Cuidado compartido: justicia para la infancia y eficiencia económica

Señor Director:

En los tribunales de familia en Chile, es frecuente observar que tanto padres como madres destinan entre tres y cuatro millones de pesos anuales en honorarios legales, sin considerar los peritajes psicosociales, cuyo costo puede alcanzar cifras similares. Estas sumas superan ampliamente los montos que, según estimaciones de UNICEF, requiere un niño o niña para su desarrollo integral, entre $500.000 y $600.000 mensuales.

Este contraste revela una ineficiencia estructural: los recursos que podrían destinarse directamente al bienestar infantil se desvían hacia litigios prolongados y desgastantes. El Estado, a su vez, asume un gasto significativo en cada audiencia, considerando el trabajo de magistradas, psicólogas, consejeras técnicas, abogadas ad litem y las derivaciones a fundaciones privadas que reciben financiamiento de Mejor Niñez.

Promover el cuidado personal compartido no solo constituye una política más justa en términos de corresponsabilidad parental, sino también una medida de eficiencia económica. Desde la teoría de juegos, esta situación puede entenderse como un Equilibrio de Nash: todos los actores : padres, hijos y el propio Estado, obtienen mejores resultados cuando cooperan que cuando compiten por la custodia o la definición del régimen de visitas.

El actual modelo de resolución de conflictos familiares genera altos costos financieros, emocionales y sociales, y no garantiza necesariamente el interés superior del niño. El cuidado compartido como principio general permitiría reducir la litigiosidad, mejorar el uso de los recursos públicos y fortalecer el vínculo con ambos progenitores.

La “vuelta larga” judicial no es eficiente ni socialmente sostenible. Los niños no deberían ser el centro de una disputa para determinar con quién se quedan, sino el centro de un acuerdo para garantizar su derecho a ser criados por ambos padres.

Promover la corresponsabilidad parental no solo es un acto de justicia familiar, sino también una decisión económica, ética y de política pública inteligente.

Revisar las políticas familiares desde una perspectiva de eficiencia y equidad no solo aliviaría la carga del sistema judicial, sino que también reafirmaría un principio esencial: el derecho de los niños y niñas a ser criados, educados y amados por ambos padres, con el Estado actuando como garante, no como reemplazo.