Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2025: la inclusión no ocurre por decreto

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, la autora de esta columna hace el foco en los avances pero también en las trabas para una sociedad más inclusiva. Y respecto de la reciente Teletón, sostiene que «Chile está preparado para avanzar hacia un nuevo paradigma. La inclusión real requiere una comprensión profunda de que ningún derecho humano puede depender de donaciones privadas o de la exposición mediática de las historias de quienes viven en carne propia la discapacidad. La continuidad de la rehabilitación no puede estar sujeta a la emoción del momento, al impacto televisivo ni a la capacidad de convocatoria de un evento anual. Necesitamos políticas de Estado que garanticen acceso universal, financiamiento estable y un enfoque que promueva la dignidad, no la lástima».

Créditos imagen de portada: Yvo Salinas / Agencia Uno

Cada 3 de diciembre volvemos a una misma pregunta: ¿estamos construyendo un país realmente inclusivo o seguimos generando medidas a medias?

Aunque Chile ha avanzado en políticas públicas y marcos legales en materia de discapacidad, la brecha entre lo normativo y lo vivido sigue siendo profunda. La realidad muestra que miles de personas continúan enfrentando barreras estructurales, sociales y culturales que les impiden ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades y condiciones.

Según la ENDIDE 2022, en Chile viven más de 3,2 millones de personas con discapacidad, el 17,6% de la población adulta, pero solo tres de cada diez tienen empleo formal. Y cuando miramos la intersección con género, el panorama es aún más crítico: pese a que las mujeres con discapacidad son mayoría, ellos ocupan el 65% de los puestos laborales, mientras que solo el 35% corresponde a mujeres. La desigualdad, nuevamente, tiene rostro de mujer.

Estos datos dejan claro que la inclusión laboral no depende únicamente de cuotas. Depende de cómo entendemos a las personas con discapacidad dentro de nuestra sociedad: ¿como sujetos de derechos o como cifras que “hay que cumplir”?

La reciente modificación a la Ley de Inclusión Laboral, que eleva la cuota al 2% para empresas y organismos públicos sobre 100 personas, es un avance relevante, pero insuficiente. Su implementación depende de que el 80% de las instituciones primero cumpla el 1%, dilatando cualquier impacto real, considerando además que solamente un 23% de las empresas actualmente cumplen. Además, la política ignora barreras de origen que condicionan el acceso a empleo: más de la mitad de las personas con discapacidad en Chile no ha completado la enseñanza media (50,8%), lo que evidencia una brecha educativa que ninguna cuota por sí sola puede resolver.

Si seguimos respondiendo la desigualdad con medidas parciales, continuaremos reproduciendo un modelo que integra, pero no incluye. Un modelo que invita a las personas con discapacidad a “adaptarse” a sistemas que nunca fueron diseñados para ellas, en lugar de transformar esos sistemas para que realmente las consideren.

Por eso, resulta urgente fortalecer políticas que incluyan  la interseccionalidad, la descentralización y la accesibilidad universal como pilares mínimos. El Proyecto de Acuerdo aprobado por unanimidad en el Senado, que solicita al Ejecutivo avanzar en una real descentralización de las contrataciones, en educación accesible y con diseño universal, reducir brechas de género en inclusión laboral y establecer la intermediación laboral como un derecho exigible, señala un camino que debe profundizarse, no quedar en el papel. Llevamos desde enero del 2024 con senadores(as) esperando una respuesta esperanzadora del Ejecutivo de que serán temas a abordar, pero a la fecha aún nada.

La inclusión real se construye cuando los entornos dejan de ser restrictivos, cuando las organizaciones transforman su cultura, y cuando el Estado garantiza igualdad de acceso a educación, salud, empleo y participación comunitaria. También cuando las empresas comprenden que la inclusión no es un favor ni una obligación legal, sino una decisión ética que eleva su sostenibilidad, su cultura interna y su aporte al país.

En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el llamado es claro:

Chile no puede seguir confundiendo integración con inclusión.

Integrar es permitir que alguien entre, pero siendo la persona que hace el esfuerzo por ser parte a pesar de las barreras.

Incluir es transformar el espacio para que todas las personas puedan estar, participar y desarrollarse plenamente.

La inclusión ocurre cuando rompemos las barreras que impiden que cada persona sea quien es, en equidad y dignidad. Mientras sigamos midiendo avances solo por porcentajes de cumplimiento, seguiremos dejando fuera a quienes desde siempre han sido protagonistas invisibles de nuestra historia social.

¿Y DESPUÉS DE LA TELETON?

Durante décadas, la Teletón ha ocupado un lugar simbólico central en la cultura chilena. Cada año millones de personas se movilizan en torno a una campaña televisiva que combina espectáculo, emoción y solidaridad, en un ejercicio que ha permitido financiar un trabajo de rehabilitación integral  fundamental para miles de niños, niñas y adolescentes. Como Fundación Ronda, reconocemos explícitamente el aporte clínico y técnico de los institutos Teletón y la dedicación de sus profesionales, quienes realizan una labor de excelencia y entregan respuestas reales a las familias que requieren acompañamiento especializado. No existe duda alguna respecto al valor que estos equipos aportan día a día ni del impacto concreto que han tenido en la vida de miles de personas. Sin embargo, también creemos necesario abrir una conversación pendiente: aquella que diferencia el objetivo de la institución Teletón de los medios utilizados para sostenerla.

Nuestra postura no es, y nunca ha sido, un cuestionamiento a la rehabilitación que allí se realiza ni a la legitimidad de que existan centros de salud especializados. El punto crítico es otro: el formato televisivo que sostiene económicamente esta obra y que, año tras año, vuelve a instalar una narrativa asistencialista y emocionalmente explotadora sobre las personas con discapacidad. La campaña se articula en torno a testimonios que, aunque reales y valiosos, son presentados de una forma que perpetúa estereotipos dañinos: la lástima, la idea del “pobrecito”, la infantilización, la dependencia y la percepción de que la discapacidad es una tragedia personal que debe ser compensada con caridad. Esta lógica, profundamente arraigada en el imaginario chileno, impide avanzar hacia un paradigma moderno y respetuoso, donde la discapacidad se comprenda desde la igualdad de derechos, la autonomía y la participación plena en la sociedad.

Desde la perspectiva de derechos humanos, la discapacidad no es un atributo individual, sino una condición que emerge de la interacción entre las personas y un entorno que no siempre garantiza accesibilidad, oportunidades, ni participación en igualdad de condiciones. Esta es exactamente la mirada que impulsa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) del año 2006, ratificada por Chile en 2008. La Convención establece de manera clara que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar los servicios necesarios para que puedan ejercer esos derechos plenamente. Entre ellos, la rehabilitación integral no es un favor, ni una obra de caridad: es una obligación pública, una obligación del Estado.

A la luz de este marco normativo, la dependencia del país respecto de una campaña televisiva para financiar la rehabilitación contradice los compromisos asumidos por el Estado. Naciones Unidas lo manifestó explícitamente en 2016, cuando expresó su preocupación por la existencia de iniciativas públicas, como el show televisivo de la Teletón, que refuerzan estereotipos negativos y reproducen un modelo asistencialista que obstaculiza la construcción de una sociedad inclusiva. A esa observación se suma otra inquietud relevante: este esfuerzo país y la increíble rehabilitación que realizan no es para todos los tipos de discapacidad y todas las edades. Por lo que se hace muy necesario enfatizar en la urgencia de universalidad en los recursos y fortalecer a organismos públicos que equiparen la oferta gratuita de privados, a lo largo de todo nuestro territorio. Estas advertencias no buscan desacreditar a una institución, sino llamar la atención sobre un sistema que, tal como está diseñado, no garantiza equidad ni sostenibilidad a largo plazo y que en el fondo, va en contra del mismo colectivo que queremos incluir sociolaboralmente.

Creemos que Chile está preparado para avanzar hacia un nuevo paradigma. La inclusión real requiere una comprensión profunda de que ningún derecho humano puede depender de donaciones privadas o de la exposición mediática de las historias de quienes viven en carne propia la discapacidad. La continuidad de la rehabilitación no puede estar sujeta a la emoción del momento, al impacto televisivo ni a la capacidad de convocatoria de un evento anual. Necesitamos políticas de Estado que garanticen acceso universal, financiamiento estable y un enfoque que promueva la dignidad, no la lástima.

Cuando una sociedad naturaliza que la inclusión depende de una campaña televisiva, refuerza la idea equivocada de que las personas con discapacidad deben agradecer lo que se les da, en lugar de exigir lo que les corresponde. Esa mirada termina perpetuando la discriminación, la segregación y la idea de que la inclusión es un acto de buena voluntad, no una obligación ética y jurídica. Es urgente que dejemos atrás esa narrativa.

Como Fundación Ronda, hacemos un llamado a construir un pacto social profundo, sostenido y permanente por la inclusión. Uno que convoque al Estado, a las empresas, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía, no solo durante 27 horas al año, sino todos los días. La inclusión no es un espectáculo, ni un proyecto emocional: es un compromiso estructural que requiere transformación cultural, políticas robustas y un respeto irrestricto por la dignidad de todas las personas. Solo así podremos avanzar hacia un Chile verdaderamente inclusivo, justo y equitativo.

La inclusión no es un número. Es un derecho.

Y es, sobre todo, una decisión colectiva a dejar los prejuicios y dar oportunidades reales de participación. A dejar de poner etiquetas al talento #SoyMásQueUnaEtiqueta