santa Cruz sostiene que, aun en un contexto donde predomina un discurso favorable a la igualdad de género, no deberían existir límites para cuestionar el sentido común dominante a partir de argumentos racionales. El punto central, sin embargo, es que esta discusión no se da entre opiniones equivalentes, sino sobre la base de un cuerpo de conocimiento que, mediante métodos rigurosos y acumulación de evidencia, ha ido alcanzando consensos provisionales. Que una pregunta siga siendo debatida no implica que todas las respuestas sean igualmente plausibles ni cuenten con el mismo grado de respaldo empírico.

Una de las posiciones que ha ganado visibilidad en esta discusión —y que ilustra bien esta tensión entre opinión y evidencia—es la idea de que una supuesta “feminización” de la sociedad pondría en riesgo la meritocracia, especialmente cuando el aumento de mujeres en posiciones relevantes se atribuye a cuotas o leyes antidiscriminación y no a una competencia justa. El problema no está en formular preguntas incómodas, sino en cómo se evalúan las respuestas cuando esas preguntas ya han sido estudiadas de manera sistemática, sobre todo en el ámbito del mercado laboral, donde existe una amplia y rigurosa producción científica.

Aquí es necesario detenerse en qué entendemos por meritocracia y cómo opera en la práctica. En el debate público suele asumirse que el mercado laboral funciona como un espacio neutral, con reglas claras, criterios objetivos y evaluaciones independientes de atributos irrelevantes al desempeño, como el género o la clase social. Sin embargo, décadas de investigación muestran que los procesos de selección, evaluación y remuneración incorporan sistemáticamente estereotipos de género (entre otros) que benefician a los hombres, especialmente en puestos masculinizados. Esa neutralidad es, en el mejor de los casos, un ideal normativo, no una descripción empírica del funcionamiento real de los mercados laborales y las organizaciones.

Parte de esta discusión se apoya en la idea de que hombres y mujeres tendrían capacidades diferentes, “sin que unas sean inferiores a las otras”, en palabras de Santa Cruz. Pero la evidencia muestra que aquellas características culturalmente vinculadas a lo femenino (ej., sensibilidad y comunalidad) tienden a asociarse con posiciones de menor estatus social, recompensa económica y poder, mientras que las características culturalmente vinculadas a lo masculino (ej., agencia y competencia) tienden a considerarse más propias de quienes ocupan posiciones de alto estatus y control de recursos.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre cuotas y políticas antidiscriminación suele partir de un supuesto problemático: que estas medidas inclinan la balanza a favor de las mujeres en un sistema que, de otro modo, sería justo. La evidencia científica apunta en otra dirección: que los mercados laborales están atravesados por sesgos sistemáticos, a menudo implícitos, que influyen en decisiones de contratación, promoción y remuneración, incluso cuando hombres y mujeres presentan credenciales equivalentes. Un metaanálisis de más de 70 experimentos de contratación en 26 países muestra que, a igual currículum, las mujeres reciben menos llamados a entrevista que los hombres en empleos masculinizados y mejor pagados. En áreas como matemáticas, incluso entre recién graduados con notas sobresalientes, los hombres pueden recibir hasta tres veces más llamados. El problema no es si las mujeres merecen los espacios que ocupan, sino que la evaluación del mérito no es neutral: a igual mérito, no hay igual recompensa. 

Este diagnóstico resulta especialmente relevante en un contexto de discusión de reformas e iniciativas que buscan corregir desigualdades persistentes. Los argumentos de Santa Cruz no solo van a contrapelo del sentido común dominante al que ella misma alude, sino también del grueso de la evidencia científica disponible. Si el objetivo es defender una meritocracia sustantiva, se debe abandonar la ilusión de que la inacción garantiza justicia: la llamada “neutralidad” institucional opera más como un mito legitimador que como una realidad demostrada. El problema no está en las herramientas que buscan corregir desigualdades, como las cuotas, sino en la creencia poco fundada de que el terreno ya estaba nivelado antes de que “llegaran las mujeres”.

En un escenario de revisión de políticas públicas, enriquecer estos debates exige distinguir entre intuiciones normativas y evidencia empírica, y tomarse en serio el conocimiento acumulado. Las preguntas en juego son empíricas y deben evaluarse a la luz de los hechos, no solo desde la fuerza de los argumentos.