Caso SQM: cuando la justicia llega tarde y la impunidad se instala

Señor Director:

Hace años que la ciudadanía chilena observa una escena demasiado repetida: grandes empresas, campañas electorales, boletas que no representan servicios reales, políticos que reciben dineros “por debajo de la mesa” y luego un proceso judicial largo, complejo… que finalmente desemboca en resultados que no parecen registrar plena rendición de cuentas.

Los casos de Empresas Penta (Penta) y SQM son quizás los más emblemáticos. En el primero, boletas ideológicamente falsas y donaciones irregulares revelaron una conexión entre el gran empresariado, la estructura partidaria y la campaña electoral. En el segundo, la minera SQM fue acusada de haber canalizado millones de dólares en aportes irregulares a campañas políticas entre 2008‑2014.

Lo particular —y lo inaceptable— es que, tras largos años de investigación, algunas causas terminan en absoluciones o en procesos que nunca concluyen con sanciones que se sientan ejemplares. Recientemente, en el caso SQM, un tribunal absolvió a los ocho acusados luego de más de diez años de investigación. Ese desenlace deja un mensaje claro para muchos: “Haz lo que tengas que hacer, usa los circuitos, aprovecha la opacidad… que la justicia llegará… pero quizá demasiado tarde para que realmente importe”.

Y eso debilita la fe en las instituciones. Cuando la política, el dinero y la ley parecen jugar en otro nivel, surge la erosión de la confianza democrática.

¿Por qué ocurre esto?
1. Dilación de los procesos.
2. Regulación débil o con vacíos.
3. Concentración de poder económico vinculada al poder político.
4. Falta de consecuencias ejemplares.

El daño no es solo simbólico. Es sustancial: cuando la ciudadanía percibe que los poderosos “se salvan” o que el sistema está montado para otros, se debilita la participación, se incrementa el desencanto, se reduce el control social. Y la democracia sufre.

No basta con descubrir el fraude, ni con abrir la investigación, ni con publicar titulares. Lo que importa es que el ciclo se cierre con justicia -visible, concreta, disuasiva-. Hasta que eso no ocurra, el mensaje que circula será el más peligroso: otro episodio más, otra vez sin consecuencias, otro impulso hacia la creencia de que “hay reglas para otros”.

Mientras esa creencia crece, el sistema que decimos defender pierde parte de su razón de ser.

El historial revela un patrón constante: los casos estallan, los procesos se alargan y las sanciones se diluyen. El problema no es solo la corrupción, sino la impunidad estructural que se ha instalado. Cuando los poderosos son absueltos tras diez años de investigación, el mensaje social es devastador.

Para que la democracia recupere fuerza moral, es indispensable que los delitos de cuello y corbata tengan las mismas consecuencias que cualquier otro delito común. Justicia tardía no es justicia; justicia selectiva es injusticia. Chile necesita memoria, sanción y reparación simbólica. Solo así el país volverá a creer en sus instituciones.