La autora de esta columna analiza desde la perspectiva del funcionario público el debate en torno a la Ley de Reajuste y la norma incluida que exige un acto administrativo fundado en la desvinculación de trabajadores a contrata. Señala que «ahora deberemos esperar ver los resultados del trámite legislativo en el Congreso y un posible fallo del Tribunal Constitucional si la oposición recurre al organismo, el que podría jugar muy en contra de gran parte de los funcionarios públicos a contrata, ya que no importando los años de continuidad en el empleo, son según el Estatuto Administrativo son cargos transitorios».
Créditos imagen de portada: Sebastián Beltrán / Agencia Uno
Estos últimos días hemos podido observar cómo autoridades y políticos de gobierno y oposición rasgan vestiduras como resultado de lo consignado en el contenido del artículo 14 de la Ley de Reajuste del Sector Público, lo que ha sido denominado como un “amarre” que restringe el despido de funcionarios públicos contratados en calidad jurídica denominada como a contrata que corresponde a personas que, teniendo la calidad de funcionarios públicos, desarrollan un trabajo que la normativa legal establece como transitorio. Según lo incorporado en la Ley de Reajuste, sus despidos solo podrán efectuarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho y bajo criterios objetivos y acreditables.
Desde una perspectiva general parece adecuado y justo lo planteado por la ANEF a través de su presidente, José Pérez Debelli, al señalar que la medida busca evitar “la discrecionalidad abusiva en los despidos”, sin embargo, es necesario profundizar en la forma de funcionamiento que desde hace varios gobiernos se ha instalado en el aparato público respecto de las contrataciones, gestionando al filo de la normativa legal vigente e incluso desconociendo instrucciones de carácter general impartidas por el Servicio Civil sobre la materia.
Pareciera ser que el aparato público ha pasado a ser el botín político de los gobiernos de turno: de ello da cuenta la contratación de amigos, familiares y partidarios en puestos claves sin importar sus capacidades y el debilitamiento que a través de los años se ha instaurado de la carrera funcionaria, priorizando al personal a contrata y honorario por sobre funcionarios de carrera, minando la profesionalización del Estado.
La consideración de la variable política en la contratación, la importancia entregada por cada gobierno de turno a contar con personal de su confianza política para gestionar ha ido dando paso a la conformación de un servicio público con serias debilidades en la gestión del recurso humano, provocando la desmotivación del personal de carrera y afectando el clima laboral. La percepción de los funcionarios de que hay un reconocimiento desigual al interior de los servicios, la falta de transparencia en la asignación de beneficios funcionarios, la ausencia de políticas claras de desarrollo y promoción interna, entre otras, conforman una organización en peligro, una organización que debilita la institucionalidad pública y que pone en riesgo nuestra democracia; una organización más ocupada de intereses particulares que generales y que se pierde en el trabajo diario y rutinario sin ningún análisis y proyección y sin consideraciones de su finalidad última, que es el bienestar de los ciudadanos.
Por otro lado y considerando la exigencia de un acto administrativo fundado para la desvinculación, parece difícil que con instrumentos como las anotaciones de demérito, los procesos disciplinarios, el proceso de calificaciones asociado a la evaluación del desempeño, estos entreguen algún insumo que permita realizar una evaluación funcionaria objetiva del personal, ya que son instrumentos que en la práctica presentan debilidades y ha sido cuestionado su mal uso y aprovechamientos políticos para desvincular funcionarios. Quizás la revisión del incumplimiento de instrucciones de carácter general por parte de los servicios en materias de contratación o la revisión sobre supresión del empleo por procesos de reestructuración o fusión serán áreas pendientes de revisión y que requerirán de pronunciamientos claros del nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, pronunciamientos que tengan mirada de futuro buscando mejorar nuestra administración pública con decisiones de fondo y que no solo muestren intenciones de “buscar hacer espacio para sacar a los de ellos e ingresar a los nuestros”. Decisiones en esta línea solo afectarían la credibilidad llevando a la desconfianza ciudadana. Los costos serían significativos: indemnizaciones por términos de contrato, pérdidas de productividad, afectación de la calidad y continuidad de servicios públicos, impacto en el clima laboral.
Con la incorporación de lo contenido en el artículo 14 en la Ley de Reajuste del sector público y la amenaza de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), argumentando que es una reforma encubierta al Estatuto Administrativo, el gobierno hace un “flaco” favor a los funcionarios a contrata vinculados durante gran parte de su vida laboral al sector público, dando muestras claras de articulación para la permanencia del personal ingresado durante este gobierno. Este año ya se había ratificado un criterio unificador de la Corte Suprema, la “Regla de los 5 años”, según la cual el funcionario a contrata debe haber servido en forma continua a lo menos durante 5 años para que opere la confianza legítima. Ahora deberemos esperar ver los resultados del trámite legislativo en el Congreso y un posible fallo del Tribunal Constitucional si la oposición recurre al organismo, el que podría jugar muy en contra de gran parte de los funcionarios públicos a contrata, ya que no importando los años de continuidad en el empleo, son según el Estatuto Administrativo son cargos transitorios.
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La estabilidad en el Estado no debe ser un regalo, sino un logro. Tras 12 años a honorarios, gané mi cupo en la planta concursando y demostrando idoneidad. Permitir el traspaso automático sin entrevistas ni requisitos mínimos desvirtúa la carrera funcionaria y rompe el principio de igualdad ante la ley. El mérito debe ser siempre la puerta de entrada."
Raúlalfonso 63 | 05.01.2026
Llevo 32 años de servicio en el sector publico y desgraciadamente se a transformado en un lugar lleno de caciques que hacen lo que quieren cuando son cargos de mayor poder .En mis 32años de servicio estoy actualmente en el grado 19 a un año de jubilar siendo mi grado tope el grado 16 o seai mposible irme en el grado tope y hay gente a contrata que lleva tres o cuatro años de servicio y están en grado 20 siendo que yo me demore casi treinta años para llegar a ese grado.y desgraciadamente no hay ningún control a estas " movidas" de los jefes de servicios.
Andrés Bórquez | 05.01.2026
Se debe eliminar el estatuto administrativo. Son tantos los vicios que presenta y las vulneraciones constitucionales que tiene que no resiste más análisis. Sin duda que se debe eliminar.
Aries | 05.01.2026
Me gustaría que le dieran la oportunidad a las nuevos estudiantes que están ejerciendo una carrera pública ya que cuando uno va al congreso te dicen que no están contratando eso no debería ser así deberían dar más oportunidades de trabajo en ese rubro.
Andrés Luz Crawford | 05.01.2026
Solución: derogar el Estatuto Administrativo y que todos los trabajadores estén regulados universalmente por el Código del Trabajo. Con ello, se acabarían las “vacas sagradas”
Thomas | 05.01.2026
Llevo 25 años trabajando como empleado a contrata, prácticamente toda una vida laboral dedicada al servicio público. Durante todo este tiempo he cumplido mis funciones con responsabilidad y compromiso, trabajando en igualdad de condiciones —e incluso muchas veces más— que quienes pertenecen a la planta.
Sin embargo, seguimos sin la seguridad laboral mínima que corresponde después de tantos años de servicio. Considero justo y necesario que exista una ley que nos ampare, que entregue estabilidad real y que, tras décadas de trabajo continuo, se nos traspase a la planta.
Asimismo, cuando llegue el momento de jubilar, debiéramos tener derecho a una indemnización en las mismas condiciones que los funcionarios de planta, ya que nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación han sido exactamente los mismos.
No se trata de privilegios, sino de justicia laboral y reconocimiento a años de servicio.
Elizabeth | 05.01.2026
Creo que de una vez por toda deberían hacer modificaciones al estatuto administrativo yo trabajé 19 años en la administración pública y me fui sin nada es muy injusto
Los legisladores ya deberían haber analizado la situación.
Pero siempre el que entra en la administracion pública son por favores políticos tanto técnicos como profesional son pocos los concursos que se realizan.
Como dicen el estado es el PEOR EMPLEADOR
Por eso la atención es de mala calidad por qué son arreglos políticos.
Yuri Cruz Ramos | 05.01.2026
Entre tanto debate pareciera más un aprendizaje de quienes defienden la norma de "confianza legítima" como de sus detractores en el afán de retirar del Estado a los funcionarios de. Confianza llamados eufemisticamente " operadores políticos" .
Una mirada no tan global ni tan general debiera ser la regla del "aprendizaje".No todos los sectores son iguales ,por las dinámicas de cada uno ,no es lo mismo y su tratamiento debe considerar esa diferencia ,por ejemplo el personal en todas sus cualidades jurídicas de los municipios o gobernaciones e incluso con algunos ministerios ,no es equiparable con la carga de trabajo en el sector salud ,dónde el 80% de su personal es copado por mujeres y el 65% más menos corresponde a los escalafones de rentas más bajas como los técnicos,administrativos y auxiliares ,cuyas rentas promedio con turnos no alcanzan al millón de pesos mensuales .
La dinámica de este sector ,el cual tiene un alto grado de rotación NO alcanza por la dinámica misma de atención y urgencia hacen que los concursos no se den como señala el servicio Civil ,el ausentismo es otro factor del cual debemos estar concientes , a veces en los hospitales ocurre que una persona con licencia medica de embarazo debe ser reemplazada por otra quien a su vez también presenta licencia y a veces también una tercera persona reemplaza ,por las características del sector ....grados 17 al 24 EUS, con contratos cortos ,suplencias o reemplazos también caen en LA CALIDAD de A CONTRATAS,sobre todo los TENS..una persona puede pasar años bajo la modalidad de "contratos cortos" osea reemplazos de días de ausentismo de cualquier cargo y así cruzan el umbral de cinco o más años .
La legítima confianza se debería aplicar entonces en una justa medida al persona "técnico"..pero se da en este sector en particular que quienes tienen esa condición son Profesionales de grados altos de " un dígito" como se dice y otros como Honorarios que según la CGR debieran ser contratos como en el código del trabajo o cargos ACONTRATA..que deben ser autorizados por la DIPRES.
Al parecer el debate de ambas posturas está ajeno al diario vivir de los Hospitales ,quienes por su naturaleza de acción ,muchas veces se ven sobrepasados en las dinámicas que el SERVICIOS CIVIL y la CGR ordena .
Por último he visto como Directores de Hospital siendo ADP fueron desvinculados tan solo por no contar con la confianza del gobierno y todo su equipo de trabajo sin apelación alguna para salvaguardar la dignidad del cargo y del funcionario.Lo que la vida laboral me ha enseñado ,que por mucho estudio que tengas ,por muchas calificaciones positivas que tengas ,por mucha carga de trabajo que tengas ,cuando te quieren despedir lo hacen "hasta que sea necesarios sus servicios"..y cuando se quiere contratar a alguien ,aunque no tenga experiencia ni coherencia curricular e incluso visto en este gobierno NI título profesional puedes contratarle como profesional o en cargos " de confianza" con rentas que superan los 2 millones ,Por último es mejor no estar donde no te quieren porque tarde o temprano se buscará alguna excusa para despedirte incluyendo algún sumario .
Diana norambuena pulgar. | 05.01.2026
Trabajé en un lugar público.y fui desvinculado por un jefe corrupto sr larenas.solo por decir que defendía a sus regalones.nunca hizo nada.le hice el trabajo a sus preferidos.amigos.y siempre hizo la vista gorda.el sr Alejandro larenas riquelme.coordinador de la facultad de odontología.calificando con nota diez a los que no hacían nada y bajas notas a mí en éste caso por expresar su corrupción.no es jefe.menos líder.es basura.
Anónimo | 04.01.2026
Es momento de sincerar lo que ya se sabe... Se debe derogar el estatuto administrativo, y que los funcionarios públicos pasen a código del trabajo. Que se sigan por las mismas reglas del sector privado, basta de la ANEF secuestrada por la CUT y por el PC, ya basta del amarre... No puede ser que las personas de planta no puedan ser removidas
VIVIANA MUÑOZ | 04.01.2026 | Socio/a 4 años y 4 meses
Estabilidad sí, pero con exigencia y con mérito permanente demostrable.
El reciente debate generado por el artículo 14 de la Ley de Reajuste del Sector Público ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión de fondo largamente postergada: cómo equilibrar la necesaria protección del empleo público con la exigencia de desempeño, eficiencia y calidad del servicio a la ciudadanía.
El artículo de doña Rebeca acierta al denunciar los abusos que históricamente se han producido en las desvinculaciones de funcionarios a contrata y el uso político del aparato público, los que con frecuencia implican juicios en que el Fisco o las municipalidades -no los directivos que deciden desvincular a un funcionario- son condenados a pagos millonarios por no ajustarse a derecho.; siendo atendible la preocupación por evitar despidos discrecionales y arbitrarios, así como por resguardar mínimas condiciones de estabilidad para personas que han prestado servicios durante años al Estado. Sin embargo, el foco puesto en la protección frente al despido deja en un segundo plano problemas igualmente graves del aparato público: la rigidez extrema de la carrera funcionaria, la ausencia de evaluaciones reales de desempeño y procedimientos disciplinarios opacos, lentos y mal llevados que favorecen la impunidad.
La experiencia demuestra que la estabilidad casi absoluta, cuando no va acompañada de exigencia efectiva, tiende a favorecer el menor esfuerzo, la rutina y la pérdida de creatividad con el paso del tiempo. No se trata de negar la importancia de la estabilidad laboral —clave para la independencia técnica y la continuidad institucional—, sino de preguntarse si resulta razonable que esta sea automática e indefinida, sin revisiones sustantivas del desempeño.
Un modelo equilibrado debiera contemplar estabilidad por períodos razonables —cinco o seis años— seguida de evaluaciones rigurosas, objetivas y periódicas del desempeño efectivo. Hoy, los sistemas de calificación existentes son ampliamente percibidos como formales, subjetivos y poco útiles para distinguir entre quien cumple con excelencia y quien apenas cumple. Más grave aún, estas evaluaciones rara vez consideran la opinión de los usuarios internos y externos, que son quienes mejor pueden evaluar la calidad, oportunidad y eficiencia del servicio recibido.
Las distorsiones del sistema actual son evidentes; concursos que obligan a nombrar en planta a una persona sin posibilidad de que cumplan una etapa de “prueba”, a fin de conocer cabalmente su desempeño; funcionarios de planta o contrata antiguos, con altos grados y remuneraciones, pueden rendir significativamente menos que funcionarios que llevan pocos años en el cargo, sin que ello tenga consecuencias reales. Al mismo tiempo, los mecanismos de promoción permiten ascensos automáticos en la escala remuneracional sin una correlación clara con mayores responsabilidades o complejidad funcional. En otros casos, funcionarios que ingresan en cargos profesionales de alta renta son desplazados a funciones simples, manteniendo grado y sueldo, ya sea por bajo desempeño o por redes de influencia internas. Todo ello erosiona la lógica del mérito y la justicia interna.
A este escenario se suma el rol de los gremios del sector público. Si bien cumplen una función legítima de defensa de derechos laborales, con frecuencia terminan priorizando los intereses de sus afiliados por sobre los de la institución y del interés público. Esto se traduce en resistencia a evaluaciones exigentes, presión sobre jefaturas y en una fuerte incidencia en las bases de los concursos públicos, donde la sobrevaloración de la antigüedad suele levantar barreras de entrada para profesionales competentes provenientes del sector privado u otros servicios.
El debate, por tanto, no debiera agotarse en cómo impedir despidos arbitrarios. La pregunta central es cómo construir una carrera funcionaria moderna, flexible y meritocrática, que combine estabilidad con exigencia, evaluación real y rendición de cuentas. Sin este cambio estructural, reforzar la inamovilidad solo perpetuará ineficiencias, desmotivará a quienes sí rinden y seguirá deteriorando la calidad del servicio público y la confianza ciudadana en el Estado.
Matias | 04.01.2026
En la práctica, son muy pocas las personas que han ingresado al sistema público mediante procesos realmente transparentes y sin ningún tipo de contacto previo. Es algo que viví personalmente y que sigo observando cada vez que se realizan nuevas contrataciones. En la mayoría de los casos, el ingreso se explica más por redes de conocidos que por mérito profesional.
Cuando el acceso se da de esa forma, el nivel de esfuerzo requerido suele ser mínimo en comparación con quienes no cuentan con “pitutos”. Para quienes entran sin contactos, la única opción es especializarse constantemente, esforzarse más y demostrar valor real dentro de los equipos, con el objetivo de aportar efectivamente a las jefaturas y transformarse en un apoyo indispensable. No por ambición, sino porque detrás hay responsabilidades reales: familias que mantener y una estabilidad laboral que nunca está garantizada.
Para las personas sin redes, además, no es fácil encontrar trabajos bien remunerados fuera del sector público, lo que hace que la incertidumbre sea permanente. Incluso dando el máximo, realizando aportes concretos que benefician a la ciudadanía, siempre existe el temor de ser desvinculado sin una razón ligada al desempeño. Vivir bajo esa lógica resulta profundamente frustrante.
A esto se suma una diferencia de fondo que muchas veces se omite: no es lo mismo trabajar en una empresa cuyo fin principal es producir y maximizar ganancias, que desempeñarse en el sector público con la convicción de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Esa vocación de servicio debiera ser protegida y fortalecida, no debilitada por prácticas que premian el contacto por sobre el mérito.
VIVIANA MUÑOZ | 04.01.2026 | Socio/a 4 años y 4 meses
Estabilidad sí, pero no absoluta y con mérito y exigencia
El reciente debate generado por el artículo 14 de la Ley de Reajuste del Sector Público ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión de fondo largamente postergada: cómo equilibrar la necesaria protección del empleo público con la exigencia de desempeño, eficiencia y calidad del servicio a la ciudadanía.
El artículo de doña Rebeca sin duda acierta al denunciar los abusos que históricamente se han producido en las desvinculaciones de funcionarios a contrata y el uso político del aparato público, los que con frecuencia implican juicios en que los servicios que desvinculan -no la persona que deciden desvincular- asumen millonarios costos por no ajustarse a derecho. Resulta atendible la preocupación por evitar despidos discrecionales y arbitrarios, así como por resguardar mínimas condiciones de estabilidad para personas que han prestado servicios durante años al Estado; sin embargo, la discusión sobre la protección frente al despido está dejando en un segundo plano un problema igualmente grave en la administración pública: la rigidez extrema de la carrera funcionaria y la ausencia de evaluaciones reales de desempeño.
La experiencia demuestra que la estabilidad casi absoluta, cuando no va acompañada de exigencia efectiva, tiende a favorecer el menor esfuerzo, la rutina y la pérdida de creatividad con el paso del tiempo. No se trata de negar la importancia de la estabilidad laboral —clave para la independencia técnica y la continuidad institucional—, sino de preguntarse si resulta razonable que esta sea automática e indefinida, sin revisiones sustantivas del desempeño.
Un modelo equilibrado debiera contemplar estabilidad por períodos razonables —cinco o seis años— seguida de evaluaciones rigurosas, objetivas y periódicas del desempeño efectivo. Hoy, los sistemas de calificación existentes son ampliamente percibidos como formales, subjetivos y poco útiles para distinguir entre quien cumple con excelencia y quien apenas cumple. Más grave aún, estas evaluaciones rara vez consideran la opinión de los usuarios internos y externos, que son quienes mejor pueden evaluar la calidad, oportunidad y eficiencia del servicio recibido.
Las distorsiones del sistema actual son evidentes; concursos que obligan a nombrar en planta a una persona sin posibilidad de que cumplan una etapa de “prueba”, a fin de conocer cabalmente su desempeño; funcionarios de planta o contrata antiguos, con altos grados y remuneraciones, pueden rendir significativamente menos que funcionarios que llevan pocos años en el cargo, sin que ello tenga consecuencias reales. Al mismo tiempo, los mecanismos de promoción permiten ascensos automáticos en la escala remuneracional sin una correlación clara con mayores responsabilidades o complejidad funcional. En otros casos, funcionarios que ingresan en cargos profesionales de alta renta son desplazados a funciones simples, manteniendo grado y sueldo, ya sea por bajo desempeño o por redes de influencia internas. Todo ello erosiona la lógica del mérito y la justicia interna.
A este escenario se suma el rol de los gremios del sector público. Si bien cumplen una función legítima de defensa de derechos laborales, con frecuencia terminan priorizando los intereses de sus afiliados por sobre los de la institución y del interés público. Esto se traduce en resistencia a evaluaciones exigentes, presión sobre jefaturas y en una fuerte incidencia en las bases de los concursos públicos, donde la sobrevaloración de la antigüedad suele levantar barreras de entrada para profesionales competentes provenientes del sector privado u otros servicios.
El debate, por tanto, no debiera agotarse en cómo impedir despidos arbitrarios. La pregunta central es cómo construir una carrera funcionaria moderna, flexible y meritocrática, que combine estabilidad con exigencia, evaluación real y rendición de cuentas. Sin este cambio estructural, reforzar la inamovilidad solo perpetuará ineficiencias, desmotivará a quienes sí rinden y seguirá deteriorando la calidad del servicio público y la confianza ciudadana en el Estado.
Francisco | 04.01.2026
Creo que el problema! No son los a contrata, porque los gobiernos meten a todos los amigos de partidos políticos, por los cuatro años y si se reeligen son ochos, así pueden estar cantidad de años. Pero estas personas saben que cuándo cambia la administración quedan expuestos a su despido. Saben como entraron? También tienen que saber como salir!, todo lo demás es puro cuento.
Nicolás | 04.01.2026
Esto es discutible en muchos aspectos.
En primer lugar, si bien es cierto existen los casos en los que se pasa por encima de las instrucciones de selección del Servicio Civil y sin lugar a dudas, hay puestos que se acomodan políticamente, estos de ninguna manera dicen relación con el gran porcentaje del personal a contrata. Es absurdo pensar que el TENS de un CESFAM perdido por ahí, a grado 18, es ahora mismo el gran operador político. Igual consideración aplica al funcionario grado 13 del registro civil, al abogado recién ingresado grado 14 o, en general, a la mayor parte del personal a contrata que existe en los SSPP.
En ese orden de ideas, entendiendo que un nuevo jefe de servicio al menos va a querer poder elegir a su jefe de gabinete y quizás a su jefe de asesoría jurídica, eso pasaría antes que por pretender sean de carrera, sincerando dicha clase de contrataciones.
Enseguida, no ha de perderse de vista que el estado actual de la contrata no dice relación con una ilegalidad. Son, todos los sectores políticos, los que, ya desde comienzo de los 90s, por la vía de glosas y misceláneas han hecho que el artículo 10 del Estatuto Administrativo no se aplique en los términos que fue concebido y no es una ilegalidad al estar constituido en glosas legislativas ¿a qué se debe esto? A muchos factores, los que van, desde que se apreció que era más fácil sacar a contratas (quienes escriben ahora no vivieron lo que implicaba esperar a 2016 no un oficio que ponía término a la contrata, sino la resolución que renovaba) hasta que, el ingreso de nuevos profesionales a las plantas es incompatible con el mercado en muchos casos. En otras palabras, un experto en un área con 15 años de experiencia no estará dispuesto a iniciar desde el grado mínimo de las plantas cuando en el sector privado podría estar ganando 5 millones.
En lo que refiere a la resolución de las Corte Suprema y los 5 años, lo cierto es que esta es una arbitrariedad de igual tipo que la propia confianza legítima y se sustenta en el simple hecho de "yo lo hago así, así que usted también lo debe hacer así". Esto es tramposo, puesto que no ha de olvidarse que, el ex contralor, al momento de adoptar la postura de la confianza legítima, si bien lo hizo contra Ley, lo hizo como un llamado al legislador a, valga la redundancia, legislar de una vez respecto a un tema que se venía prestando para arbitrariedades como que el aludido TENS, no le cayera bien a su superior jerárquico y lo sacasen del servicio. Es así que el Ex contralor se refirió a los 2 años (pronunciamientos que por cierto, no fueron reconsiderados por la contralora, seguramente ante el afán de ver que en ese caso los propios gremios de la CGR reaccionarían) y se remitió a esos 2 años, simplemente recurriendo a la regla general, radicada en el Código del Trabajo, a saber, que el contrato a los 2 años se transforma en indefinido.
Esa es una argumentación tanto más válida que la de la CS, entendido que una es de orden legislativo o al menos analógica, mientras que la otra, es un simple "mis políticas son así", las suyas también deben serlo" y antes de que la CS impusiese ese término, así había venido siendo entendido por la doctrina administrativa, la que comenzó a hablar de "la laboralización de la contratación administrativa", entre otros.
Esto no es en ningún caso un acuerdo con la llamada "Ley de amarre", a mi entender, incluso con la referencia al artículo 160, la CGR puede limitarse a darle curso al trámite, para luego directamente abstenerse de emitir pronunciamiento (que no conocer) por ser un asunto litigioso y es seguramente lo que haría. El FFPP no ganó nada con esto y el gobierno podría haberlo hecho en los 4 años que tuvo, solo que quiso aprovechar los mismos vicios establecidos por las glosas. Igualmente, el nuevo gobierno tampoco tuvo ningún interés en corregirlo, ya que en ese caso podría haberse limitado a rechazar las glosas. Eso, obviamente, habría implicado un desastre en la administración, ya que no hay plantas para acoger todas las contratas que se han armado a lo largo de los años y además, estas habrían tenido, en varios casos, una merma importante en sus remuneraciones, pero habría sido una forma práctica de forzar a legislar. ¿por qué no se hizo? Porque también se quiere destituir nada más llegando y es cosa de leer la tercera.
Nayarett Rozas | 04.01.2026
La pregunta es porque aún existe este modelo de contrato, no es fácil trabajar bajo está modalidad ya que frena la carrera funcionaria somos muchos los que trabajamos más de 15 años a contrata y nadie ve que es una presión y una frustración de ver qué tu sueldo es el mismo mantienes las mismas funciones de los de planta y muchas veces con más responsabilidad sobre todo en cargos dónde el sueldo es muy semejante al sueldo mínimo dónde ves que lo mismo que haces tu, tu compañero del lado gana 2, 3 o hasta 4 veces más por el mismo trabajo donde si te llegarán a despedir ni seguro de cesantía tienes creo que todos debiéramos tener una carrera funcionaria y si tú trabajo no es de calidad debieran despedirte como todo trabajador ya no están los tiempos de está modalidad ya que dice que es transitoria pero si ya llevas 15 años o más dejo de ser transitoria hace mucho tiempo creo que el estado es el peor empleador exije a los privados contratos indefinidos mientras tu sigues dependiendo de si le gustas a tu jefatura de turno y renovando cada 1 año todos tus años de servicio no valen nada te vas con una mano por delante y la otra por atrás
Socio/a 4 años y 4 meses
