El autor de esta columna analiza desde el prisma de los derechos humanos los argumentos a favor y en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro. Sostiene que se requiere que los países adopten una concepción política de los derechos humanos que funcione como base para la inclusión en la comunidad internacional. Lo anterior, eso sí, queda sujeto a una condición fundamental: entender que los derechos humanos no son un capricho de cada comunidad, sino las reglas mínimas para que podamos convivir y entendernos (…) Al ser las llaves que nos permiten participar en la mesa de la democracia, estos derechos actúan como un límite que ninguna comunidad política -mucho menos un líder poderoso o una mayoría circunstancial- puede saltarse; pues si rompemos esas reglas, simplemente dejamos de ser una sociedad democrática».
Créditos imagen de portada: Cristofer Devia / Agencia Uno
La captura de Maduro ha dejado una sensación extraña en muchos de nosotros. Quien haya tenido contacto con inmigrantes venezolanos o conozca los informes de la misión independiente de la ONU -desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales- junto al fraude electoral del año pasado, difícilmente puede no alegrarse ante la caída del dictador.A su vez, la reciente liberación de rehenes políticos parece ratificar un cambio definitivo en el régimen venezolano.
Sin embargo, que la mayor potencia militar del mundo haya actuado de forma unilateral, sumado a los inquietantes discursos posteriores de Trump centrados en el control del petróleo venezolano, nos sitúa en un desconcierto que ha marcado el debate público: no sabemos bien si celebrar o condenar.
Frente a cada argumento jurídico o moral que condena el actuar de Trump surge otro, aparentemente igual de válido, que deja la discusión en una suerte de empate.
Entre quienes condenan la acción de EE. UU., la argumentación fluye desde la justicia y el derecho. Ellos sostienen que la captura del jefe de Estado viola cuestiones valiosas, como la igualdad soberana, el principio de no intervención y la prohibición del uso de la fuerza consagrados en la Carta de la ONU. Ninguna de las excepciones previstas, como la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad, fue siquiera invocada por lo que el secuestro resulta jurídica y moralmente condenable, aun si produce un efecto deseado.
Por su parte, entre los que celebran, se distinguen al menos tres grupos. Primero están quienes, sin renunciar a la legitimidad del derecho internacional, replican que Maduro lleva años violando los mismos tratados internacionales que se citan en su defensa. Este grupo de empate jurídico agrega que, gracias a la administración Trump el denominado “narcodictador” se enfrentará finalmente a un tribunal que lo juzgará conforme derecho, lo que antes nos parecía imposible. Estos argumentos, expuestos sin mayor profundidad, poseen el poder persuasivo suficiente para dejarnos atónitos.
El segundo grupo -que no renuncia a la necesidad de que la moral guíe el actuar político- examina el problema desde una óptica consecuencialista. Para ellos, no resulta tan relevante analizar la bondad o maldad de Trump al ejecutar la operación, ni si se ajustó al cumplimiento de una norma jurídica, sino atender a las consecuencias que dicho acto genera. En efecto: liberar a Venezuela de Maduro sería un fin tan valioso que la exigencia de ajustar el actuar de los Estados al derecho internacional puede quedar relegada. Nuevamente, quedamos aturdidos.
El tercer grupo es el más pesimista respecto al orden internacional. Ellos ven en la política, sobre todo, una lucha por poder, en consecuencia, argumentan que las nociones de justicia o derechos humanos encubren siempre proyectos hegemónicos o ideologías. Siguiendo a Carl Schmitt, la política consiste en trazar una distinción entre amigos y enemigos, siendo estos últimos una amenaza existencial a nuestra forma de vida.
Desde esta última perspectiva, la lealtad de Maduro a potencias adversarias de Estados Unidos hacía previsible el sometimiento por la fuerza del régimen venezolano y su reconfiguración según los intereses de la Casa Blanca. Como dicen los venezolanos, Irán y Rusia no fueron a Venezuela por la receta de las arepas, y Trump tampoco. Quienes adoptan esta mirada sostienen que no tiene sentido indignarnos o recurrir a los derechos humanos para fijar límites a la acción política. Para ellos, la maniobra de Trump fue un golpe eficaz para asegurar la hegemonía estadounidense, nos guste o no. Aquí el desconcierto moral se transforma en resignación frente a cómo funciona la política.
En este contexto, cabe examinar si existe alguna forma de salir de esta situación. Hay varias, pero me parece que Jürgen Habermas tiene algo relevante que aportar al retrotraernos a los fundamentos morales de los tratados internacionales de derechos humanos. Para este filósofo, tras siglos de secularización del concepto cristiano de dignidad a partir de una racionalización de la moral, sumados a las crisis humanitarias de las guerras mundiales, nuestra civilización alcanzó en los derechos humanos el único ideal normativo valido. En concreto, para él, nuestra civilización juzga lo que es correcto con los derechos humanos como criterio.
Si los derechos humanos son nuestro criterio de evaluación, entonces Habermas debe explicar qué comprenden. Su teoría implica que no podemos desvincular las declaraciones de derechos humanos de la justificación moral racional que los sustenta. En los derechos humanos, se entrelazarían dos cuestiones valiosas moralmente: grosso modo, los derechos liberales (entendidos como la libertad privada) y la soberanía popular (comprendida como las libertades políticas). Estos dos elementos garantizan las condiciones mínimas para que una comunidad democrática forme una voluntad política racional. Por eso, democracia y Estado de derecho se presuponen mutuamente.
La reciente asunción de este ideal normativo permitió expandir una cultura de derechos humanos por todo el mundo, aunque -reconoce Habermas- también ha facilitado el abuso de su retórica por parte de países que violan estos derechos mientras afirman actuar en su nombre. Tanto Trump como Maduro se hayan en este último caso, pero este problema de los derechos humanos no impide que recurramos a ellos para condenar lo realizado por EE. UU.
¿Cómo responder entonces al grupo del empate jurídico? Trump actuó de forma unilateral, sin deliberación en la ONU ni en su propio Congreso. Sus argumentos -centrados en el petróleo y no en los venezolanos- no alcanzan el umbral de racionalidad que exige una república democrática. Su intervención no corrige la ilegalidad del régimen venezolano: crea nuevas. Si dijimos que la soberanía popular es un elemento esencial de los derechos humanos, resulta moral y jurídicamente contradictorio pretender el resguardo de las libertades políticas venezolanas reemplazándolas por la voluntad política del gobierno de Trump.
En cuanto al segundo grupo, los derechos humanos rechazan esta mirada consecuencialista, ya que su fundamento en la dignidad humana niega que cualquier medio sea válido para garantizar la protección de los derechos. Además, este grupo debe acreditar lo que a todas luces es un falso dilema, pues la única alternativa para derrocar a Maduro no era necesariamente violar el derecho internacional. De este modo, no se nos puede obligar a aceptar los medios elegidos, ni menos aún a validarlos.
Finalmente, respecto al tercer grupo, este es uno al que Habermas dedica largas páginas. Para él, frente a una práctica política basada en la lógica del amigo y el enemigo, y en un mundo cada vez más interdependiente, se requiere que los países adopten una concepción política de los derechos humanos que funcione como base para la inclusión en la comunidad internacional. Lo anterior, eso sí, queda sujeto a una condición fundamental: entender que los derechos humanos no son un capricho de cada comunidad, sino las reglas mínimas para que podamos convivir y entendernos. Para Habermas, estos derechos no vienen dictados por la naturaleza, sino que nacen de la necesidad de reconocernos como iguales antes de empezar a hablar. Al ser las llaves que nos permiten participar en la mesa de la democracia, estos derechos actúan como un límite que ninguna comunidad política -mucho menos un líder poderoso o una mayoría circunstancial- puede saltarse; pues si rompemos esas reglas, simplemente dejamos de ser una sociedad democrática.
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Profesor Wilckens:
No es necesario citar a Habermas para comprender que el valor de los DDHH (sobre todo los de primera generación) son prioritarios, no solo deóntologicamente hablando (es decir, como principios) sino que también consecuentalistamente halando, en relación al principio de no injerencia a la soberanía que dicta el derecho internacional, si se vulneran los DDHH en algún país (independientemente de la justificación que esboce el país invasor para invadir al país corruptor). La razón de esto es simple: Arguyendo cláusulas del derecho internacional, el cual se funda en la filosofía liberal por cierto, no se puede justificar la vulneración de DDHH (o derechos fundamentales) porque la vulneración de los mismos quiebra, justamente, la razón misma del derecho internacional. No olvidemos que los DDHH son la consecuencia de los Derechos Políticos y Civiles (en principio ideados por Locke) que, en su fundamento último, está el respeto irrestricto por parte de los Estados a las libertades de los ciudadanos dentro de un régimen liberal. En otras palabras, no se puede entender el derecho internacional, sin concebir repúblicas democráticas liberales o monarquías liberales como regímenes de facto en los distintos países. O, expresado de otra forma, el único régimen que hace posible el respeto de los DDHH es un régimen liberal, y es en base a él donde el derecho internacional se funda.
En este sentido, está claro que una invasión de un país a otro no es la mejor manera de erradicar una dictadura criminal. Pero dado que la diplomacia no funcionó, el derecho internacional, como ya advertí, no puede ser excusa para permitir atropellos a las libertades de los ciudadanos de un determinado país. Dicho esto, entonces resulta comprensible y razonable toda intromisión. Pues, solo hace falta hacer un cálculo simple para dirimir que el valor de las libertades y de la vida de los ciudadanos de un país es infinitamente superior a la soberanía arrebatada por el caudillo del mismo. Por lo tanto, y es con base a esta argumentación, que la invasión de EEUU se justifica.
Ahora bien, lo que NO se justifica, es que luego de la acción estadounidense, este se apropie del país invadido (cosa que no ocurrirá) o que este (e país invasor) deje a la intemperie a los ciudadanos de un país que está destruido por culpa de la ocupación ilegal del propio caudillo. Pues, en ambos casos, el país invasor estaría vulnerado los DDHH del país invadido.
En síntesis: Solo en países dónde se respetan los DDHH (de primera generación) es posible aplicar consecuentemente el derecho internacional, ya que si esto no fuese así, el derecho internacional sería una excusa para el atropello de los DDHH. ¿No le parece esto lógico, profesor Wilkens?
Saludos cordiales,
