Legítima defensa al banquillo

Señor Director:

A propósito de la publicación de la Fundación Jaime Guzmán llamada “Crisis de Seguridad y Legítima Defensa”, Ideas y Propuestas N°425, del 27 de agosto, es necesario enfatizar algunos temas.

En primer lugar, cualquier propuesta programática en el ámbito de la seguridad pública debe partir sobre la base de qué es lo que tenemos y qué herramientas pueden servir para impulsar la gestión del cambio en el Estado.

En segundo lugar, Chile hizo bien en reforzar la persecución de homicidios. En esté ámbito, lo que falta no es otra reforma, sino un estándar temprano para evaluar la legítima defensa a nivel de política criminal.

La Ley Naín-Retamal no aplica para Carabineros de franco porque no están en funciones de orden público. Aquí no manda la investidura, mandan los hechos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio y falta de provocación suficiente, con presunciones legales en escenarios definidos. Dicho en simple: fuera del servicio, se aplica la ley igual para todos y está bien que así sea cuando se trata de conflictos entre particulares.

Sugiero estabilidad normativa y estándar temprano de persecución criminal. La legítima defensa no es tema “de temporada” ni requiere rediseño; es una institución clásica que da certidumbre se aplique o no, y no requiere rehacerse para cada estación.

El derecho de defensa debe ser amplio cuando es necesario, y la ley fijar límites normativos para evitar abusos. Si la evidencia ampara, funciona; si no, que opere el derecho penal con todo su rigor.

En caso de abrir esta conversación, mi reflexión es que deberíamos evaluar avanzar hacia un modelo como el alemán, que no castiga el exceso a los límites de la defensa por confusión, miedo o pánico. Pareciera que eso se ajusta mejor al contexto en el que se ejerce la legítima defensa en casos extremos, de manera de evitar la judicialización innecesaria para casos amparados por la ley.