Eliminar el INJUV: una decisión centralista que calla a las juventudes

Señor Director:

Desde Paillaco, una comuna rural del sur de Chile, miro con preocupación la propuesta de eliminar el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), contenida en el informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público. Lo que algunos llaman “eficiencia” no es más que un nuevo capítulo de un Estado que, en nombre del ahorro, decide recortar los pocos espacios donde las juventudes tienen voz.

No se trata solo de una repartición pública. El INJUV ha sido la puerta de entrada para miles de jóvenes que encuentran en su institucionalidad un punto de encuentro con el Estado, con la participación y con la posibilidad de transformar su territorio. Desde sus direcciones regionales, muchas veces con recursos limitados, ha construido redes de liderazgo, formación cívica, voluntariado y emprendimiento, especialmente en zonas donde la descentralización es una promesa incumplida.

Eliminar el INJUV es una decisión centralista y profundamente elitista. Es decirle a las juventudes de regiones, rurales, indígenas o migrantes que la política pública solo vale si nace desde Santiago y que la participación territorial no merece presupuesto. Es, en los hechos, invisibilizar a quienes no tienen apellido ministerial ni acceso directo a los círculos de poder.

Hablar de “eficiencia fiscal” cuando se desmantela una institución que representa a más de cuatro millones de jóvenes es una forma elegante de justificar la exclusión. Porque el costo real de eliminar el INJUV no se mide en millones de pesos, sino en la pérdida de espacios de participación, de legitimidad democrática y de confianza en el Estado.

Además, la medida vulnera compromisos internacionales suscritos por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de la ONU sobre Juventud, que obligan al Estado a garantizar la participación y el desarrollo integral de las juventudes. Ignorarlos no es un error administrativo: es un acto político que pone en entredicho la voluntad del país de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Las juventudes no somos un gasto, ni una estadística. Somos quienes hoy sostenemos la democracia, la cultura y la vida comunitaria en cada rincón del país. Eliminar al INJUV no es eficiencia: es una forma sofisticada de decirnos que nuestra voz no importa, sobre todo si no se escucha desde Santiago.