Caso Chuñil y cobertura mediática: el riesgo de un periodismo sin memoria frente a las injusticias judiciales

La autora de esta columna hace una análisis crítico de la cobertura que los medios de comunicación tradicionales han hecho del caso de la desaparición de Julia Chuñil, concluyendo que los periodistas “como profesionales, sabemos cuánto incide la selección de fuentes, el uso del lenguaje y la jerarquización de hipótesis en la construcción de una “verdad pública” que puede anteceder la verdad judicial. Ninguna de estas decisiones son inocentes ni inocuas. Pero hay algo más profundo e ineludible en nuestro quehacer periodístico: nunca podemos perder de la memoria las injusticias judiciales que marcan el contexto de las coberturas periodísticas y el principio ético del oficio”.

Créditos imagen de portada: Víctor Huenante/ Agencia Uno

Durante la última semana se han dado a conocer antecedentes relevantes dentro de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por la desaparición hace 14 meses de Julia Chuñil Catricura, comunera mapuche de la comunidad indígena de Putreguel, en Máfil, de la región de Los Ríos. 

Los nuevos antecedentes, incorporados en la carpeta de investigación, fueron presentados como un giro en el caso poniendo el foco en los hijos de Chuñil, apuntados por la Fiscalía como los principales responsables de su desaparición. Una tesis rechazada por la defensa de la familia Chuñil quienes acusan que no existen pruebas científicas ni peritajes que respalden las imputaciones del Ministerio Público luego de meses de indagatorias. Según la defensa, la acusación se sustentaría únicamente en el testimonio de un testigo protegido y en la declaración de un coimputado que no contaba con abogado defensor, lo que, afirman, vulnera gravemente las garantías básicas del debido proceso. 

Este caso ha generado conmoción nacional y ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación regionales y nacionales. Sin embargo, resulta llamativo que esta cobertura masiva se produzca recién ahora, a más de un año de la desaparición de Chuñil. Durante sus primeros meses, fueron pocos los medios, principalmente independientes, que incorporaron el caso en sus pautas informativas. 

Tengo conocimiento de aquello porque lo cubrí al cumplirse tres meses de la desaparición para un medio chileno y también para un medio internacional (Argentina) a los 100 días, justamente porque no había alcanzado la visibilidad que la gravedad del caso ameritaba. 

Lo que más llama la atención es la cobertura que han dado los medios a este hecho durante las últimas semanas cuando se trata de una acusación hacia los familiares de la desaparecida, una arista que formaba parte de las líneas de investigación, al igual que la tesis que apunta al empresario del fundo aledaño al que vivía Chuñil, Juan Carlos Morstadt Anwandter, a quien se apuntaba como un sospechoso por las supuestas amenazas proferidas a Julia por conflictos territoriales, incluso, ofrecimientos de venta de su terreno a la que ella se habría negado por la defensa de su territorio. 

El tratamiento noticioso ha sido en este caso, como mínimo, cuestionable. En primer lugar, porque estamos frente a una investigación en proceso, sin embargo, abundan los juicios asumiendo una verdad jurídica basada en la tesis de la Fiscalía. Se imponen narraciones cerradas que no dejan espacio a la duda cuando nos encontramos frente a hechos que no han sido probados. Llama la atención la ausencia de los verbos condicionales en los textos periodísticos por si hubiese un ápice de duda como principio ético básico del oficio. A esto se suman comentarios frívolos que parecen hacerse pensando, más que en un caso judicial, en un guion de película que olvida que hablamos sobre vidas de personas, familias y de acceso a la justicia. Pero por sobre todo, desvía a los profesionales de su deber informativo situándolos como comentaristas valóricos que buscan tener influencia en redes sociales.

En segundo lugar, no todos estos antecedentes han tenido una cobertura equilibrada, al contrario, esta ha sido parcial. Ocurre con una denuncia presentada por la familia Chuñil contra la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, y un funcionario de Labocar por apremios ilegítimos en contra de Jeanette Troncoso, hija de Chuñil, dado que declaró haber sido llevada a un furgón donde habría sido incitada a declararse culpable de los hechos con la persecutora presente. La fiscal solicitó su inhabilidad del caso, sin embargo, esta no le fue concedida por la Fiscalía Nacional y continuó a cargo de la investigación, pese a la existencia de dicha querella en su contra. En términos mediáticos: mientras una denuncia por apremios ilegítimos contra una fiscal regional ha recibido una cobertura marginal, se amplifican acusaciones no probadas contra familiares de una persona desaparecida.

Y, en tercer lugar, es precisamente aquí donde el periodismo responsable jamás pierde de vista el contexto que precede a estos casos: recientemente conocimos la sentencia después de ocho años del caso Huracán en la que se estableció la manipulación de pruebas por parte de policías en contra de comuneros mapuche acusados de asociación ilícita terrorista quienes fueron finalmente declarados inocentes. O recordar el caso Luchsinger-Mackay –el que tuve la oportunidad de largamente cubrir– en cual dirigentes mapuche, estuvieron casi dos años en prisión preventiva para luego ser absueltos de los cargos por los cuales se les procesó bajo la Ley Antiterrorista. Ambos han sido de los casos judiciales más complejos que se han conocido en la última década, y sin duda que el caso de la desaparición de Chuñil también lo será. Frente a eso, no dejar espacio a la duda cuando tenemos de antecedente evidentes errores judiciales es desconocer los aprendizajes que debieran regir un principio de cautela para la cobertura periodística. 

EL FOCO SE DESPLAZA 

Cabe preguntarse la razón por la cual ciertos casos vinculados a comunidades mapuche sólo adquieren centralidad mediática cuando la investigación apunta al entorno familiar y no cuando existen posibles responsabilidades externas asociadas a conflictos territoriales o económicos. Es preciso recordar el caso sobre la muerte de Macarena Valdés, activista territorial de Panguipulli, encontrada muerta en su casa en 2016. 

Cubrí el caso, revisé antecedentes y conversé en reiteradas ocasiones con la defensa de la familia y con Rubén Collío, pareja de Valdés y werken de la comunidad. Opositora a una hidroeléctrica en la zona, Valdés había denunciado hostigamientos por funcionarios que habrían estado ligados al proyecto antes de su muerte. Aunque la Fiscalía sostuvo la tesis de suicidio basada en informes del Servicio Médico Legal, esta fue rechazada por Collío, quién exigió continuar la investigación y solicitó un metaperitaje tras la exhumación del cuerpo. Aún así, inicialmente se apuntó a violencia intrafamiliar y situaciones de pareja que habrían incidido en que ella se quitara la vida. Collío buscó evidenciar las irregularidades de la investigación y no perder de vista la existencia de un conflicto territorial hasta su muerte en 2022 en un accidente automovilístico. 

Durante estas semanas medios de prensa han apuntado a un contexto de violencia intrafamiliar y del delito de maltrato habitual en contra de Julia Chuñil. Sin embargo, esto fue descartado por el juez de garantía de Los Lagos y confirmado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, dado que en los hechos esto no se probó. Pese a eso, vemos la insistencia de narrativas de violencia intrafamiliar, que desactiva lecturas políticas más profundas. Nos quedamos cortos como periodistas si solo cubrimos el caso como una crónica roja o policial, sí, es una parte de la contingencia, pero hay que complejizar las narrativas, no descartar el contexto, situado y político.

SOBRE LOS CARGOS FORMULADOS POR EL CNTV

Dicho tratamiento noticioso cuestionable del caso no ha sido puntual. Muestra de aquello son los cargos formulados en diciembre de 2025 por el Consejo Nacional de Televisión en contra de Canal 13 por más de 540 denuncias recibidas por la emisión del reportaje «¿Qué ocurrió con Julia Chuñil? Las dos tesis investigativas», en su noticiero central, el 12 de octubre de 2025. En general, se acusó “la existencia de imputaciones infundadas, sesgos informativos, exposición indebida de personas, omisiones de contexto y vulneración de derechos fundamentales respecto a los sujetos aludidos en dicha nota”.

Dentro de los que incorpora en su acta el CNTV, destaco una denuncia que advierte que en dicho reportaje se afirma que “los vecinos niegan que Julia Chuñil sea una activista ambiental”, sin mostrar evidencia ni declaraciones que respalden dicha afirmación. Sin embargo, Chuñil fue una de las fundadoras y presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, reconocida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en 2014.

Dentro del reportaje las sospechas hacia la familia son presentadas como ‘pruebas de la investigación’, mientras que las acusaciones contra el empresario son descritas como simples ‘dichos de los familiares’, generando una percepción de parcialidad y sesgo informativo. Así también nada se señala sobre el contexto de amenazas y hostigamiento que Chuñil habría sufrido por parte de Morstadt, antecedentes conocidos públicamente.

El CNTV consideró que el contenido presentado en este reportaje asume hipótesis como confirmadas aun cuando es investigación llevada adelante por el Ministerio Público en desarrollo. Por ahora, se esperan los descargos del canal de televisión y la respuesta del proceso sancionatorio. 

Como profesionales, sabemos cuánto incide la selección de fuentes, el uso del lenguaje y la jerarquización de hipótesis en la construcción de una “verdad pública” que puede anteceder la verdad judicial. Ninguna de estas decisiones son inocentes ni inocuas. Pero hay algo más profundo e ineludible en nuestro quehacer periodístico: nunca podemos perder de la memoria las injusticias judiciales que marcan el contexto de las coberturas periodísticas y el principio ético del oficio.