El autor de esta columna analiza la legislación que sostiene el sistema educativo inclusivo y advierte en ésta la poca presencia de la responsabilidad familiar en los procesos formativos de los niños, colocando la responsabilidad solamente en los colegios. Sostiene que «una reforma de corresponsabilidad educativa debería equilibrar el marco normativo, otorgando a las escuelas herramientas claras para exigir colaboración y a las familias el deber de asumir su rol formativo. La inclusión solo será auténtica si se construye sobre un principio de reciprocidad: los derechos florecen cuando los deberes se cumplen».
La inclusión escolar es un derecho incuestionable de todos los niños, niñas y adolescentes de Chile. Ninguna comunidad educativa podría, ni debería, ponerlo en duda. Durante la última década, nuestro país ha promulgado diversas leyes que buscan consolidar este principio, exigiendo a los establecimientos educacionales garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, sin discriminación. La Ley de Inclusión Escolar (20.845), la Ley TEA (21.545) y el Decreto 170/2009 son ejemplos de un avance institucional que tributa a una educación más justa, sensible y diversa.
Sin embargo, junto con estos avances normativos, ha emergido una problemática innegable que aún no alcanza su punto crítico: la inclusión se ha convertido en una obligación legal para las escuelas, pero no se equipara legalmente con la corresponsabilidad compartida con las familias. El discurso de los derechos ha ganado fuerza, mientras la noción de los deberes se ha ido desdibujando. En la práctica, el sistema ha depositado casi toda la responsabilidad de la inclusión en los colegios, transformándolos en los únicos garantes a los cuales se les pude exigir legalmente el bienestar, la convivencia y el aprendizaje de los estudiantes.
Un análisis comparativo de las principales normas vigentes —la Ley N°21.545, la Ley N°20.845 y el Decreto Supremo N°170/2009— confirma esta tendencia: 34 menciones explícitas a responsabilidades institucionales frente a solo 11 alusiones a deberes parentales. Esta proporción de tres a uno revela un enfoque que confunde inclusión con delegación institucional, donde la escuela asume sola un desafío que debería sostenerse en alianza con las familias.
UN SISTEMA QUE SOBRECARGA A LA ESCUELA
Desde el enfoque de derechos, los colegios deben asegurar acceso, permanencia y aprendizaje sin discriminación. No obstante, el marco legal actual convierte esa garantía en una carga unilateral. Los equipos educativos están llamados a contener, mediar y sostener procesos de convivencia complejos, incluso en contextos donde la familia no colabora o niega los impactos de las conductas disruptivas.
La brecha normativa vigente en materia de inclusión educativa configura escenarios de alta complejidad y tensión al interior de las comunidades escolares. Los equipos docentes, los Programas de Integración Escolar (PIE) y los encargados de convivencia se ven con frecuencia obligados a priorizar el resguardo de un estudiante con necesidades educativas específicas, incluso cuando ello implica tensionar o comprometer el derecho del grupo curso a desarrollarse en un ambiente de aprendizaje seguro.
Paralelamente, se evidencia una creciente sobrecarga administrativa derivada de la gestión de denuncias y de la respuesta a oficios y requerimientos formales, lo que desplaza el foco pedagógico hacia tareas de carácter burocrático. En consecuencia, la protección del derecho individual, cuando no se articula adecuadamente con el deber colectivo, tiende a desarticular las relaciones de colaboración en la comunidad escolar, afectando tanto los procesos formativos como el bienestar institucional.
UNA NORMATIVA QUE EXCLUYE LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR
Las tres leyes analizadas comparten un mismo patrón: fortalecen la obligación del Estado y de los establecimientos educacionales, pero dejan en segundo plano la función educativa de los padres. En la Ley TEA, por ejemplo, los artículos 3 y 5 solo mencionan a la familia como representante legal o apoyo del estudiante, mientras que los deberes institucionales son once. La Ley de Inclusión Escolar repite la tendencia: 14 referencias a la escuela y apenas cinco a los padres. La mayoría de estas alusiones, además, se limita a declaraciones de principios o a la definición general de los roles parentales, sin establecer mecanismos concretos de corresponsabilidad ni exigibilidad práctica. Incluso, el Decreto 170, que regula la evaluación de necesidades educativas especiales, establece nueve deberes administrativos para la escuela frente a solo cuatro menciones de participación familiar.
Este desequilibrio ha contribuido a instalar una cultura de dependencia institucional, donde los hogares transfieren a la escuela funciones que les corresponden —como educar en normas, límites y responsabilidad—. La familia deja de ser formadora y se convierte en usuaria del sistema educativo, lo que impide una verdadera alianza pedagógica.
EFECTOS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICOS DE LA ASIMETRÍA EN INCLUSIÓN ESCOLAR
Las consecuencias de esta desproporción son visibles. Los docentes reportan desgaste emocional ante la obligación de sostener dinámicas que exceden su rol pedagógico. Los estudiantes viven climas de aula deteriorados, donde la falta de límites claros confunde empatía con permisividad. Y los equipos PIE enfrentan una paradoja constante: promover inclusión sin contar con respaldo normativo para exigir compromiso familiar.
Cuando el acompañamiento parental se diluye o se mal entiende, la escuela se convierte en un espacio donde los derechos se reclaman, pero los deberes se omiten. La inclusión, en ese contexto, deja de ser un proceso formativo y se transforma en una carga administrativa o moral.
HACIA UNA INCLUSIÓN CON DEBERES COMPARTIDOS
Chile necesita transitar hacia un modelo más maduro de inclusión educativa. Eso implica reconocer que el derecho a aprender no puede sostenerse sin el deber de participar, colaborar y educar también desde el hogar. Las familias deben ser parte activa del proceso, no solo receptoras de información o intermediarias legales.
Una reforma de corresponsabilidad educativa debería equilibrar el marco normativo, otorgando a las escuelas herramientas claras para exigir colaboración y a las familias el deber de asumir su rol formativo. La inclusión solo será auténtica si se construye sobre un principio de reciprocidad: los derechos florecen cuando los deberes se cumplen.
La verdadera inclusión no excluye el límite: lo redefine. Educar en comunidad es acompañar, pero también exigir. Es proteger al que más necesita, sin olvidar que todos los estudiantes —y también sus docentes— tienen derecho a aprender en un ambiente adecuado.
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La inclusión no es una carga: es una obligación del Estado
El artículo plantea una preocupación legítima por la sobrecarga que enfrentan las comunidades educativas en contextos de inclusión. Sin embargo, su diagnóstico y sus propuestas resultan problemáticas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, en particular de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por Chile y plenamente vigente.
La Convención es clara: el derecho a la educación inclusiva es una obligación estructural del Estado, no una concesión condicional ni una carga que pueda redistribuirse según el nivel de colaboración de las familias. La escuela no actúa como un actor aislado, sino como parte del aparato estatal encargado de garantizar un derecho fundamental. Por ello, presentar la inclusión como una obligación “unilateral” impuesta a los establecimientos desdibuja el verdadero problema: la falta de financiamiento suficiente, de apoyos especializados, de formación docente en inclusión y de condiciones estructurales adecuadas.
Preocupa especialmente que el artículo sugiera que la protección del estudiante con necesidades educativas específicas entra en tensión con el derecho del “grupo curso”. Este es un argumento históricamente utilizado para justificar la segregación educativa. La Convención y la Observación General N°4 del Comité de la CDPD son categóricas: la inclusión no es integración ni mera presencia física, sino una transformación del sistema educativo para eliminar barreras y garantizar participación real, sin que la disciplina o la convivencia se conviertan en mecanismos encubiertos de exclusión.
Asimismo, el llamado a “exigir corresponsabilidad familiar” como eje de una futura reforma es jurídicamente riesgoso. En el marco de los derechos humanos, los derechos no pueden quedar condicionados al cumplimiento de deberes parentales. Hacer depender el acceso efectivo a la educación inclusiva del nivel de involucramiento familiar implica transformar un derecho fundamental en un beneficio sujeto a evaluación moral o conductual, lo que resulta incompatible con el estándar internacional y especialmente peligroso en contextos de pobreza, migración, monoparentalidad o sobrecarga de cuidados.
La familia cumple un rol relevante de acompañamiento, sin duda, pero no sustituye al Estado ni a la escuela como garantes jurídicos del derecho a la educación inclusiva. Trasladar el foco del déficit estructural del sistema hacia la conducta de las familias implica desplazar responsabilidades públicas y abrir la puerta a nuevas formas de exclusión indirecta.
La verdadera discusión pendiente no es si debemos “equilibrar derechos con deberes”, sino cómo el Estado fortalece materialmente a las escuelas para que puedan cumplir con la inclusión sin precarizar a los equipos docentes ni deteriorar el clima escolar. Sin recursos suficientes, sin apoyos interdisciplinarios reales, sin formación continua y sin reducción de la sobrecarga administrativa, la inclusión seguirá siendo vivida como tensión, cuando en realidad es un mandato jurídico irrenunciable.
La inclusión no es negociable, no es caridad y no es una concesión condicionada: es un derecho humano.
Lorena Zenteno
Abogada Experta en Derecho de la Discapacidad
Claudia | 08.12.2025
Excelente columna. Concuerdo plenamente con lo expuesto, ya que soy profesora diferencial y he visto como los estudiantes de un determinado curso o docentes se exponen diariamente a la falta de normas y límites que deben establecerse desde los hogares.
Sandra Castro | 08.12.2025
Trabajo en colegio y tiene toda la razon tiene que ser compartida y que existan programas de el ministerio de salud activos para atebder a apoderados y alumnos y que exijan que asistan.
Rolando Villaseca | 08.12.2025
Hoy en día, los Padres con hijos que no poseen problemas o llamémoslo normales, somos victimas constantes de padres que tienen hijos con algún problema ya sea tea o sus derivados en la manera wuexestos últimos presionan al sistema escolar para que sus hijos sean tratados de manera especial por sobre los demás, impidiendo una sana convivencia tratando de imponer alumnos de primera categoría y prácticamente intocables por sobre los demás alumnos, ante cualquier problema de convivencia que ocurra siempre los alumnos "normales" terminan siendo los malos de la película convirtiéndose inmediatamente en victimarios de hechos que son totalmente comunes en una convivencia edutiva, padres e exceso reaccionarios que piden trato especial por creer que sus hijos son especiales por sobre el común.
Ana Marina Pérez | 08.12.2025
Estoy muy de acuerdo en el equilibrio que debe existir entre la responsabilidad, de la familia y la escuela sea equitativo , siendo honesta con estos dos decretos muchos padres le están dejando todo el trabajo a los docentes y asistentes de aula cuando hay niños con necesidades especiales, al punto de estar agotando los física y mentalmente, también revisar el porque tantos niños con Tea en una sala , y olvidando también que hay que tomar en cuenta a los demás niños y niñas como está afectando emocionalmente , la conducta y el desarrollo cognitivo sobre todo en nivel parvulario...
Yanina Melis V | 07.12.2025
Bipolaridades, extremos que nos llevan a perder tiempo en burocracia y que impactan a la comunidad entera. Durante años las familias eran las únicas interesadas en la inclusión de sus hijos, la respuesta política: "compartir" esa responsabilidad con las escuelas, lo que me parece obvio considerando que la escuela es el punto de encuentro de las diversidades, sin embargo, como suele ocurrir en Chile, de norma y después de enseña. Esto conduce al efecto contrario del perseguido: la escuela esta cansada de hacer intentos de incluir con los pocos recursos (materiales, tiempo, humanos) qué se ponen a disposición para incluir de verdad.
Por otro lado, quién enseña a las familias? Las terapias son caras y requieren de dinero ( qué se obtiene trabajando más horas... más ausencia) y si se tiene la fortuna de una atención pública... o se trabaja o se dedican a pasar laaargas horas en el servicio público para recibir, en el mejor de los casos, apoyo básico para NNA qué requieren apoyos específicos.
Como profesional especializada en inclusión, no romántico, hay verdades variadas como el corazón de la inclusión lo señala, pero he visto familias muy comprometidas, familias que quieren apoyar y no saben cómo, familias que están aún en duelo y no tienen compañía para pasar del dolor, la negación y otras etapas a por fin caer en cuenta que el viaje tuvo otro rumbo.
En este proceso de acompañar a NNA caí en cuenta que objeto de atención no es solo el NNA, también su familia, también los docentes, también la comunidad. Eso la normativa ( política actual) no lo considera. Porque no es una frase bonita, la inclusión la hacemos todos con conocimiento, sensibilidad, recursos, actitud, apoyo normativo, compromiso, valoración.
También hay diversidad de familias, diversidad de colegios, diversidad de profesionales. El tema de inclusión es profundo, no se resuelve solo con políticas. El alcance debe se cimienta en la transformación de culturas, el establecimiento de políticas de apoyo qué permitan orquestar los recursos para acciones más reales y auténticas.
No sirve el discurso bonito, no hay familia que pueda apoyar cuando no hay fármacos de calidad, cuando pasan la noche sin dormir, cuando las terapias no avanzan, cuando no saben lo que ocurre con sus hijos ( o nietos)... A quienes nos toca apoyar hoy, animo a que siga arremangando su camisa y ponga manos a la obra, corazón dispuesto y conocimiento al servicio de transformar a lo menos un llanto en una sonrisa.
Eso, no es discurso, es inclusión real.
Rodolfo Espinoza | 06.12.2025
Me parece que la visión o la ilusion del que realiza este análisis, no tiene fundamento investigativo,es solo una opinión que en mi experiencia, tiene varias falencias prácticas, ejemplo, generaliza aspectos qeu al parecer son experiencias de casos, pero la investigación dice que si existe una brecha pero entre la ley y la práctica de la educación inclusiva, y existen investigaciones que demuestran que los responsables de la buena educacion o de la mala educación son los directores y en Chile eciste la necesidad de crear lideres y no pitutos directivos. Es sierto la familia debe participar activamente pero la escuela en Chile no los integra. Nosotros como una fundacion dedicada al reencantamiento de la escolarizacion tenemos datos de años de trabajo y sabemos que la gran dificultad son las redes y los canales de comunicación efectiva entre escuela, familia otras instituciones no formales.....
