Seguridad con evidencia: por qué invertir en reinserción funciona

La autora de esta columna analiza los datos disponibles del sistema carcelario, de su presupuesto y costos, reunidos en el informe “Hablemos de Reinserción: Condiciones, necesidades y oportunidades para una reinserción social efectiva en Chile”, elaborado en conjunto por Juntos por la Reinserción en colaboración con la Fundación Paz Ciudadana y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC. Sostiene que «la seguridad pública se construye con prevención, persecución y reinserción, tres pilares que deben sostenerse mutuamente. Un sistema que encierra sin reinsertar es un sistema que posterga el próximo delito, pero no lo evita. Reconocer eso no es ingenuidad: es asumir la realidad con responsabilidad. Si queremos menos delitos, debemos invertir en lo que los reduce. Porque cuando una persona logra reinsertarse, hay una víctima menos en el futuro, un barrio más tranquilo, una familia que se recompone y un país que se vuelve más seguro».

El temor a la delincuencia en Chile es real. Lo sentimos en las calles, aparece en las conversaciones cotidianas e instala la desconfianza en las comunidades. Los niveles de violencia han aumentado y las respuestas del Estado siguen girando, casi exclusivamente, en torno a endurecer las penas. Sin embargo, los datos muestran que si no lo abordamos también con estrategias de reinserción, la seguridad no puede ser verdaderamente sostenible. 

Si hablamos en cifras, hoy, más de 64 mil personas están privadas de libertad en un sistema diseñado para 42 mil cupos, lo que significa un 146,8% de ocupación (Gendarmería de Chile, 2025). A eso se suman otras 90 mil personas que son atendidas por la institución en el medio libre. 

Según datos de transparencia, de aquí al 2030, 30 mil personas saldrán de las cárceles chilenas. No se trata de una cifra abstracta: son hombres y mujeres que regresarán a los mismos barrios donde fueron condenados, en comunas como Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, Antofagasta, Alto Hospicio, y otras pocas que concentran el 25% de quienes egresan del sistema penitenciario. Si estas comunas no cuentan con estrategias para recibirlos, lo más probable es que el ciclo se repita. Sabemos que, si no se generan condiciones y oportunidades reales de reinserción, un gran porcentaje volverá a delinquir: la reincidencia alcanza un 47% entre quienes cumplen condenas en recintos cerrados y no reciben intervención (Gendarmería de Chile, 2019). Estas cifras no son nuevas; lo que sí es nuevo —y urgente— es asumir que la reinserción social debe ser una política de seguridad pública. 

En términos económicos, Chile invierte un 1,9% del PIB en seguridad —incluyendo policías, justicia y prisiones—, mientras que el costo total del delito, considerando gasto público y privado, asciende al 2,1% del PIB (Balmaceda, Hernández y Alfaro, 2024). A pesar de este enorme gasto, la delincuencia se mantiene alta y la sensación de inseguridad no disminuye. 

Específicamente, vemos que para el Estado el costo de mantener a una persona privada de libertad supera los $900.000 mensuales (The Clinic, 2023), mientras que la supervisión de quienes cumplen condenas en el medio libre cuesta cerca de $200.000 (Ministerio de Justicia 2021). Más allá de representar un gasto menor para el Estado, las sanciones y medidas que se cumplen en el medio libre también muestran mejores resultados: la reincidencia desciende a 24,6% entre quienes acceden a salidas progresivas, a 20,8% entre quienes obtienen libertad condicional y llega solo a 10,5% en quienes cumplen penas mixtas. Estos datos coinciden con la evidencia internacional, que demuestra que las medidas alternativas a la privación de libertad reducen el riesgo de reincidencia y favorecen una reinserción efectiva. 

El informe “Hablemos de Reinserción: Condiciones, necesidades y oportunidades para una reinserción social efectiva en Chile”, elaborado por Juntos por la Reinserción en colaboración con la Fundación Paz Ciudadana y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, sistematiza la evidencia disponible sobre el estado de la reinserción en Chile. Entrega datos y cifras concretas, así como experiencias nacionales e internacionales, que muestran el impacto de intervenir en esta materia. Sus hallazgos son claros: la cárcel, por sí sola, no reduce la reincidencia; de hecho, puede aumentarla debido al contagio criminógeno, la pérdida de redes familiares y laborales y el deterioro de la salud física y mental, entre otros factores. En cambio, existe evidencia que demuestra que intervenciones en reinserción bien diseñadas pueden reducir el riesgo de reincidencia hasta en un 68,5% (Tripodi, Kim y y Bender, 2010 en Fundación Paz Ciudadana, 2015 ). 

Junto con sistematizar el diagnóstico, el informe propone medidas concretas: la creación de un Sistema Nacional de Reinserción Social articulado entre Gendarmería, municipios y servicios sociales; incentivos al sector privado para la contratación de personas con antecedentes; un plan nacional de descompresión carcelaria con medidas alternativas y seguimiento efectivo; y la aprobación de la Ley de Ejecución de Penas que estandarice la supervisión judicial y el acceso a beneficios según evidencia. Estas no son reformas simbólicas; son ajustes estructurales que pueden hacer que el país gaste de forma más eficiente en seguridad y, sobre todo, logre que quien egresa de la cárcel no vuelva a entrar. 

La reinserción no depende solo del Estado. Hace años, más de 40 organizaciones de la sociedad civil —hoy articuladas en la red Juntos por la Reinserción— trabajan acompañando procesos de reinserción social y laboral. Lo hacen en cárceles, centros de educación, empresas y barrios. Son fundaciones, corporaciones y emprendimientos que sostienen un trabajo invisible, pero esencial: apoyar a quienes egresan a reconstruir vínculos, acceder a empleo y recuperar un proyecto de vida. A ese esfuerzo se ha sumado el sector empresarial, entendiendo que su compromiso con la seguridad no se agota en financiar más cámaras o guardias, sino en abrir oportunidades laborales reales. Hoy existen empresas en diferentes rubros que contratan personas egresadas del sistema penal, con resultados muy positivos en retención y desempeño. Esa alianza público–social–privada es lo que puede convertir la reinserción en una política de Estado. Se trata de articular capacidades y recursos que ya existen, pero hoy operan fragmentados. 

El informe no trae cifras desconocidas; lo que hace es reunir toda la evidencia en un solo lugar para ponerla al servicio de quienes deben construir y decidir políticas públicas. Pero también es una invitación a la ciudadanía a mirar la seguridad desde una lógica distinta. La seguridad pública se construye con prevención, persecución y reinserción, tres pilares que deben sostenerse mutuamente. Un sistema que encierra sin reinsertar es un sistema que posterga el próximo delito, pero no lo evita. Reconocer eso no es ingenuidad: es asumir la realidad con responsabilidad. Si queremos menos delitos, debemos invertir en lo que los reduce. Porque cuando una persona logra reinsertarse, hay una víctima menos en el futuro, un barrio más tranquilo, una familia que se recompone y un país que se vuelve más seguro.