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RADAR DE CIPER: LA SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DE LA ÚLTIMA JORNADA
22.10.2025
Estas son las noticias de la última jornada seleccionadas para ti por CIPER: en el caso SQM el tribunal tildó de “poco prolijo” del trabajo del Ministerio Público; el alcalde Mario Desbordes negó el pago de la primera cuota de la compraventa de la exclínica, y la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).
Este miércoles, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió en un fallo dividido, tras 11 años de investigación, absolver a los ocho imputados que llegaron a juicio oral en el Caso SQM, como el exsenador y exministro Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y al exgerente de Soquimich (SQM) Patricio Contesse. Esta decisión cierra la investigación liderada en su última fase por la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, donde se persiguió la emisión de boletas y facturas falsas a SQM para financiar de forma irregular campañas políticas, lo que a juicio de la fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, constituían delitos tributarios. Asimismo, en el caso se acusó a Longueira y Contesse de los delitos de cohecho y soborno, a partir de sus intercambios por correo electrónico del entonces proyecto de Ley de Royalty Minero.
En su veredicto, el tribunal criticó con fuerza la labor en el juicio del Ministerio Público, apuntando a que realizó un “trabajo poco prolijo”. También reprochó que hubiera una extrema dilatación en la tramitación de esta causa.
La presidenta de la Tercera Sala, María Teresa Barrientos, estuvo a cargo de la lectura del veredicto y comunicó que la demora del procedimiento no se debe a la complejidad de la indagatoria, sino a las actuaciones del Ministerio Público que, incluso, provocaron un deterioro en la calidad de las pruebas. La fiscalía no logró acreditar y convencer al tribunal del dolo en la supuesta falsedad ideológica de boletas y facturas que sostenían la comisión de los delitos tributarios. La magistrada dijo además que hubo vulneración de los derechos de los imputados, al no haber sido juzgados en un plazo razonable: “Tanta ha sido la dilación en la resolución de la causa, que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas”, dijo.
Pablo Longueira a la salida del Centro de Justicia. (Hans Scott / Agencia Uno)
El 20° Juzgado Civil de Santiago ordenó el embargo de bienes de la Municipalidad de Santiago por el incumplimiento del primer pago de $2.400 millones a la Inmobiliaria San Valentino SpA, tras la compraventa de la exclínica Sierra Bella. Pese a que el inmueble ya está inscrito bajo el nombre del municipio, el alcalde Mario Desbordes determinó no realizar el pago. Ante ello, la empresa presentó una demanda civil y una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El edil sostuvo que el cobro se debe a las gestiones de la exalcaldesa Irací Hassler, quien celebró un contrato de $8.400 millones -durante su administración en 2023- por un inmueble que, según acusa, fue tasado en $2.500 millones: “Yo no voy a pagar ocho mil [millones] por lo que vale dos mil [millones]”. Además, argumentó que en ese lugar es técnicamente imposible hacer un Cesfam en regla y, menos aún, una clínica. Mientras tanto, la deuda sigue acumulando intereses y ya supera los $9.300 millones.
Mario Desbordes, alcalde de Santiago. (Hans Scott / Agencia Uno)
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) por el caso de Nabila Rifo y ordenó el reingreso de Mauricio Ortega al Centro Penitenciario de Puerto Aysén. El tribunal informó que se deberá realizar una nueva sesión para analizar la polémica resolución que dejó en libertad condicional a Ortega hace dos semanas, quien fue condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque que dejó ciega a Rifo en 2016.
El tribunal había notificado al Sernameg sobre la solicitud del agresor, en septiembre pasado. Sin embargo, el correo no fue atendido por el servicio ya que, según un reportaje de Radio Bío-Bío, la defensora a cargo del caso de Rifo fue removida y la causa nunca fue reasignada. En el fallo, la Corte cuestionó al organismo por no garantizar a Rifo las condiciones de acceso efectivo a la justicia, no por una notificación mal practicada sino por “la vulneración de un derecho fundamental, ser oído, que termina por amenazar la seguridad individual”. En ese sentido, agregó que incluye el “derecho a vivir libre de amenazas, riesgos o daños, considerando especialmente cuando la persona está en situación de vulnerabilidad, como ocurre en este caso”.
Mauricio Ortega debe volver a la cárcel. (Jonaz Gómez / Agencia Uno)
