“Parásitos” y “grasa del Estado”: los funcionarios públicos en la mira

La autora de esta columna comenta que los funcionarios públicos están siendo cuestionados, entre otras cosas, por los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) que los involucran. Sostiene que no se debe generalizar y que “los resultados de las fiscalizaciones realizadas por la CGR no pueden quedarse solo en el castigo de funcionarios públicos de los que no conocemos su caracterización. La problemática debe ser tratada desde diferentes ámbitos asociadas a la gestión pública: más y mayores controles, mayor grado de transparencia y participación ciudadana, castigar el abuso de poder de autoridades y evitar la contratación por razones solo políticas son algunas de las medidas a implementar para mejorar en algo el sistema”.

Créditos imagen de portada: Víctor Huenante/ Agencia Uno

Como “parásitos” se denomina a los funcionarios públicos en una columna de opinión publicada en diario La Tercera, en la que también se agregó el concepto de “grasa del Estado”, que se asocia a la acumulación de burocracias, ineficiencia o exceso de personal en la administración pública. La función pública vuelve a transitar por el riesgo: críticas generalizadas de políticos, periodistas y comentaristas que dan muestra de su ignorancia administrativa, solo conllevan a la desconfianza de la población en los funcionarios públicos, el debilitamiento de las instituciones públicas y la desconfianza del ciudadano en el sistema público.

Hagamos un repaso: en los últimos meses y a través de medios de prensa, se ha tomado conocimiento del uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, de elevados sueldos en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, de la solicitud de renuncia al director del Servicio Impuestos Internos (SII) por contribuciones impagas, entre otras situaciones, que han puesto en entredicho la ética y probidad de los funcionarios públicos, pasando a normalizarse un cierto “desprestigio” de todo aquel que se desempeña en el sector.

Sin desconocer lo delicado de los hechos, que sin duda conforman una falta grave a la probidad administrativa que debe respetar y guiar el actuar de los funcionarios públicos, llama la atención el nivel de desconocimiento de políticos, periodistas y comentaristas que se han pronunciado, y lo siguen haciendo, logrando con sus opiniones y manifiesta ignorancia administrativa, profundizar e instalar un concepto peligroso y  generalizado respecto de los funcionarios públicos, como “flojos”; “privilegiados”, por una inamovilidad en sus empleos que no es tal, y “poco probos”, logrando el desprestigio de todo aquel que se desempeñe en el sector público. Su desconocimiento del carácter sistémico que presenta lo público deja a la mayoría de los análisis al debe, ya que revisan aspectos y/o variables en forma aislada, o peor aún, generalizan e instalan con ello estereotipos del funcionario público, lo que lleva a perjuicios y discriminación.

Esta columna no tiene la intención de realizar una defensa acérrima del funcionario público, pero sí observar cómo en cada hecho fiscalizado y puesto en conocimiento de la opinión pública se considera al funcionario público como una variable aislada en el aparato público, autónoma, que funciona sin relaciones de dependencia ni autoridad jerárquica, sin controles respecto de su actuar. Pero no es el caso, el funcionario público “no se manda solo” y normalmente responde a las instrucciones, evaluaciones y controles de una jefatura que pasa a ser su superior jerárquico. Cuando se habla de funcionarios públicos debemos preguntarnos a quiénes se refieren, ¿a los funcionarios de planta, a contrata, a aquellos con calidad de agentes públicos, a funcionarios que ocupan cargos de confianza política, jefaturas de unidades de la estructura, asesores, jefes de servicio, etc.? Teniendo respuesta a esto podremos establecer un mejor análisis que nos permita entender de quiénes y de qué realidad al interior del aparato público estamos hablando.

¿Cuáles son las responsabilidades subyacentes en los hechos irregulares transparentados en el último tiempo en prensa, asociados a funcionarios públicos? ¿Cuáles son las responsabilidades institucionales y jerárquicas que pueden explicar la ocurrencia de infracciones y responsabilidades administrativas e incluso civiles y/o penales? ¿Qué se ha dicho de la falta de control al interior de las organizaciones? ¿Qué real experticia tienen aquellos que a la fecha se contratan como “asesores”? ¿Qué opinión se ha vertido sobre la contratación de auditores internos y ministeriales (control interno) con base a variables políticas? ¿Qué responsabilidad le cabe en esto a las jefaturas intermedias y al jefe superior del servicio?

La gravedad de lo ocurrido nos obliga no solo a investigar y perseguir las responsabilidades de funcionarios públicos involucrados en hechos irregulares, sino también y principalmente a profundizar en la realidad de la gestión pública chilena, centrándonos en aspectos de controles internos, responsabilidades jerárquicas, que rara vez se persiguen, e integridad pública a nivel del gobierno central y de los niveles subnacionales (gobiernos regionales y municipalidades). Una debilidad del actual gobierno ha sido la falta de conocimiento asociado a la administración y gestión del aparato público, lo que ha afectado el funcionamiento general del sistema. La incapacidad de las “nuevas jefaturas” de “bajar” lineamientos claros y entregar instrucciones han logrado instalar a los funcionarios públicos de “carrera” ante el dilema de “hacer o no hacer”.

Porque debemos reconocer que el quehacer público fue sostenido durante este gobierno principalmente por funcionarios públicos antiguos, debido al desconocimiento que mostraron las nuevas jefaturas y sus amigos que lograron insertarse en lo público no precisamente por mérito experiencia o trayectoria. La protección de la gestión pública por parte de estos funcionarios les significó obtener la desestimación e indiferencia de jefaturas y/o personal contratado por confianza política, pasando a ser el conocimiento, experiencia y trayectoria características evaluadas negativamente por muchos jóvenes que ingresaron a lo público con cierto grado de poder e influencia. Por qué no señalar que se crearon lo que puede entenderse como “estructuras paralelas” a nivel de los gabinetes institucionales, quizás para evitar gestionar con la estructura institucional por faltas de confianza y para evitar obtener de aquellos tan vapuleados funcionarios públicos de “carrera” cualquier tipo de obstrucción a gestiones irregulares.

No puede ser la totalidad de los funcionarios públicos el chivo expiatorio del conjunto de irregularidades que se identifiquen durante y/o al finalizar un gobierno de turno. Hay que reconocer que existe en el aparato público un conjunto de funcionarios victimizados y denostados. Hay muchos funcionarios públicos que desempeñan sus funciones con dedicación y cortesía, buscando alcanzar los objetivos institucionales y satisfacer las necesidades colectivas de manera transparente y honesta, incluso “enfrentando a sus propias jefaturas”. Hay funcionarios públicos que no obstante realizar un buen trabajo, por años han “ido contra la corriente”, no tienen posibilidad de ascensos para un mayor grado, no se les autoriza tiempo compensado y menos pago de horas extraordinarias, no cuentan con la “protección de su jefatura directa” y tienen anulada cualquier posibilidad de carrera funcionaria y deben observar desde esta realidad cómo muchas veces los que menos hacen y saben son los que más ganan en todo sentido.

Estamos a meses del término del gobierno y como siempre en estos procesos se observaran los llamados a concursos de última hora, los aumentos de grado sin mucha justificación, de aquellos más cercanos a las actuales autoridades, el llamado a concurso de terceros niveles jerárquicos para asegurar el trabajo, los cambios de personal de gabinete (confianza política) hacia unidades de línea (nivel técnico profesional), la intención de algunos de postularse como dirigentes sindicales por el solo beneficio del fuero. Y veremos cómo algunos reniegan y/o utilizan su militancia política según lo que pase en las próximas elecciones.

No se pretende de manera alguna, justificar los hechos transparentados en el último tiempo, pero sí se considera urgente y necesario tender a la objetividad dejando de lado las generalidades.  Los resultados de las fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República no pueden quedarse solo en el castigo de funcionarios públicos de los que no conocemos su caracterización. La problemática debe ser tratada desde diferentes ámbitos asociadas a la gestión pública: más y mayores controles, mayor grado de transparencia y participación ciudadana, castigar el abuso de poder de autoridades, evitar la contratación por razones solo políticas, son algunas de las medidas a implementar para mejorar en algo el sistema.