El golpe a Venezuela en los frentes abiertos de Trump: la nueva lógica del poder

La autora de esta columna escribe sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela y enfatiza en lo que esta acción significa para el continente y el resto del mundo: «La caída de un régimen autoritario puede ser celebrada por el alivio que significa para millones de venezolanos, pero no debería impedir una reflexión más profunda: la libertad de las personas es un valor irrenunciable, pero su defensa pierde densidad cuando se construye sobre precedentes que debilitan las normas que, precisamente, buscan protegerla».

Créditos imagen de portada: TheWhiteHouse.gov

El primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que ya mostraba límites evidentes en sus principales frentes (Ucrania, Gaza y Venezuela) sufrió una sacudida que redefine el rumbo de la política exterior estadounidense: la captura, por fuerzas militares de Estados Unidos, del presidente venezolano Nicolás Maduro con su esposa en Caracas y su traslado a Nueva York en medio de un operativo nocturno.

Este acto, celebrado por algunos sectores como una victoria sobre el autoritarismo, es sin duda un hecho de enorme impacto político. Trump lo presentó como un triunfo para “el pueblo venezolano” y la justicia estadounidense, prometiendo que EE.UU. “se hará cargo” hasta una transición segura mientras enfrenta a Maduro con cargos de narcoterrorismo y otros delitos en tribunales federales.

Pero la operación no solo transforma un capítulo de la política hemisférica; también obliga a repensar cómo Estados Unidos concibe el uso de su poder: un presidente que ordena una incursión militar sin la aprobación explícita del Congreso de EE.UU; al que la Constitución confiere todos los poderes legislativos en su Artículo I, para una operación de este tipo en el extranjero. Esto plantea serias dudas sobre la separación de poderes y la autoridad legal para comprometer militares sin autorización legislativa. (Normativas como la War Powers Resolution intentan limitar este tipo de acciones sin consentimiento del Congreso). Desde la perspectiva del derecho internacional, el operativo desafía principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. El Artículo 2(4) dicta que los Estados deben abstenerse de usar fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otro estado, a menos que exista autorización del Consejo de Seguridad o que la acción se inscriba en legítima defensa. Los tres grandes frentes que Trump había planteado como objetivos claros al asumir en 2025 estaban todos abiertos: la guerra en Ucrania sigue sin resolverse; el alto al fuego en Gaza (firmado en octubre de 2025 y validado por la ONU)  enfrenta continuos altercados y crisis humanitaria; y Venezuela, hasta hoy, parecía un conflicto de baja intensidad con sanciones y presiones sin resultados decisivos. La esperada captura de Maduro reconfigura el tablero, pero también abre una polémica sobre la legalidad y las implicancias estratégicas de militarizar drásticamente la política exterior estadounidense.

Internamente, el movimiento de Trump tiene múltiples efectos. En un año marcado por tensiones con el Congreso, divisiones partidarias y una economía que preocupa a votantes de todos los espectros, esta jugada puede reforzar su base más dura y proyectar fortaleza. Sin embargo, también expone al gobierno a críticas de sobra (desde la oposición demócrata hasta aliados internacionales) por saltarse controles institucionales y normas internacionales en nombre de la seguridad y la justicia. Además, el contexto previo ya revelaba tensiones profundas: la fallida consolidación de una alianza con figuras como Elon Musk, que prometía modernizar el liderazgo de Trump y terminó en distanciamiento, y el desgaste por la percepción de una economía estancada entre la población, preocupada por inflación y costos de vida, Marist Poll en su 2026 Economic Outlook afirma que el 61% de  los ciudadanos cree que la situación económica no va bien. Estos factores son cruciales de cara a las midterms de noviembre de 2026, donde el electorado podría reaccionar con fuerza tanto a logros percibidos como a sobreextensiones del poder presidencial (un estudio de CBS muestra que el 70% de la población estadounidense rechazaba abiertamente una acción militar).

La captura de Maduro es, en suma, un momento definitorio. Puede ser interpretada como el “bocado” estratégico que proyecta una imagen de decisión y fuerza externa, pero también evidencia hasta qué punto una política basada en golpes de efecto puede erosionar las normas que sostienen el orden constitucional interno y el sistema internacional. Esta acción, celebrada por algunos como un episodio de justicia, podría redefinir la posición de Estados Unidos en el mundo y la percepción global de un liderazgo que, en menos de un año, pasó de la promesa de soluciones duraderas a decisiones unilaterales que reescriben reglas de juego.

Para América Latina, el episodio venezolano abre un escenario de riesgos que van más allá del caso puntual. El intervencionismo como método, la relativización del derecho internacional y la sustitución de reglas por decisiones de fuerza reinstalan una lógica donde la soberanía y la administración de los recursos vuelven a quedar sujetas al poder del más fuerte. En ese marco, la caída de un régimen autoritario puede ser celebrada por el alivio que significa para millones de venezolanos, pero no debería impedir una reflexión más profunda: la libertad de las personas es un valor irrenunciable, pero su defensa pierde densidad cuando se construye sobre precedentes que debilitan las normas que, precisamente, buscan protegerla.