El presupuesto 2026 del Ministerio de Educación: ¿reduce o profundiza nuestra crisis educativa?

El autor de esta columna escrita para CIPER analiza los detalles de la propuesta de presupuesto para Educación que aún se discute en el Congreso, y concluye que “aunque es un presupuesto marcado por la continuidad, educación superior pareciera estar sobredimensionada en este marco, no solo por lo señalado, sino además por los temas no desarrollados, como la recuperación del CAE y también el nuevo sistema de Financiamiento Estudiantil (FES), cuestiones que tienen que ponerse en la balanza con la oferta formativa de educación superior y con las trayectorias laborales de los nuevos graduados, aspectos que – creemos- requieren de decisiones estratégicas prontas para asegurar su viabilidad económica y social”.

Créditos de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

Pese a que el presupuesto final de 2026 no ha sido sancionado aun por el Congreso, la propuesta en trámite representa la idea original del Gobierno, sin intervención de la negociación parlamentaria, la cual evidencia algunos problemas o inconsistencias importantes para su gestión -no solo para el gobierno de turno-, sino para todo el sistema educativo nacional, desde el punto de vista de los grandes desafíos de corto y mediano plazo que enfrentamos, cobertura y calidad de la enseñanza en todos los niveles.

En un escenario de restricciones financieras en muchas áreas, la propuesta en análisis mantiene su preeminencia como una partida muy importante, pues considera un incremento del gasto de 2,2% respecto de 2025, totalizando $16,56 billones, sumando $360,3 mil millones extras (sin considerar los gastos operacionales).

En este marco los recursos para educación parvularia no crecerían, estableciéndose un -0,1% que el 2025. En tanto la Educación Escolar aumenta escasamente (+0,4%), siendo la Educación Superior con +7,3%, la cual representa gran parte del incremento presupuestario. De hecho, del total de recursos extras propuestos para 2026, el 75,4% son para Educación Superior.

El análisis aislado del año 2026 no permite configurar el marco completo de la temática. Por lo mismo, desde que se instala la gratuidad, ya una década atrás, el presupuesto de educación superior ha venido creciendo anualmente a una tasa muy superior al resto del sistema educativo, transformándose en la segunda partida en importancia del Ministerio, tras educación escolar. El principal componente de esta partida es Gratuidad, que representa al 76,6% del total, y si bien para 2026 crecería un 7,1% sigue siendo por lejos el factor más gravitante y dada la tendencia señalada, es una amenaza para el resto del  sistema educativo, pues ésta crece a tasas muy superiores a los ingresos fiscales, y dada su normativa de aplicación: universal y creciente para los deciles superiores que aún no son cubierto (del 7 al 9, fijada en la ley amarrada a incremento del PIB), suma recursos financieros cuantiosos que requieren que el país revise a la brevedad esta política ,al menos desde dos criterios: ¿es viable para un país como el nuestro la gratuidad universal para el 90% de su población? y ¿debe aplicarse la gratuidad a todas las carreras de pregrado por igual?

Ciertamente analizar estos considerados requiere desideologizar el problema y considerarle desde el sistema educativo en su conjunto y no solo desde la educación superior. Es claro que, en el escenario actual de ingresos y gastos del Estado, y de su proyección en el corto plazo, esta política no sería sustentable sin fagocitar en grado importante los recursos financieros del resto de los niveles del sistema educativo, afectando severamente la educación inicial y escolar.

El estancamiento financiero de la educación parvularia (inicial) es importante desde el punto de vista de la política educacional, ya que es un nivel determinante sobre las trayectorias educativas posteriores, nivel sobre el cual el país ha venido por varias décadas invirtiendo, pero que requiere inexorablemente incrementar su cobertura como también la calidad de su enseñanza, fenómeno que necesita optimizar su conexión con la educación escolar, algo que está aún al debe. Para ello – ciertamente- no basta incrementar los recursos financieros, pero en el estado actual del tema es aún un factor imprescindible, más allá de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Igualmente, el crecimiento extremadamente moderado de los recursos asignados a la educación escolar, y las readecuaciones presupuestarias experimentadas al interior de este programa ponen luces de alerta en algunas cuestiones capitales.

Hay un aumento relevante de los recursos asignados a los Servicios Locales de Educación Pública, especialmente al Fondo de incentivo para su gestión, y para sus gastos de operación, que son ítemes que se corrigieron parcialmente en el presupuesto 2025 y que explican parte de los escollos experimentados por los SLEP. El problema, según los datos públicos, es que la glosa del Fondo de Incentivo a la Gestión define su propósito como “contribuir a la sustentabilidad financiera de los SLEP, mediante compromisos para mejorar la gestión administrativa y financiera”. El tema es que, a agosto de este año, se registra una ejecución muy baja, por lo cual cuesta entender las razones para su incremento. Igualmente, dado los evidentes problemas generados por el déficit de remuneraciones a raíz de la sobredotación de personal de los SLEP, hasta el momento cubiertos mayoritariamente por el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se requeriría de mayor precisión y control sobre su ejecución.

También hay incrementos de recursos en leyes permanentes, como la de Carrera Docente, y del Programa de beneficios escolares (alimentación y otros) entendiendo que esta última, aunque su eficiencia técnica puede ser criticada, es una política social inserta en la escuela que brinda un soporte potente para la asistencia escolar, por lo que su evaluación requiere de otros criterios.

La deuda histórica del magisterio es una asignación nueva que, aunque se ve cuantiosa, su provisión per cápita por docente es un tema de dignidad que de un monto acorde con lo que les correspondía.

En referencia a las reducciones registradas, éstas son principalmente:

(i) asignaciones relacionadas al financiamiento de los establecimientos educativos (Subvenciones Escolares, financiamiento Educación Parvularia y bonificaciones para asistentes de la educación);

(ii) además, se descontinúa el programa de Educación Superior Regional y se reducen los recursos para el financiamiento de los CFT Estatales, sin entenderse debidamente esto último.

También, se disminuyen los recursos del Plan de Reactivación Educativa, específicamente del Plan Nacional de Tutorías, Aprendizajes Fundamentales y Convivencia Escolar y Bienestar Docente, los que al mes de agosto presentaban una ejecución de 34% y 48%, respectivamente. La reactivación es una materia aún no lograda plenamente en el sistema escolar y que requiere reconsiderarse bajo otros criterios para impactar positivamente sobre ella.

También se reducen los recursos para los Liceos Bicentenario, cuestión que fue planteada en el presupuesto anterior y que ocasionó mucha tensión, y que pareciera ser más un tema ideológico del gobierno actual que de resultados educacionales.

Complementariamente, respecto del Programa de Recursos Educativos, se reduce el presupuesto para financiar la conexión a internet de los establecimientos educativos, cuestión que sin duda afecta a los establecimientos más distantes y que se entiende poco ante la necesidad de implementar estrategias educativas innovadoras, basadas en la tecnología. En línea, se reduce el presupuesto para Textos Escolares, cuestión que sería importante conocer sus razones, por una parte, porque son altos los montos que se invierten en ello y segundo, porque podrían generarse opciones a este instrumento que sean más económicas y de mayor impacto educativo.

En suma, aunque es un presupuesto marcado por la continuidad, educación superior pareciera estar sobredimensionada en este marco, no solo por lo señalado, sino además por los temas no desarrollados, como la recuperación del CAE y también el nuevo sistema de Financiamiento Estudiantil (FES), cuestiones que tienen que ponerse en la balanza con la oferta formativa de educación superior y con las trayectorias laborales de los nuevos graduados, aspectos que – creemos- requieren de decisiones estratégicas prontas para asegurar su viabilidad económica y social.