El caso de Crespo y la memoria en disputa: cuando la justicia justifica la violencia estatal

El autor de esta columna analiza el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo de su responsabilidad en las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica desde la perspectiva de la memoria histórica. Sostiene que «la absolución de Crespo no es solo un fallo judicial: es la confirmación de que la memoria reciente sigue siendo un terreno en disputa. Lo que está en juego no es únicamente la justicia para Gustavo Gatica, sino el relato que como sociedad aceptamos sobre el estallido social. Si permitimos que se instale la versión que justifica la violencia estatal, no solo se invisibiliza a las víctimas, sino que se normaliza el castigo colectivo como herramienta política. Defender la memoria es, entonces, defender la democracia: porque sin verdad compartida, lo que queda es la impunidad convertida en historia oficial».

Créditos imagen de portada: Hans Scott / Agencia Uno

La absolución del ex carabinero Claudio Crespo interpela a toda nuestra sociedad: algunos indignados, otros celebran, pero nadie queda indiferente. Junto al caso de la senadora Fabiola Campillai, el de Gustavo Gatica fue uno de los más mediáticos durante el estallido social de 2019. La imagen del joven sangrando por sus dos ojos impactó al mundo entero: una señal clara de que la policía chilena violaba los derechos humanos. Nadie dudó entonces. Pero hoy, seis años después, la Corte confirma el crimen y, sin embargo, no hay condena. ¿Por qué?

MÁS QUE UN FALLO JUDICIAL: UNA DISPUTA POR EL RELATO

El veredicto no se explica solo por la aplicación retroactiva de la Ley Nain-Retamal que declara la acción de Crespo como defensa legítima privilegiada, ni por los hechos demostrados por la fiscalía. Este caso también intenta reescribir lo que se piensa —y se pensará— del estallido social. La memoria juega aquí un rol fundamental: habla más del momento político actual que de la situación judicial misma, que terminó en impunidad.

La memoria no es una biblioteca de recuerdos, sino un vehículo vivo que dialoga social y políticamente. El antropólogo Joël Candau se pregunta: ¿Qué conservar? ¿Cómo conservar? ¿Para quién conservar? ¿Cómo transmitir? Y, ¿por qué transmitir? Recordamos para transmitir porque los grupos humanos tienen intereses en qué recordar. Recordar es un acto profundamente social.

LA MEMORIA COMO CAMPO DE BATALLA

El sicólogo y sociólogo francés Maurice Halbwachs sostiene que la memoria no es solo individual, sino que depende de los marcos sociales—lenguaje, espacios físicos, simbolismos, calendarios, clases sociales— que dan sentido y estructura a lo que recordamos y que estos se organizan con relación al recuerdo de otros, de ahí el carácter colectivo de la memoria, No se trata de lavado de cerebro, sino de comprender que la memoria es dinámica y que puede ir cambiando según como cambian los valores de los grupos. 

No porque existan dos versiones del hecho: Crespo disparó para mutilar a Gatica. Eso no es interpretación, es un hecho. Pero la forma de recordar por qué y la motivación sí responde a intereses ideológicos que se expresan en la memoria y se vinculan con el presente en este caso de nuestra sociedad y sus grupos.

LA NARRATIVA QUE SE INSTALA

La investigadora argentina Elizabeth Jelin (2002) profundiza en la noción de memoria colectiva y la amplía hacia el concepto de memoria compartida, destacando que no se trata de datos fijos, sino de procesos en permanente construcción. La memoria es, en este sentido, un terreno de disputa política: distintos actores compiten por imponer su versión como la “verdad” oficial, especialmente en contextos marcados por violencia política en América Latina. Lo ocurrido en estos seis años con juicios como el de Crespo refleja precisamente cómo los hechos son interpretados desde el presente, bajo claves políticas.

Para Jelin (en su libro Los Trabajos de la Memoria, 2002), el pasado no es estático ni único; es el resultado de una confrontación activa entre actores que buscan que prevalezca su mirada, dotando de significado los acontecimientos según sus intereses, o rompiendo con los silencios y omisiones históricas.

Asimismo, los momentos de transición política —cambios de régimen, períodos de ruptura— generan escenarios de disputa entre actores con experiencias y expectativas divergentes, muchas veces opuestas. Cada postura implica una interpretación del pasado y, en la mayoría de los casos, un programa implícito sobre cómo tratar ese pasado en la nueva etapa, concebida como quiebre respecto de la anterior.

El relato del fallo judicial sorprende por su falta de consistencia histórica. Presenta a Carabineros como víctimas de “hordas salvajes”. Más allá de cómo acomodaron jurídicamente el relato, se evidencia un interés en relatar un contexto de un día ignorando el contexto mismo del estallido social; existe, al calor del veredicto, un desprecio por los cientos de miles de personas que protestaban pacíficamente, que es un hecho. Quienes estuvimos en Plaza Dignidad —o Italia, llámele como quiera— sabemos que la represión fue brutal, porque la orden fue que debía ser brutal. Los mutilados que se consignan como cientos, los muertos, la violencia física y sexual, no son un azar ni una aleatoriedad: son una forma de castigo colectivo, y lo consignan diversos informes de Amnistía Internacional, la ONU y el INDH.

UNA DERROTA TAMBIÉN EN LA MEMORIA

La derecha se encargó, desde el Acuerdo por la Paz, de generar una estrategia consistente para desprestigiar el masivo apoyo que tuvo el estallido y criminalizarlo en todas sus aristas. Se han instalado mitos y psicosis social en los medios. El progresismo, en cambio, ha cedido terreno en esta disputa. No ha sabido enfrentar el juicio moral sobre la violencia, el “condena o no condena”, el debate sobre la polera del “Negro mata pacos”, y ha permitido que se imponga no un negacionismo —porque ni siquiera hemos logrado que la derecha niegue las violaciones de DD. HH.— sino algo igual de perverso: la instalación de un relato que justifica la violencia estatal. 

Hoy, en el caso de Gustavo Gatica, se escucha el “se lo merecen”, “querían destruir Chile”, por lo tanto, la violación de derechos humanos por parte del Estado está justificada. Llevamos años y hasta una película escuchando por diversos medios sobre la destrucción y los saqueos, pero atrás parecieran quedar las cifras oscuras sobre violencia estatal; eso no es tema, “esa gente por algo estaba ahí haciendo algo”. Como en los mejores años de dictadura enfrentamos un relato sórdido sin ningún contrapeso real.

Lo que pasó con Gustavo Gatica y la absolución de Crespo refleja también una derrota en la memoria reciente. Los jueces emitieron un veredicto amparado en una narrativa que complace a la derecha, no por algún plan oculto (aunque con la justicia chilena nunca se puede descartar), sino porque a más de seis años del estallido social se ha ido construyendo un relato de criminalización de la protesta, de las demandas que motivaron la protesta social y de justificación de los crímenes cometidos por el Estado en esa época y que cada día, si no se pone freno, pareciera más natural y más justificados. La ley complace al sentir social del presente en estos casos. Por eso, no pueden negar que Crespo disparó y mutiló, pero sí pueden absolverlo, usando mecanismos que el propio gobierno dejó en bandeja porque tampoco dio una lucha por la memoria reciente y al poco andar se distanció del estallido de su gente de sus penas y sus alegrías.

La absolución de Crespo no es solo un fallo judicial: es la confirmación de que la memoria reciente sigue siendo un terreno en disputa. Lo que está en juego no es únicamente la justicia para Gustavo Gatica, sino el relato que como sociedad aceptamos sobre el estallido social. Si permitimos que se instale la versión que justifica la violencia estatal, no solo se invisibiliza a las víctimas, sino que se normaliza el castigo colectivo como herramienta política. Defender la memoria es, entonces, defender la democracia: porque sin verdad compartida, lo que queda es la impunidad convertida en historia oficial.