Entre la memoria y la prevención: cómo enfrentar el próximo gran sismo-tsunami en la zona central de Chile

El autor de esta columna plantea la evidencia científica de que Chile sufrirá un terremoto o tsunami de gran envergadura, evidentemente sin que exista la posibilidad de saber cuándo será. Sostiene que «Chile central volverá a enfrentar un tsunami destructivo, con un potencial alto costo material y en vidas humanas. La pregunta es si lo hará con improvisación o con una estrategia sostenida de mitigación del riesgo. Conocer nuestro territorio, aprender de nuestra historia y sostener una preparación a corto, mediano y largo plazo (tanto de la población como de las instituciones públicas y privadas, con objetivos coordinados y alineados) es la estrategia más eficaz frente a una amenaza que, querámoslo o no, seguirá siendo parte permanente de la vida en nuestras costas».

Créditos imagen de portada: Miguel Ángel Bustos / Agencia Uno

Chile es un país sísmico y costero, y aunque nadie puede anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto o un tsunami, existen dos certezas imposibles de ignorar: lo primero es que la evidencia histórica y geológica muestra que nuestra costa ha sido impactada repetidamente por tsunamis (más de 100 han sido registrados con posterioridad a la llegada de los conquistadores españoles, con diez eventos altamente destructivos); lo segundo –e igual de importante– es que estos fenómenos volverán a ocurrir. Es más, diversas investigaciones sugieren que en la zona central del país se está acumulando energía sísmica capaz de generar, en un futuro quizás no tan lejano, un gran terremoto con potencial tsunamigénico. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿estamos realmente preparados para enfrentarlo?

La última vez que la zona central de Chile enfrentó un evento de esta envergadura fue en 1730, cuando un terremoto de magnitud estimada entre 9,1 y 9,3 afectó una extensión de aproximadamente 1.000 km, desde Atacama al Biobío. El tsunami asociado (que fue registrado incluso en Japón) inundó la localidad de Concepción (ubicada en el actual sitio de Penco) y arrasó la incipiente ciudad de Valparaíso, entonces con apenas 3.000 habitantes.

Hoy el contraste es abrumador: más de 800.000 personas viven por debajo de los 30 metros de altitud en las costas entre esas regiones. A este escenario se suma un conjunto de actividades portuarias, industriales, comerciales y turísticas de enorme relevancia, incluyendo las cuatro áreas portuarias más importantes del país (Quintero-Ventanas, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano-San Vicente), que no solo sirven a un territorio donde se concentra cerca del 70% del PIB nacional, sino que además conectan con parte significativa del comercio sudamericano. El riesgo, por tanto, ya no es solo humanitario: es también económico y estratégico.

Este crecimiento demográfico y económico eleva considerablemente el riesgo asociado a un futuro terremoto-tsunami en la zona central. Por ejemplo, si bien la ingeniería sísmica chilena es una referencia internacional y permite anticipar que muchas estructuras resistirían el movimiento telúrico, es importante recordar que las normas de diseño apuntan principalmente a evitar el colapso, no a asegurar la continuidad operacional. Esto significa que, aunque se eviten tragedias mayores, los daños podrían igualmente ser severos y prolongados, tal como evidenció el terremoto y tsunami de 2010, que dejó más de 500.000 viviendas dañadas y paralizó cadenas logísticas críticas por semanas.

En cuanto a la preparación de nuestras ciudades costeras, la situación es dispar. Chile no cuenta con los recursos para implementar sistemas de mitigación estructural a gran escala como los desarrollados en Japón, por lo que la evacuación oportuna sigue siendo nuestra principal herramienta frente a un tsunami. Si bien desde 2010 se han logrado avances notables (una ciencia más robusta, sistemas de alerta mejorados, protocolos más claros y una mayor conciencia ciudadana), los problemas evidenciados durante eventos recientes como el estado de precaución a raíz del maremoto volcánico en el archipiélago de Tonga (en enero de 2022) y la alerta de tsunami por el sismo de Kamchatka (en julio de este año) muestran que persisten brechas urgentes a solucionar.

Desde la academia los expertos insisten en que algunos de los puntos más importantes que debiesen ser atendidos en esta materia son la planificación de evacuaciones para múltiples escenarios, incluyendo distintos días, horas y temporadas, considerando la presencia de residentes y visitantes. Esto, por supuesto, incluye la necesidad indeleble de generar campañas educativas sostenidas, que mantengan viva la conciencia del riesgo más allá del impacto de los eventos recientes y que fomenten comportamientos de evacuación adecuados, tales como la preferencia por desplazamientos peatonales.

Asimismo, surge la obligación por parte de las autoridades –nacionales y locales– de una planificación territorial más rigurosa, que evite seguir concentrando población y actividades en zonas de inundación. De hecho, un dato especialmente preocupante es que, de las 47 comunas costeras de las regiones mencionadas, solo 13 incorporan áreas de riesgo por tsunami en sus planes reguladores vigentes, lo que lleva a resaltar la importancia de fomentar la evacuación vertical en edificios existentes, al menos como alternativa de respaldo cuando no sea viable escapar hacia terrenos altos.

A estas brechas se suman desigualdades históricas en inversión pública y capacidades técnicas para la gobernanza del riesgo. Comunas con menos recursos carecen de suficientes profesionales para actualizar con frecuencia sus instrumentos de planificación o realizar simulaciones complejas de inundación y evacuación; otras, presionadas por dinámicas inmobiliarias o de uso del borde costero, priorizan el desarrollo económico inmediato por sobre la seguridad de largo plazo. La tensión entre crecimiento y gestión del riesgo se vuelve crítica cuando hablamos de escenarios que podrían comprometer miles de vidas. Más aún, la historia chilena demuestra que grandes desastres no siempre generan grandes aprendizajes. El terremoto de 1960 en el sur de Chile (el mayor registrado instrumentalmente en la historia, con una magnitud estimada en 9,5, que causó miles de fallecidos y una destrucción generalizada) y su tsunami asociado (que inclusive mató a cientos de personas en países distantes como Japón y Filipinas) fue incapaz de generar un cambio institucional y cultural que permitiera enfrentar con mayor fortaleza la catástrofe que ocurriría 50 años más tarde en el país. Por el contrario, la respuesta gubernamental inmediata al terremoto-tsunami de 2010 se caracterizó por la precariedad técnica y un alto nivel de improvisación.

Los tsunamis son fenómenos infrecuentes, pero de potencialmente alto impacto. Sus ciclos naturales exceden los tiempos políticos y la memoria social, lo que favorece que la percepción del riesgo y la acción para enfrentarlo se diluya. Sin embargo, la amenaza sigue ahí. La evidencia científica es clara: Chile central volverá a enfrentar un tsunami destructivo, con un potencial alto costo material y en vidas humanas. La pregunta es si lo hará con improvisación o con una estrategia sostenida de mitigación del riesgo. Conocer nuestro territorio, aprender de nuestra historia y sostener una preparación a corto, mediano y largo plazo (tanto de la población como de las instituciones públicas y privadas, con objetivos coordinados y alineados) es la estrategia más eficaz frente a una amenaza que, querámoslo o no, seguirá siendo parte permanente de la vida en nuestras costas.