Extorsiones en Chile: ¿un Estado débil y el auge del mercado de la violencia?

El autor de esta columna escrita para CIPER comparte los resultados de una investigación sobre el mercado de la protección y la extorsión, delito este último de amplio crecimiento en el país. Sostiene que “la lección clave es que, si bien la presencia del Estado es fundamental, la forma en que se ejerce esa presencia es crucial para lograr resultados efectivos y duraderos. El objetivo final es la protección mediante la eliminación de rivales, enfatizando que son las acciones del Estado las que pueden lograr este fin”.

Créditos imagen de portada: Diego Martín / Agencia Uno

Chile, tradicionalmente un faro de estabilidad y seguridad en América Latina, se enfrenta actualmente a un alarmante aumento de las extorsiones, un delito que socava tanto la seguridad ciudadana como el dinamismo económico. Un informe reciente del Ministerio Público revela un aumento exponencial de los casos, desde solo 39 en 2013 a más de 763 en 2023. En 2021 la cifra llegaba a 242, lo que hace que las cifras recientes sean mucho más alarmantes.

Esta realidad pone en tela de juicio la capacidad del Estado para mantener su legítimo monopolio sobre el uso de la fuerza y proteger a sus ciudadanos, lo que devela las dificultades que enfrenta el gobierno actual en la lucha contra el crimen organizado. De hecho, las tasas de homicidios también mantienen una preocupante tendencia al alza, con un aumento del 30,4% entre 2021 (4,6 por cada 100.000 habitantes), y 2024 (6,0 por cada 100.000 habitantes), pasando por 6,7 cada 100.000 habitantes en 2022 lo que confirma la conexión entre estos fenómenos a través de la proliferación del crimen organizado y la debilidad del Estado chileno desde la revuelta del 2019, dado que esta limitó enormemente los recursos policiales dedicados a combatir el crimen organizado, y especialmente durante el gobierno actual, como lo muestra la data.

Si bien la extorsión no es exclusiva de Chile, su aumento exige un análisis más profundo de las fuerzas que la impulsan. En muchas naciones latinoamericanas, el crimen organizado, incluidas las pandillas y los carteles, influye cada vez más en la gobernanza y el control territorial. Por ejemplo, en México, las empresas deben pagar «derecho de piso» a los grupos criminales para operar sin ser acosadas; en Medellín, los comerciantes pagan una «vacuna» a los grupos criminales (combos) a cambio de seguridad y orden, y en Río de Janeiro el crimen organizado y los paramilitares controlan las favelas. Sin embargo, la situación es más compleja que una simple ausencia del Estado. En varias áreas metropolitanas, tanto la policía como el crimen organizado coexisten, a veces compitiendo y, en otros casos, colaborando para maximizar los beneficios ilícitos.

En la investigación que realizamos con Martín Castillo-Quintana, se arroja luz sobre esta complejidad. En lugar de asumir que una mayor presencia del Estado es siempre la mejor solución, su modelo económico explora las condiciones bajo las cuales la interacción entre el Estado y las organizaciones criminales genera los resultados esperados. La idea clave es que el Estado y los grupos violentos pueden ser sustitutos o complementos en la prestación de servicios de protección.

Indudablemente, cuando la protección estatal es suficientemente poderosa, como ocurre en muchos Estados desarrollados, el crimen organizado se resta de llevar a cabo saqueos y extorsionar a las firmas e individuos, a cambio de la seguridad que ellos mismos proveen. El problema está en los Estados incapaces de proveer estos niveles de seguridad ya sea por la ineficiencia de estos, la falta de recursos o por la ideología de los gobernantes, como es común en Latinoamérica.

Cuando los Estados son débiles, cosas muy diferentes pueden ocurrir, las cuales dependen de la intensidad de la competencia entre las bandas, la eficiencia con la que operan y la debilidad de la protección estatal. Una de las conclusiones clave es que un aumento de la protección del Estado cuando este es débil paradójicamente exacerba los incentivos del crimen organizado a saquear y robar las empresas y negocios locales como ocurre hoy en día en Chile ( haber sufrido algún tipo de crimen durante el último semestre). Esto ocurre cuando las bandas criminales son eficientes en sus labores de saqueo y robo y tienen bajos costos de llevarlos a cabo. Cuando son ineficientes, una mayor protección lleva a una disminución de los saqueos y robos. Lo primero ocurre debido a que una mayor protección en principio decrece los beneficios de las bandas criminales, lo que las induce a intensificar sus crímenes para recuperar las pérdidas, cuando son eficientes en sus labores criminales, los saqueos y robos aumentan. Esto no es así cuando existe una sola banda que controla el territorio o las bandas están coludidas y actúan concertadamente.

Cuando la mayor protección induce un mayor volumen de saqueos, robos, las empresas y ciudadanos tienen incentivos a buscar la «protección» de las organizaciones criminales a través de pagos periódicos para así evitar los saqueos, robos y crímenes, alimentando así un creciente mercado ilegal de seguridad. El modelo muestra que las empresas y personas podrían considerar óptimo pagar extorsiones si esto minimiza el riesgo de ataques aún más costosos. Lo paradójico es que quienes proveen la seguridad son los mismos que incurren en las prácticas criminales que hacen necesaria la seguridad que el Estado es incapaz de proveer.

A diferencia de los modelos tradicionales, cuando las competencia entre las bandas criminales se modela estratégica y dinámicamente, nuestra investigación muestra que con un Estado débil, un aumento en la intensidad de la competencia entre las bandas criminales puede, en algunos casos, reducir el monto de las extorsiones e incentivar la protección efectiva por parte de las bandas, lo que disminuye el costo que imponen las bandas criminales en la sociedad, tanto en términos económicos como sociales, dado que esta protección disminuye el crimen. Mientras que en otros casos puede generar los efectos contrarios. No obstante, los recursos que son pagados para protección a las bandas criminales tienen como costo de oportunidad labores productivas que generan mayor bienestar social que en manos de las bandas criminales que los utilizan para ganar control de territorios de mayor tamaño.

Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para Chile. ¿Cómo podemos abordar el aumento de las extorsiones? ¿Es suficiente con fortalecer las instituciones estatales de manera generalizada, o necesitamos estrategias más específicas para reducir la influencia de las organizaciones criminales en territorios particulares? Evidentemente, la solución es un aumento sustancial de la protección estatal, lo que demanda un aumento en la solidez de las instituciones, la confianza y los recursos policiales e investigativos. Sin embargo, esta solución demanda una visión de largo plazo y compromiso y cohesión política, bienes siempre escasos en la mayoría de los países latinoamericanos y hoy, también inexistentes en Chile.

Los resultados de la investigación sugieren que una mayor presencia del Estado, en Estados débiles con bandas eficientes, no siempre es una solución, lo cual nos deja en una situación compleja de resolver. Esto hace muy difícil proponer soluciones concretas que puedan mostrar resultados inmediatos. Sin embargo, necesitamos políticas estratégicas que se centren en:

Desmantelar las organizaciones criminales: aumentar la capacidad de las fuerzas policiales para investigar, perseguir y desarticular a las bandas dedicadas a la extorsión y limitar sus accesos a tecnologías que facilitan los crímenes. Esto demanda un nivel de inteligencia policial que permita anticiparse a las estrategias de las bandas criminales. En general, ello demanda estrategias con componentes aleatorios que impidan a las bandas anticipar o predecir las estrategias policiales y de inteligencia. En el caso chileno, también demanda hacer difícil el acceso a nuestra moderna infraestructura comunicacional y nuestra infraestructura material como puertos y aeropuertos de maneras de mermar otros negocios, como el de la droga, a la cual se dedican las bandas que saquen y roban o extorsionan. En resumen, hay que atacar todos los mercados en que las bandas participan para hacer de Chile un país poco rentable para ellas.

Reducir los incentivos para pagar por protección: fortalecer la confianza en las instituciones estatales tanto policiales como judiciales por medio de respuestas rápidas, eficientes y seguras, que induzcan a las empresas y los ciudadanos a denunciar la extorsión, antes que opten por pagar extorsiones a cambio de protección.

Promover el desarrollo económico y social: abordar las causas profundas de la inseguridad, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Una economía que promueve la movilidad social ascendente provee a los individuos un costo de oportunidad de largo plazo alto que hace poco atractivo iniciarse en la profesión criminal como “soldado” de las bandas criminales. Una sociedad que no provee dicha movilidad hace el crimen el camino más atractivo dadas las expectativas de una vida sin mayor futuro.

Una estrategia integral que considere estos elementos podría eventualmente ser la solución más sostenible para romper el ciclo de violencia e inseguridad en Chile, avanzando hacia un futuro donde el Estado ejerza plenamente su papel de garante de la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos. La lección clave es que, si bien la presencia del Estado es fundamental, la forma en que se ejerce esa presencia es crucial para lograr resultados efectivos y duraderos. El objetivo final es la protección mediante la eliminación de rivales, enfatizando que son las acciones del Estado las que pueden lograr este fin.