¿Cómo entendemos los privilegios y la impunidad en Chile?

¿Cómo percibimos los privilegios en nuestra sociedad? ¿Creemos realmente que el dinero y los contactos determinan el acceso a la justicia? La quinta entrega de la Encuesta ICSO-UDP 2025 abordó las percepciones ciudadanas sobre los privilegios y la impunidad, revelando un panorama complejo donde coexisten la indignación, la resignación y cierta esperanza en sectores específicos de la población. A partir de un análisis estadístico multivariado, los autores de esta columna identificaron algunos patrones distintivos que permiten comprender cómo diferentes grupos interpretan la desigualdad, evalúan el funcionamiento de la justicia y se posicionan frente a los abusos del poder. Se argumenta aquí que el discurso del “crecimiento con equidad” tan dominante en los 90s ha perdido la fuerza integradora que solía tener.

Una de las promesas más recurrentes de las últimas décadas ha sido la generación de oportunidades para acceder a mejores condiciones de vida. Se ha enfatizado que debemos aspirar a una sociedad que valore el mérito, el esfuerzo y los talentos (“a cada cual según sus talentos”). La gratuidad en la educación superior sería un elemento fundamental para demostrar las capacidades y los talentos, disminuyendo los privilegios de cuna. Esta promesa viene acompañada de una segunda condición, el desarrollo de una sociedad donde no existan discriminaciones, es decir, que se respete el valor de la igualdad ante la ley (“igualdad ante la ley para todos, privilegios para nadie”). ¿Existe consenso social sobre estas dos dimensiones tan fundamentales para construir una democracia estable?

La quinta entrega de la serie “Clima Social” de la encuesta ICSO-UDP 2025 exploró este tema, y sus resultados dibujan un país profundamente escéptico sobre la equidad del sistema de justicia, donde la gran mayoría de las personas cree que el dinero y los contactos son factores determinantes en los resultados judiciales. 

Las cifras son contundentes y plantean un panorama de profundo escepticismo institucional. Tres de cada cuatro personas (74,8%) están en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el sistema de justicia chileno sea equitativo para todas las personas. Esta percepción se agudiza cuando se trata de la diferenciación de trato: un abrumador 73,4% considera que el sistema judicial aplica criterios distintos para juzgar a ricos y pobres.

Pero la desconfianza se vuelve casi unánime cuando se pregunta por la influencia del poder económico en los tribunales. Un 83,7% de los encuestados cree que el dinero y los contactos influyen en los resultados de los juicios, mientras que un 80,1% considera que contar con abogados influyentes marca una diferencia decisiva en las sentencias. Este guarismo debe ser atendido, pues cruza según los datos todos los espectros políticos y sociales de los encuestados. Las cifras revelan no solo una crisis de confianza en la justicia, sino una percepción generalizada de que vivimos en un sistema donde el poder económico compra impunidad.

Cuando se intenta explicar el privilegio que abre la puerta a mayores beneficios, las respuestas ponen de relieve las tensiones centrales sobre cómo concebimos la desigualdad en Chile. La opción más mencionada señala el origen familiar (42,7%), seguida por las redes de contactos (23,7%) y, en un lugar bastante más distante, el esfuerzo personal (17,9%). De esa manera, las diferencias sociales y económicas se entienden menos como fruto del mérito individual y mucho más como el resultado de herencias y privilegios transmitidos de generación en generación.

Esta percepción crítica sobre el origen de la desigualdad convive, coherentemente, con fuerte rechazo a que las personas de mayores ingresos accedan a mejor educación (27,1% de acuerdo) y salud (30,1% de acuerdo). Sin embargo, hay una mayor tolerancia a las diferencias en el caso de las pensiones. En efecto, un 50,8% está de acuerdo o muy de acuerdo con que quienes aportan más dinero al sistema de pensiones reciban mejores pensiones. Por lo tanto, la salud y la educación se perciben como derechos más fundamentales, mientras que existe un grado importante de tolerancia a que las pensiones puedan diferenciarse bastante según aportes individuales.

La evaluación de cómo se ha gobernado Chile desde el retorno a la democracia es lapidaria. Dos tercios de los encuestados (66,5%) consideran que los gobiernos han favorecido principalmente a los grandes grupos económicos, mientras que solo un 28,3% cree que han beneficiado tanto a estos grupos como a la mayoría de la ciudadanía. Apenas un 5,2% considera que se ha gobernado para beneficiar a la mayoría de la ciudadanía. Esta percepción trasciende gobiernos específicos y se instala como una evaluación estructural del funcionamiento del sistema político chileno.

Para comprender mejor cómo se articulan estas percepciones, aplicamos técnicas de análisis estadístico multivariado que nos permitieron identificar cinco perfiles diferenciados en la población adulta chilena. Cada uno representa una forma particular de entender los privilegios económicos, evaluar el sistema de justicia y posicionarse políticamente. En la siguiente tabla se presenta una tabla con las diferencias por dimensión de la encuesta según grupo.

Indignadas Sistémicas (25,1%): Este grupo representa a quienes mantienen una visión profundamente crítica del sistema económico y judicial chileno. Están convencidos de que la riqueza proviene principalmente del privilegio familiar más que del mérito personal, y rechazan enfáticamente cualquier diferenciación en servicios básicos según capacidad de pago. Su desconfianza institucional es marcada: perciben que la justicia opera con sesgos según el poder económico y los contactos, identifican impunidad generalizada en delitos de cuello blanco, y consideran que la corrupción permea tanto el sector público como el privado, con especial énfasis en este último. Son particularmente sensibles a los abusos institucionales, señalando específicamente a farmacias, bancos, tribunales y el congreso. Este segmento está conformado principalmente por mujeres jóvenes y adultas de sectores socioeconómicos medio-bajo y bajo, concentradas en la Región Metropolitana, con una clara inclinación política hacia la izquierda. Preferencia por Jara.

Neoliberales Desconfiados (23,6%): Este grupo combina una postura liberal en lo económico con un profundo escepticismo hacia las instituciones públicas. Aunque aceptan la diferenciación de servicios según capacidad de pago como algo legítimo, mantienen una visión crítica sobre el origen de la riqueza, atribuyéndola al privilegio familiar. Su desconfianza se manifiesta en la percepción de que la justicia está sesgada por el dinero y las influencias, y que existe impunidad sistemática para delitos económicos graves. Sin embargo, su crítica se concentra más en el sector público: consideran que la corrupción es predominantemente gubernamental, y señalan abusos específicamente en los tribunales de justicia y el gobierno, mientras eximen relativamente a Carabineros. Este perfil está compuesto por personas adultas y mayores de diversos géneros, pertenecientes a estratos socioeconómicos medios y medio-altos de la Región Metropolitana, con preferencias políticas hacia el centro-derecha y la derecha, y simpatías por Kast, Kaiser, Mathei y Parisi.

Escépticas Moderadas (20,6%): Este segmento representa una posición intermedia y más optimista respecto al funcionamiento institucional del país. Aunque comparten con los grupos más críticos la percepción de que los altos ingresos provienen del privilegio familiar y rechazan la estratificación en servicios básicos, se diferencian significativamente en su evaluación del sistema de justicia. Consideran que existe mayor efectividad en la sanción de delitos económicos y abusos de poder, percibiendo menos injusticias procedimentales que otros grupos. Esta visión más equilibrada se extiende a las instituciones en general: no identifican abusos significativos ni en el sector público ni en el privado, aunque mantienen su crítica hacia el favorecimiento histórico de los grandes grupos económicos. Este grupo está conformado principalmente por mujeres de diversas edades y sectores socioeconómicos medio-bajos y bajos, distribuidas especialmente en las zonas centro y sur del país, sin una posición política claramente definida.

Meritocratas Convervadores (19,3%): Este grupo representa una visión marcadamente distinta respecto al origen de la desigualdad y la legitimidad del sistema. Creen firmemente que los altos ingresos son resultado del esfuerzo personal más que del privilegio, y consecuentemente aceptan la diferenciación de servicios según capacidad de pago como algo natural. Aunque perciben que la justicia no es completamente equitativa y que el dinero y los contactos pueden influir en los procesos judiciales, esta crítica es menos intensa que en otros grupos. Su evaluación del sistema es generalmente favorable: consideran que existe sanción efectiva para delitos económicos, no perciben abusos institucionales significativos, y tienen una visión más benevolente del actuar gubernamental, sosteniendo que en las últimas décadas los gobiernos han beneficiado tanto a los grandes grupos económicos como a la ciudadanía en general. Este perfil está compuesto principalmente por hombres adultos y mayores de sectores socioeconómicos medios y medio-altos, distribuidos en diversas zonas del país, con preferencias políticas hacia el centro-derecha y la derecha. Preferencia electoral por Kast.

Optimistas Institucionales (11,4%): Este grupo representa la posición más favorable hacia el funcionamiento del sistema institucional chileno. Comparten con los Meritócratas Conservadores la convicción de que los altos ingresos provienen principalmente del esfuerzo personal y aceptan la diferenciación de servicios según capacidad de pago. Lo que los distingue es que consideran que la justicia opera equitativamente sin sesgos por condición socioeconómica, dinero o contactos, que existe sanción efectiva para delitos económicos, y que la corrupción, aunque presente en ambos sectores, no está muy extendida en el país. Esta visión optimista se extiende a su evaluación del actuar gubernamental, considerando que ha beneficiado equilibradamente a diversos sectores de la sociedad. Este segmento está conformado principalmente por mujeres jóvenes y adultas de sectores socioeconómicos medio-bajos y bajos, concentradas en las zonas centro y norte del país, sin una posición política claramente definida.

Lo que emerge de estos cinco perfiles es un país dividido en su diagnóstico fundamental sobre la desigualdad, pero con algunos consensos que trascienden las diferencias políticas y socioeconómicas. El más significativo es el reconocimiento transversal de que, históricamente, los gobiernos han favorecido a los grandes grupos económicos, una percepción compartida por los tres primeros clústeres que representan casi el 70% de la población. Incluso los Meritocratas Conservadores y los Optimistas Institucionales, más benévolos con el sistema, reconocen este sesgo histórico, aunque lo atemperan argumentando que también ha habido beneficios para la ciudadanía general. Además, existe un amplio acuerdo en que la corrupción no es un problema exclusivo del sector público ni del privado, sino que atraviesa ambas esferas, lo que sugiere una percepción de complicidad estructural entre poder político y económico.

Otro consenso importante se da en torno a la meritocracia. En buena medida, la mayoría de chilenas y chilenos cree que los altos ingresos provienen principalmente del privilegio familiar y los contactos. Solo una parte minoritaria, aunque significativa, sostiene que los logros económicos son resultado del esfuerzo personal, especialmente Meritocratas Pragmáticos y Optimistas Sistémicos. Esto se traduce en visiones algo opuestas, aunque no polarizadoras, sobre la legitimidad de la desigualdad. En efecto, quienes ven privilegio rechazan la estratificación en servicios básicos, mientras quienes ven mérito la aceptan como natural. Una división más clara se articula en torno a la confianza institucional, particularmente en el sistema de justicia, donde solo las personas del último grupo creen en su equidad, mientras los demás grupos, en distintos grados, perciben que opera con sesgos de clase y poder.

Las implicancias de estas percepciones para enfrentar la impunidad y el privilegio en Chile son profundas y complejas. Por un lado, existe un sustrato común de desconfianza que atraviesa a la mayoría de la población y que podría movilizarse hacia reformas institucionales, particularmente en el sistema de justicia y en la relación entre poder político y económico. Sin embargo, la ausencia de consenso claro sobre las causas de la desigualdad dificulta enormemente la construcción de políticas redistributivas: para quienes creen en el mérito, redistribuir es castigar el esfuerzo; para quienes ven privilegio, mantener el statu quo es perpetuar la injusticia. Más preocupante aún es que los sectores que más confían en las instituciones y en la narrativa del esfuerzo individual tienden a pertenecer a estratos socioeconómicos más altos y con mayor poder político, lo que sugiere que las reformas orientadas a combatir la impunidad y el privilegio enfrentarán resistencias estructurales significativas. 

En suma, los resultados de esta encuesta plantean un desafío central para cualquier proyecto político que aspire a gobernar Chile: ¿cómo construir legitimidad democrática en una sociedad donde existe una sensación de abuso e impunidad tan extendida, y donde el mérito ya no resulta un relato creíble. El problema no radica únicamente en la desigualdad económica, sino en la fractura de percepciones sobre su origen y su justicia. En este escenario, las políticas públicas no bastan si no van acompañadas de un esfuerzo deliberado por reconstruir confianzas y generar un lenguaje común sobre lo que significa la equidad. El consenso de los años noventa —que combinaba crecimiento con meritocracia— ha perdido su fuerza integradora y que podría potenciarse en la medida en que las nuevas generaciones de egresados de la gratuidad de la educación superior  pudieran constatar que el pituto vale más que sus credenciales.

Esta columna se basa en los resultados de la quinta entrega de la serie «Clima Social» de la encuesta ICSO-UDP 2025, dedicada a explorar las percepciones sobre privilegios económicos e impunidad en Chile. El estudio se realizó a partir de una encuesta online aplicada a 1.100 casos, bajo un diseño muestral no probabilístico por cuotas. El trabajo de campo fue ejecutado por la empresa IPSOS entre el 22 y el 25 de septiembre de 2025. El universo representado corresponde a personas mayores de 18 años de los segmentos socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D, con cobertura nacional. Los resultados fueron ponderados considerando el peso poblacional por zona geográfica, edad, sexo y GSE, según datos del INE, y utilizando información de AIM para la clasificación socioeconómica.