Cuando el sistema no cuida a quienes sí confiamos en él

Señor Director:

El pasado 11 de octubre, en la Clínica Las Condes de Peñalolén, mi hija de 18 meses recibió las vacunas ministeriales correspondientes a su edad. Al día siguiente comenzó con fiebre, malestar general y un aumento de volumen en la zona de la inyección. Dos días después, el 13 de octubre, fue necesario acudir a urgencias en la Clínica Bupa, donde se confirmó el diagnóstico de celulitis, atribuida a una reacción adversa a medicamento. Entre las hipótesis médicas se planteó incluso una posible contaminación del lote de vacunas.

Mi hija debió ser hospitalizada durante tres días debido al riesgo vital que implicaba la infección. Como madre y funcionaria de salud, me vi en la obligación de ausentarme de mi trabajo para acompañarla, motivo por el cual se me otorgó una licencia bajo la Ley Sanna, la que posteriormente fue rechazada por la COMPIN. Desde entonces, ningún funcionario de esa entidad ni de la Superintendencia de Salud se ha comunicado para abordar el evento adverso, a pesar de contar con número de seguimiento NR2510-006413.

Soy una profesional de salud pro vacuna y creo firmemente en la importancia de la inmunización como política pública. Sin embargo, cuando el Estado no entrega respaldo ante situaciones tan graves como esta —licencias rechazadas, falta de acompañamiento y ausencia de protocolos claros—, realmente da para pensar.

Vacunar a nuestros hijos es un acto de confianza y responsabilidad social, pero esa confianza se erosiona cuando quienes cumplimos con nuestro deber quedamos completamente desprotegidos.