El grupo de académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile miran críticamente los elogios a la trayectoria profesional del recientemente fallecido Pablo Rodríguez Grez, por el rol que éste jugó durante y después de la dictadura militar. Sostienen que «a nivel nacional e internacional, cada día ganan fuerza los cuestionamientos a los principios de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. En ese contexto, documentar, comprender, y reflexionar críticamente sobre el rol de los profesionales del derecho frente al autoritarismo no es solo un ejercicio intelectual, sino más profundamente, un imperativo jurídico, político y moral».
Créditos imagen de portada: reproducción TVN
No hay muerto malo, reza el refrán, y así lo confirman los discursos a raíz del fallecimiento del abogado Pablo Rodríguez Grez. En la prensa, cartas al director y reconocimientos otorgados por las universidades en las que se desempeñó como académico–en particular, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a la que pertenecemos–se destaca su trayectoria profesional: mejor alumno de su generación, reiterados premios como mejor docente, un “jurista de excepción” en el campo del derecho civil, y un profesional del más alto prestigio, reconocido en rankings y encuestas entre sus pares.
¿Cómo podemos conciliar ese reconocimiento y prestigio profesional con el hecho que el Sr. Rodríguez de forma consistente en su larga carrera abogó por ideas y realizó acciones en directa contradicción con los principios democráticos y la vigencia de los derechos humanos? ¿Podemos calificar de jurista excepcional a alguien que contribuyó a erosionar las bases del Estado de Derecho?
Como es de público conocimiento, el Sr. Rodríguez fue fundador de la organización paramilitar Patria y Libertad que participó activamente de la desestabilización del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y protagonizó un intento de golpe de Estado, el llamado “Tanquetazo” de junio de 1973. Por este hecho terminó asilado en la embajada de Ecuador, aunque no tuvo que asumir responsabilidad alguna debido al subsecuente, y esta vez exitoso, golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Durante la dictadura, en su calidad de Consejero del Colegio de Abogados, negó sistemáticamente las solicitudes de amparo presentadas por los abogados perseguidos por el régimen, llegando a entregar personalmente a las fuerzas de seguridad al abogado del Comité Pro-Paz Marcelo Duffau. Asimismo, cuando el abogado Guillermo Bello Doren fue detenido y desaparecido por varios días por agentes de la DINA, calificó dicha situación como un “autosecuestro”. También como consejero prestó asesoría directa a la Junta Militar para desvirtuar las acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos realizadas por organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1974), la Comisión de Trabajo sobre Derechos Humanos de la ONU (1975) y la Comisión Ad-hoc de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Chile (1976), todo lo cual ha sido documentado por el historiador Marcelo Casals.
Su compromiso con el régimen autoritario se mantuvo en el periodo de transición a la democracia, asumiendo personalmente la defensa jurídica del general Pinochet y de su familia tanto en las causas por violaciones a los derechos humanos como por corrupción. La defensa se basó en la incapacidad de Pinochet de ser sometido a juicio por su deteriorado estado de salud, así como en las alegaciones de prescripción y no aplicabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos. Esta defensa, que se ancló en las garantías del debido proceso, –debido proceso que le fue denegado a sus colegas y a las miles de víctimas detenidas de forma arbitraria por la dictadura– fue, indudablemente, exitosa, pues la muerte alcanzó al general sin una condena, y sus familiares tampoco sufrieron las consecuencias por los millonarios desfalcos con los cuales se beneficiaron.
Pablo Rodríguez Grez podría ser entonces un caso paradigmático de “abogado del diablo” y el defensor de lo indefendible. Pero este “prontuario” no es considerado problemático por un sector importante de la profesión y academia jurídica nacional, quienes hoy destacan su calidad intelectual y su competencia profesional. Y en cierta medida, esto es innegable: Pablo Rodríguez nunca fue condenado por ningún tribunal, sus argumentos jurídicos fueron inteligente y estratégicamente presentados, y desde la corriente dominante de la ética profesional de la abogacía, la llamada teoría del “partisano neutral”, el abogado no es responsable por la moral de sus clientes, pues incluso un tirano como Pinochet merece la mejor defensa posible. Pablo Rodríguez, sin embargo, no fue un “partisano neutral”, sino que estuvo personalmente comprometido con defender las políticas represivas de una dictadura que él consideraba como deseable y necesaria.
¿Qué nos dice esto sobre la abogacía y los valores que la inspiran? En definitiva, el problema no es que Rodríguez haya sido “el abogado del diablo”, sino que, en el fondo, lo diabólico puede estar en el corazón del derecho. La noción del derecho como un mero instrumento que puede servir cualquier causa, una tecnología o herramienta servil al logro de cualquier objetivo por injusto o inmoral que este sea. Porque la verdadera tragedia es que Pablo Rodríguez no fue una figura excepcional, sino uno de entre cientos de abogados y abogadas que colaboraron activamente con la dictadura militar, poniendo sus conocimientos jurídicos al servicio de diseñar, implementar, y preservar en el tiempo este régimen autoritario.
En tanto académicos encargados de formar a las próximas generaciones de profesionales del derecho, ¿cómo debemos abordar el legado de las y los abogados y juristas que, como Pablo Rodríguez Grez, pusieron el derecho al servicio de un Estado autoritario y represivo?
En virtud del pluralismo académico e ideológico que caracteriza a nuestra casa de estudios, no pretendemos excluir a personas por sus ideas. Pero en virtud de ese mismo pluralismo quienes discrepamos de ideas autoritarias tenemos el derecho y el deber de someterlas a crítica y emitir juicios sobre las acciones públicas y las ideologías contrarias a uno de los valores fundamentales de nuestra Universidad: el respeto irrestricto y la promoción de los derechos humanos.
A nivel nacional e internacional, cada día ganan fuerza los cuestionamientos a los principios de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. En ese contexto, documentar, comprender, y reflexionar críticamente sobre el rol de los profesionales del derecho frente al autoritarismo no es solo un ejercicio intelectual, sino más profundamente, un imperativo jurídico, político y moral.
Firman: Marianne González Le Saux, Paz Irarrázabal González, Constanza Núñez Donald, Pietro Sferrazza Taibi, Cecilia Domínguez Valverde, Pablo Aguayo Westwood, académicas y académicos de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
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Chevesich: “Puedo asegurar que cada denuncia de faltas a la probidad que me llegue, incluso si son anónimas, las voy a llevar al pleno”
Al parecer hay muchos problemas para argumentar debidamente en contra de lo expresado en la carta. En un bosque de falacias es difícil ver reflexión y análisis honesto, además de estar claro que algunos comentaristas ni siquiera leyeron completa la carta.
Kathya | 18.12.2025
Como egresada de la Facultad, agradezco profundamente estas palabras de profesores/as de los que fui alumna, hace un par de años. Es importante marcar distancia de quienes usan el derecho para los fines más cuestionables, en este caso, para dotar de legitimidad a un régimen asesino y corrupto, como lo fue la dictadura de Pinochet. Creo además, que en el mismo sentido, se puede incluir el nombre de Jaime Guzmán en esa lista. Resulta de suyo importante esta clase de opiniones, en el actual contexto social y político en que nos encontramos como país. El derecho debe ser usado como herramienta para construir un estado de derecho sólido, una democracia verdadera, con todo lo que eso significa, velando siempre por aquellos que más lo requieren. Por esto, es que hay que resaltar a figuras que fueron claves defendiendo a las y los perseguidos, ya sea en instancias como el Comité Pro Paz, o la Vicaría de la Solidaridad, como por ejemplo Carmen Hertz, Roberto Garretón, Fernando Guarello, entre otras y otros.
Sergio | 17.12.2025
Solo preguntaría la militancia política de los firmantes..
La defensa en bloque de su ideología moribunda, barnizada de "derechos", cae sola, por su falta de peso moral..
Seguramente estos paladines de la defensa de la democracia, tienen algo que decir acerca del intento de Golpe de Estado a Piñera o ahí se termina la manoseada defensa?
Eduardo Fuentes | 17.12.2025
Rodriguez Grez, creía tanto en el derecho y la constitución que considero legítimo un golpe de estado e intentó uno propio. Un vasallo servil del poder y el dinero, que denego justicia a todo aquel que consideraba opositor. Un ejemplo más de centenares de abogados, sin principios, ética ni moral alguna. La justicia es ciega, pero espurea sin igualdad ante la ley.
Luis | 17.12.2025
La gente de derecha hace trampa al referirse solo al tema de que todos tienen derecho a defensa y quieren ignorar toda la trayectoria política golpista y de apoyo incondicional a la dictadura que cometió crímenes y torturas al estilo nazi. Pero no hay caso, ellos no razonan
Emilio Molina | 17.12.2025
No existe autoridad ni altura moral de la opinión y juicios de valor que provengan de la izquierda que ha mostrado por más de 50 años, una conveniente incapacidad de autocrítica para reconocer su responsabilidad en la necesaria intervención militar del 73. Allende , un doctor marxista que llegó al poder abrazando ideología que estimulaban y promovía la violencia con apellido, según él como algo necesario, un doctor que firmó como presidente un Estatuto de garantías solo como una sucia treta para alcanzar el poder, un doctor que permaneció impasible cuando se detenía arbitrariamente a periodistas y políticos por la policía política y amparar la tortura a la que fueron sometidos como el caso del diputado Juan Luis Ossa del Partido Nacional, el periodista Rafael Echeverría, etc . Un doctor que fomentó una de las represiones más potentes que se conocieron a esa época, y así podríamos sumar la inyección exacerbada del.odio y división social , la muerte de decenas de opositores en el campo, las emboscada y asesinato de militantes políticos en las calles sin hacer nada por investigar y ejercer la justicia.....la inmoralidad de la izquierda y la ultraizquierda es exorbitante igual que la corrupción que instalaron en ese invierno de 1000 días, dónde todo un país fué sometido a la indignidad y atropello de los valores fundamentales del ser humano excepto para sus cómplices y seguidores. La historia señala que con un régimen desquiciante como ese es natural que surjan líderes que enfrentan con valentia y decisión el compromiso de luchar por la libertad. Naturalmente hay líderes que asumen sin importar las consecuencias personales como fué el caso de Pablo Rodríguez Grez, y hay otros que rasgan vestidura de manera hipócrita y cobarde.
Emilio | 17.12.2025
No existe autoridad ni altura moral de la opinión y juicios de valor que provengan de la izquierda que ha mostrado por más de 50 años, una conveniente incapacidad de autocrítica para reconocer su responsabilidad en la necesaria intervención militar del 73. Allende , un doctor marxista que llegó al poder abrazando ideología que estimulaban y promovía la violencia con apellido, según él como algo necesario, un doctor que firmó como presidente un Estatuto de garantías solo como una sucia treta para alcanzar el poder, un doctor que permaneció impasible cuando se detenía arbitrariamente a periodistas y políticos por la policía política y amparar la tortura a la que fueron sometidos como el caso del diputado Juan Luis Ossa del Partido Nacional, el periodista Rafael Echeverría, etc . Un doctor que fomentó una de las represiones más potentes que se conocieron a esa época, y así podríamos sumar la inyección exacerbada del.odio y división social , la muerte de decenas de opositores en el campo, las emboscada y asesinato de militantes políticos en las calles sin hacer nada por investigar y ejercer la justicia.....la inmoralidad de la izquierda y la ultraizquierda es exorbitante igual que la corrupción que instalaron en ese invierno de 1000 días, dónde todo un país fué sometido a la indignidad y atropello de los valores fundamentales del ser humano excepto para sus cómplices y seguidores. La historia señala que con un régimen desquiciante como ese es natural que surgan líderes que enfrentan con valentia y decisión el compromiso de luchar por la libertad. Naturalmente hay líderes que asumen sin importar las consecuencias personales como fué el caso de Pablo Rodríguez Grez, y hay otros que rasgan vestidura de manera hipócrita y cobarde.
Christian Cuevas Pardo | 17.12.2025
Este ataque artero y vil, contra el mas grande civilista desde Alessandr,i no es de extrañar dado el grado de ideologizacion a la izquierda que muestra la catedra de derecho de la Universidad de Chile. El hombre siempre es fruto de su tiempo y momento historico, en el caso de Pablo Rodriguez un momento convulso en el que Chile se libero del comunismo, y tratar de condenarlo post mortem por sus posturas politixas es un acto repudiable, mezwuino y cobarde. Nada podra invalidar su aporte a la academia y al desarrollo del derecho nacional, atendida su excelencia doctoral en el area juridica.
Gustavo | 17.12.2025
Pasarán 50 años y las doctrinas de Rodriguez Grez seguirán en discusión, no así las de estos académicos de escasa honestidad intelectual y criterio difuso.
Enrique Moreno Barturen | 17.12.2025
Opinar sobre sus convicciones políticas es válido, y hasta uno podría equiparar al FNPyL con el MiR. Pero esa comparación se omite convenientemente.
Juzgar tan livianamente su accionar como "asesor" de la dictadura en plena época de Guerra Fría es, a lo menos, parcial y extemporánea.
Acusar su participación en hechos luctuosos me parece temerario, especialmente si nunca hubo querella, denuncia o demanda en su contra. Aquí ya se cae en el chisme.
Censurarlo por asistir en la defensa judicial de un cualquiera dentro de un proceso legal enmarcado en un Estado de Derecho, equivaldría a señalar que sus antagonistas del FPMR, el MJL y el MiR tampoco merecerían haber tenido un abogado. A igual situación, igual solución.
Lo anterior me permite concluir que la visión sesgada de los colegas firmantes está muy contaminada por una moralina autoreferente que se manifiesta impúdicamente al autoarrogarse, como ellos mismos ingenuamente confiesan, el imperativo ético para "emitir juicios " sin ser jueces ni jurados.
Parece que no estuvieron muy atentos en las clases de Ética profesional que se imparten en nuestra Facultad, o tal vez pertenecían al grupo que pasaba de largo por Pío Nono para, en los rincones propicios del cerro San Cristóbal, fumar "de la buena", mientras entablaban alucinadas dialécticas sobre las virtudes de los sistemas jurídicos en los socialismos reales.
Emiliano | 16.12.2025
La verdad algunos de estos académicos, como Pietro Sferrazza, no estudiaron en la U de Chile, si no en la U de Valparaíso, y nunca fueron alumnos de Pablo Rodríguez, siquiera eran estudiantes o abogados mientras dictó cátedra en la U de Chile y por tanto hablan desde lo meramente ideológico y del desconocimiento real. Su función académica se vincula de hecho a temas meramente vinculados a derechos humanos con una formación de izquierda (desde obviamente llegan las becas para su formación).
Con esa perspectiva se sienten con dueños de la verdad y con derecho a la cancelación, no obstante los méritos indudables como docente, estudioso y catedrático de Rodríguez, que por cierto no logran eclipsar con esta carta ni menos con los méritos de quienes suscriben la misma. Por cierto P.Rodríguez lejos está de ser un santo o un ejemplo de bondad, pero quién está libre de las falencias humanas y privado de derecho a defender sus posturas. La dictadura por cierto fue nefasta para muchos pero el gobierno de la unidad popular también lo fue y un homenaje a un abogado comunista por cierto no sería cancelado.
Emiliano | 16.12.2025
La verdad alguno de los firmantes como Pietro sferraza siquiera estudio en la universidad de Chile, si no en la u de Valparaíso y cuando Pablo Rodríguez fue docente en la universidad siquiera eran abogados, tal vez siquiera habían ingresado a derecho. Creo que muchos de los firmantes es parte de la gente que por dedicarse a temas de derechos humanos con una postura de izquierda, se consideran dueños de la verdad y con derecho a cancelar a cualquiera que no tenga su visión. Por cierto nadie es un santo, menos Pablo Rodríguez, pero sus méritos como docente , catedrático y estudioso del derecho son innegables y el mérito de los firmantes no da para eclipsar eso..
Felipe Egaña | 16.12.2025
El artículo y esos docentes han convertido las aulas de la Universidad de Chile en campos de censura y cancelación. No le llegaban ni a los tobillos a don Pablo Rodriguez..
Dejan mucho que desear y su bajeza espiritual es tal , que en vida jamás dijeron ni se atrevieron a decirle nada
Marcelo Escobar | 16.12.2025
Por qué abogado del diablo??? Por qué límite a la acción jurídica???
Todas las personas sea quien sea tiene derecho a defensa y a un apena justa según el codigo penal chileno, ni más ni menos y los abogados como cualquier profesional tienen el pleno derecho de ejercer su profesión dentro de los marcos jurídicos y legales de nuestro país.
SIN DEFENSA, NO HAY JUSTICIA.
Álvaro Mayné | 16.12.2025
La moralizacion selectiva del pasado, que hacen los colegas, es intelectualmente inconsistente. Pablo Rodríguez fue un tenaz opositor a la Unidad Popular fundamentalmente por el no respeto de la propiedad privada en la Reforma Agraria y las estatizaciones de empresas, luchó por su ideal de sociedad bajo un prisma conservador y eso es absolutamente legítimo y por eso es inaceptable que un sector se auto atribuya la facultad de instrumentalizar la ética profesional, como un arma política, descalificándolo. Opiniones como éstas llevan a erosionar la credibilidad del gremio y transforman el debate jurídico en un juicio de lealtades ideológicas. Los abogados somos un instrumento del Derecho. Pablo Rodríguez fue un gran Abogado, que utilizó su inteligencia y experticia para proteger intereses que él consideraba legítimos desde su marco valórico. El juicio ético profesional debe ser sobrio, objetivo, basado en hechos y no en alineamientos ideológicos.
luis alcazar mendez | 16.12.2025
Una mirada , me parece a mi muy sesgada.
En que pie queda el abogado del narcotarficante,del violador o del asesino.
Cuesta entender la moral para unos y no para todos
En todo ambito
