Ley contra la multipropiedad: el segundo paso hacia la transparencia del fútbol chileno

El autor de esta columna escrita para CIPER detalla las ventajas de la norma que avanza en el Senado. Sostiene que “Chile se encuentra ante una oportunidad histórica, de transformar su fútbol en un modelo de integridad institucional y confianza pública. Pero para ello, la voluntad política debe traducirse en capacidad técnica y vigilancia permanente. Solo así la prohibición total de multipropiedad dejará de ser un enunciado legal para convertirse en una práctica real de justicia deportiva”.

Créditos de portada: Anfp.cl

La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley contra la multipropiedad en el fútbol profesional, un hito que marca el inicio del fin de una práctica que por años ha distorsionado la competencia, debilitado la transparencia y erosionado la confianza de los hinchas. Con esta decisión, el Congreso chileno se alinea con una tendencia global como es prohibir de manera absoluta que una persona natural o jurídica tenga participación en más de un club profesional, cerrando así los espacios grises que permitían el control indirecto de varias instituciones bajo la figura de “socios relacionados”. El acuerdo, respaldado por los senadores Paulina Núñez, Luz Ebensperger, Tomás de Rementería y Matías Walker, junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, representa una definición política de largo alcance, Chile opta por un fútbol más limpio, más competitivo y más transparente.

DE LA TOLERANCIA AL CONFLICTO DE INTERÉS A UNA PROHIBICIÓN ABSOLUTA

Hasta ahora, el marco regulatorio chileno permitía una interpretación ambigua de la propiedad en los clubes. Bastaba con reducir la participación directa a menos del 5 % o transferirla a sociedades relacionadas para mantener control sobre decisiones deportivas, fichajes o derechos televisivos. La nueva ley rompe con ese paradigma al establecer una prohibición total de multipropiedad, sin porcentajes ni excepciones, reconociendo que incluso una participación mínima en un segundo club puede distorsionar el principio de competencia leal. 

En términos comparados, la legislación se asemeja a las reformas implementadas en Inglaterra y España, donde las autoridades han determinado que la integridad de las ligas depende de eliminar cualquier rastro de control cruzado. Este enfoque es coherente con las recomendaciones de la FIFA y la UEFA, que promueven la transparencia en los beneficiarios finales y la trazabilidad del capital deportivo.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es la creación de un registro público de beneficiarios finales de los clubes. Esto permitirá conocer quiénes son los verdaderos propietarios detrás de sociedades o fondos de inversión que participan en el fútbol profesional. Durante años, las estructuras opacas han dificultado identificar los vínculos entre dirigentes, representantes de jugadores y fondos extranjeros. El registro que deberá ser interoperable con la información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) contribuirá a prevenir conflictos de interés, lavado de activos y operaciones trianguladas. Además, dotará al Ministerio del Deporte de herramientas para supervisar la transparencia institucional, situando al fútbol en el mismo estándar de rendición de cuentas que cualquier industria relevante para el interés público.

UN PLAZO DE TRES MESES: EL RELOJ CORRE PARA LOS MULTIPROPIETARIOS

El proyecto establece un plazo de tres meses para que los actuales dueños con participación en más de un club se desprendan de sus cuotas. La medida busca evitar que las desinversiones se dilaten o se simulen mediante traspasos entre sociedades relacionadas. Si al término del plazo no se ha cumplido con la desinversión, se aplicará una multa económica, la cual se duplicará por cada mes de incumplimiento. 

Esta disposición, aunque ambiciosa, enfrentará un desafío operativo considerable, quién y cómo fiscalizará su cumplimiento real. Si bien el texto legal sugiere que la fiscalización recaerá en el Ministerio del Deporte, en coordinación con la CMF, el éxito dependerá de la creación de una unidad especializada con facultades de investigación y sanción efectivas. De lo contrario, las multas podrían convertirse en un simple costo de operación para quienes buscan mantener el control de facto sobre más de un club. 

EL VACÍO DE FISCALIZACIÓN: UN DESAFÍO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

En la discusión legislativa aún no se ha zanjado con precisión quién ejercerá la supervisión activa del régimen de propiedad. La experiencia comparada muestra que cuando la responsabilidad se reparte entre distintas entidades sin coordinación, la normativa se vuelve ineficaz. En Inglaterra, por ejemplo, la Premier League Owners’ and Directors Test funciona con una oficina técnica autónoma que examina los antecedentes económicos y de integridad de cada accionista.

En Chile, sin una instancia similar, el riesgo es evidente, la ley podría carecer de dientes para enfrentar el poder económico que domina el fútbol profesional y quedarse en más de lo mismo. Por ello, el debate pendiente no es solo jurídico, sino político. Requiere dotar de capacidades reales al Estado para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan. La transparencia no se decreta, se construye con instituciones capaces de resistir presiones. La multipropiedad ha sido una de las principales causas de distorsión competitiva en el fútbol mundial. Permite manipular resultados, influir en fichajes y asegurar beneficios cruzados en transferencias. 

En Chile, aunque el fenómeno no siempre se ha visibilizado, la concentración de poder en pocos grupos económicos ha moldeado silenciosamente el mapa del fútbol profesional. La ley aprobada por la Comisión de Constitución no resolverá todos los problemas de gobernanza, pero abre un camino irreversible hacia la integridad. Obliga a redefinir las relaciones entre clubes, empresas y federaciones, y envía una señal clara a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el fútbol es una actividad privada con un interés público innegable, y por tanto debe rendir cuentas como tal.

HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL DEL FÚTBOL CHILENO

El avance de esta ley, complementaria a la reforma de la Ley N.º 20.019 (promulgada en 2005 para las sociedades anónimas deportivas profesionales), consolida un nuevo contrato social entre el fútbol y la ciudadanía. Se trata de reconocer que la pasión colectiva no puede seguir subordinada a los intereses cruzados de unos pocos accionistas. El desafío será implementar una fiscalización transparente, independiente y efectiva, capaz de garantizar que las nuevas normas no se conviertan en letra muerta (Otra Ley de Estadio Seguro).

Chile se encuentra ante una oportunidad histórica, de transformar su fútbol en un modelo de integridad institucional y confianza pública. Pero para ello, la voluntad política debe traducirse en capacidad técnica y vigilancia permanente. Solo así la prohibición total de multipropiedad dejará de ser un enunciado legal para convertirse en una práctica real de justicia deportiva.