La corrupción en Gendarmería y sus soluciones
16.01.2026
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16.01.2026
El autor de esta columna es un profesional de la salud que trabaja hace años en contacto directo con funcionarios de Gendarmería. Desde esa experiencia opina que la reforma presentada por el Gobierno no es la solución para la crisis de corrupción interna y advierte que «el país no puede permitirse un error en la reforma a Gendarmería y un diagnóstico apresurado y sesgado, con una solución parcial es gravemente peligrosa para la sociedad chilena. Debe discutirse ampliamente y con todos los actores involucrados las opciones para una mejor y nueva Gendarmería de Chile.
Por el bien de Chile así debe ser. La humildad llama a la calma y a adoptar soluciones profundas, efectivas y que contemplen un verdadero diagnóstico de lo que pasa al interior de la institución».
Créditos imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno
Durante casi tres décadas he tenido la posibilidad de ser un testigo privilegiado de cómo se desempeña la vida de las instituciones que se encuentran bajo el alero de Dipreca, atendiendo en mi condición de médico civil a funcionarios de todas ellas, en especial y por una rareza geográfica a muchos de los funcionarios de Gendarmería de Chile. Lo anterior, debido a que aproximadamente el 70% de los funcionarios de Gendarmería, Oficiales y Suboficiales, son oriundos y residen en la Región del Maule, indistintamente de donde ellos laboren en el país.
Eso me ha permitido establecer una relación particular y de confianza con muchos funcionarios activos y en retiro de la institución. Asimismo, esta relación me ha dado a conocer desde hace años la temática que hoy preocupa a la ciudadanía chilena y que no es otra que la corrupción institucional y cuyos casos apenas empiezan a salir a la luz. En efecto, he visto cómo muchos buenos y probos funcionarios, de las plantas de oficiales y suboficiales han intentado denunciar dentro de sus propias áreas de competencia situaciones irregulares que suceden al interior de las unidades penales, con resultado mediocre la mayor parte de las veces, y que los ha llevado al borde de perder sus carreras y de recibir por parte de otras instancias estatales el consejo de “no luchar contra los molinos de viento”.
Sin abordar casos específicos, lo que violaría el debido y obligado secreto profesional y sin intentar señalar a nadie como culpable en particular, debo insistir en que la situación de Gendarmería de Chile es fruto ante todo del abandono negligente por parte del Estado de esta institución, relegada a la oscuridad de lo que no queremos conocer. Y quiero ilustrar ese abandono con un recuerdo de hace ya más de un lustro. En mi condición de perito psiquiatra concurrí a una unidad de Gendarmería a evaluar a unos imputados, y en una conversación abierta y franca los funcionarios me mostraban sus botas, las que no habían sido obtenidas por la institución, sino que, por ellos mismos, a través de sus contactos con otras instituciones uniformadas, pues ya llevaban varios años sin recibirlas por parte del Estado. Tenían en uso cuatro meses y ya estaban completamente rotas, debiendo trabajar en esas miserables condiciones.
Desde ese conocimiento tan cercano a la realidad del día a día de los funcionarios de Gendarmería, me permito, como simple ciudadano, evaluar la actual Reforma propuesta con urgencia por el Gobierno saliente, la que de entrada me parece apresurada y peligrosa, destinada más a mostrar desesperadamente que se hizo algo en el tema, que a solucionar efectiva y definitivamente la corrupción institucional.
El principal pecado de la Reforma propuesta es hacer creer a la ciudadanía que el origen de la corrupción proviene de una sola causa: el carácter no militar de la institución. Y eso es un pésimo diagnóstico, pues el origen de este fenómeno es más amplio y complejo.
Efectivamente, el origen de la corrupción de Gendarmería está al menos en tres áreas diferentes:
La reforma propuesta apunta a militarizar Gendarmería de Chile y a suprimir las asociaciones gremiales, como si la globalidad de la corrupción administrativa proviniera de esa causa, la que como lo señalé no es la única ni la más importante. El resultado final de esa medida, que comparto parcialmente, pero que, utilizada de manera única y sin criterio, será silenciar las voces probas que se han alzado para denunciar la grave situación que afecta a la Institución.
Y eso sólo provocará el esconder bajo la alfombra las causas mayores que fueron reseñadas anteriormente. El secretismo y la obediencia de la jerarquía militar, no es garantía suficiente para impedir la corrupción. Militarizar una institución que ha llegado a estos niveles es garantizar su enquistamiento y florecimiento fuera del alcance de la opinión pública, hasta que sea demasiado tarde. Yo me pregunto, ¿el carácter militar de Carabineros o del Ejército de Chile impidió que estas instituciones estuvieran ajenas al fenómeno de la corrupción?
Por eso, es ingenuo pensar en que sólo un cambio de dependencia garantizará que la corrupción se detenga.
Es más, falta en las propuestas, la separación estamental necesaria entre los ámbitos operativos, administrativos y profesionales-técnicos, prohibiendo que quienes tengan contacto con el crimen organizado participen de la alta gestión institucional, por el alto riesgo de que esas personas se hayan corrompido y actúen como vectores de protección y mayor corrupción de la propia institución. La alta gestión de esta debe estar libre de la posibilidad de corrupción y eso sólo se posibilitará si los funcionarios que están en los ámbitos administrativos jamás hayan interactuado con la población carcelaria. Esa visión ni siquiera se ha mencionado.
Por otro lado, se pretende silenciar la voz de la denuncia, bajo el peso de la jerarquía militar. Hay un bien público mayor que cautelar la obediencia debida, y es la probidad pública. Y la solución de esto es un tema más general que atañe al conjunto de la sociedad: hay que plantearse de una vez por todas en este país la necesaria inmunidad, fuero y protección de los testigos privilegiados que hacen público la corrupción pública y privada. No sólo para Gendarmería sino para el conjunto de las instituciones públicas y privadas del país.
En otras legislaciones más avanzadas europeas y anglosajonas, el Lanceur d’alerte, por su nombre en francés, es un testigo privilegiado que da a conocer públicamente actos que amenazan el bien mayor de la probidad pública y privada. Algo similar hace falta en Chile y es el momento de discutirlo.
El país no puede permitirse un error en la reforma a Gendarmería y un diagnóstico apresurado y sesgado, con una solución parcial es gravemente peligrosa para la sociedad chilena. Debe discutirse ampliamente y con todos los actores involucrados las opciones para una mejor y nueva Gendarmería de Chile.
Por el bien de Chile así debe ser. La humildad llama a la calma y a adoptar soluciones profundas, efectivas y que contemplen un verdadero diagnóstico de lo que pasa al interior de la institución.
Obrar de otra manera es garantizar el fracaso en la lucha contra la corrupción.