El autor de esta columna analiza los resultados del concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional 2025, adjudicados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el cual implicaría la desaparición de centros de gran valor estratégico para el país. Sostiene que «la crisis desatada por el fallo de la ANID en 2025 no puede interpretarse como un simple error de ponderación algorítmica; es el agotamiento definitivo de un modelo que ha confundido la excelencia académica con la capacidad de lobby y acumulación de capital de gestión (…) La pérdida de centros como el CR2 o el COES representa una forma de ‘lobotomía institucional’ autoinfligida, donde el sector público renuncia voluntariamente a los instrumentos que le permiten diagnosticar y mitigar las fracturas climáticas y sociales que amenazan la convivencia democrática».
Créditos imagen de portada: Sebastián Brogca / Agencia Uno
En la fase de clausura del actual ciclo gubernamental, el sistema científico nacional enfrenta un hito terminal que trasciende la mera gestión administrativa. Los resultados del concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional 2025, adjudicados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), representan la evidencia empírica del colapso del paradigma de «concursabilidad» vigente. La cifra es elocuente y desoladora: de los once centros seleccionados, ninguno pertenece a una universidad estatal. Por el contrario, el 63% de los fondos se concentró en una sola entidad privada de orientación confesional (PUC), confirmando una captura institucional que compromete la soberanía del conocimiento en Chile y pone en jaque la capacidad del sector público para responder a las urgencias del país.
Este escenario no es una anomalía estadística; es la consumación de una política que ha canibalizado sus propias capacidades estratégicas bajo la máscara de la excelencia. Chile vive hoy la «paradoja de la madurez»: posee indicadores de productividad científica de país desarrollado, pero sostenidos sobre una estructura laboral de precariedad extrema y una inversión estancada en el 0,39% del PIB, cifra que nos sitúa persistentemente en la cola de la OCDE.
1. EL MAPA DEL DESMANTELAMIENTO: DISCIPLINAS Y TERRITORIOS EN RETIRADA
La decisión de la ANID no solo afecta presupuestos, sino que desarticula equipos humanos que tardaron décadas en consolidarse. Al revisar el listado de centros que pierden su continuidad, queda en evidencia que el daño es transversal a distintas casas de estudios y áreas del conocimiento que el Estado no puede permitirse externalizar:
Ecología y Biodiversidad (CAPES) y Desastres Naturales (CIGIDEN): plataformas críticas que hoy quedan fuera del financiamiento basal, atomizando la capacidad de respuesta ante catástrofes y la protección de servicios ecosistémicos.
La pérdida de esta red no es un problema administrativo de las universidades; es la eliminación de la memoria técnica del Estado chileno. Disciplinas que van desde la geofísica hasta la sociología del conflicto quedan supeditadas a la desaparición definitiva, fragmentando el conocimiento soberano que Chile había logrado liderar en el Sur Global.
2. LA FALACIA DE LA MERITOCRACIA INSTITUCIONAL: UNA CANCHA INCLINADA
La tesis de la «neutralidad técnica» esgrimida por la ANID es, en el fondo, una rendición política. El Gobierno ha sostenido que, una vez puestas las reglas del juego, no tiene incidencia en los resultados. Sin embargo, esa neutralidad es ficticia. Se castiga a las universidades estatales por carecer de los excedentes financieros y las estructuras de gestión de proyectos que las universidades de élite han construido bajo el amparo de subsidios estatales históricos y beneficios tributarios por donaciones.
El «mérito» institucional se ha vuelto hoy indistinguible del capital acumulado. Resulta técnicamente incomprensible que centros de clase mundial sean desplazados por una tómbola decimal de «priorización» que no pondera el carácter estratégico de la disciplina para el país. El pecado de la actual administración ha sido mantener la precariedad de las universidades del Estado, permitiendo que la mayor parte de la torta de financiamiento público se concentre en instituciones privadas, mientras las públicas zozobran por falta de financiamiento basal. Esta descapitalización de lo público es un subsidio implícito a la hegemonía privada confesional que el oficialismo no ha sabido revertir.
3. SUBSUNCIÓN REAL Y PROLETARIZACIÓN: EL INVESTIGADOR COMO PIEZA DE RECAMBIO
La quiebra de la meritocracia se manifiesta de forma más cruel en la trayectoria de los investigadores en formación. Hemos pasado de una ciencia con sentido social a una subsunción real del trabajo intelectual, donde el investigador ya no es un generador de conocimiento soberano, sino un insumo para el prestigio institucional. El sistema exige a los jóvenes niveles de productividad desmedidos (publish or perish) para acceder a fondos cada vez más escasos. Esta competitividad opera como un mecanismo de disciplina: el sistema utiliza el esfuerzo de los jóvenes para engrosar las métricas de las universidades, pero no ofrece ninguna garantía de estabilidad una vez cumplido el ciclo de formación.
Esta dinámica crea una proletarización de la inteligencia, donde el mérito individual se convierte en una carga económica que el investigador soporta en soledad. Hablamos de miles de doctores trabajando bajo el régimen de honorarios, sin acceso a previsión social ni derechos maternales. Los científicos deben elegir entre la vocación y la subsistencia, alimentando una fuga de cerebros que es, en realidad, una transferencia gratuita de capital intelectual hacia instituciones extranjeras o privadas.
4. CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y LA AMENAZA REACCIONARIA
El desmantelamiento de estas capacidades públicas ocurre en un momento de vulnerabilidad política extrema. Ante el avance de discursos que promueven la reducción del aparato estatal bajo la retórica de «cortar la grasa» —con la figura de José Antonio Kast capitalizando el descontento—, la debilidad de la institucionalidad actual pavimenta el camino para la privatización total del pensamiento crítico. Si el conocimiento no es defendido como un derecho soberano, será reducido a una mercancía manejada exclusivamente por las élites académicas del sector oriente de la capital.
CONCLUSIÓN: HACIA UN BLINDAJE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO
La crisis desatada por el fallo de la ANID en 2025 no puede interpretarse como un simple error de ponderación algorítmica; es el agotamiento definitivo de un modelo que ha confundido la excelencia académica con la capacidad de lobby y acumulación de capital de gestión. El Estado chileno se encuentra ante una encrucijada histórica de carácter existencial: o recupera su función como director estratégico del pensamiento nacional o se resigna a ser un mero espectador de su propio colapso. La pérdida de centros como el CR2 o el COES representa una forma de «lobotomía institucional» autoinfligida, donde el sector público renuncia voluntariamente a los instrumentos que le permiten diagnosticar y mitigar las fracturas climáticas y sociales que amenazan la convivencia democrática.
La reconstrucción de un pacto científico nacional exige reconocer que no existe ciencia soberana sin investigadores protegidos ni universidades estatales que actúen como el brazo intelectual de la nación. La persistente negativa a establecer una carrera de investigación estatal no es una medida de austeridad, sino una decisión política de mantener a la inteligencia del país en un estado de supervivencia material permanente. Esto no solo asfixia el pensamiento crítico, sino que facilita la captura de la agenda pública por parte de intereses corporativos y visiones confesionales que no responden al bienestar general. La soberanía de Chile en el siglo XXI depende de nuestra capacidad para transformar la tómbola concursable en un sistema de blindaje estratégico de lo público.
Para avanzar hacia un sistema que verdaderamente valore el mérito, la justicia y la soberanía del conocimiento, es imperativo implementar las siguientes reformas estructurales:
Financiamiento basal estratégico y permanente: es urgente extraer a los centros de misión crítica (crisis hídrica, desastres naturales, democracia) de la competencia por puntajes decimales. El Estado debe garantizar la supervivencia de estos sensores sociales y ambientales mediante asignaciones directas que protejan su memoria técnica de la volatilidad presupuestaria.
Estatuto Laboral del Investigador: se debe terminar con la era de la «gig economy» académica. Reconocer por ley la investigación como una función pública soberana implica otorgar derechos sociales plenos, estabilidad y una carrera profesional que permita la retención del talento que el país financia en el extranjero.
Priorización de la infraestructura en universidades del Estado: el presupuesto nacional debe reflejar el compromiso inmanente de las universidades públicas con el desarrollo nacional. Esto requiere romper el subsidio implícito a la hegemonía privada y fortalecer las capacidades de gestión de las instituciones regionales y estatales.
Creación de una Defensoría de la Investigación: un órgano autónomo con potestad fiscalizadora que vele por la coherencia entre los desafíos estratégicos del país y la adjudicación de fondos, asegurando que el conocimiento producido sea un bien público accesible y no una propiedad privada.
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