Toma Calicheros: síntoma de un déficit estructural en la política de vivienda

El autor de esta columna escrita para CIPER comenta el contexto en el cual se dio el desalojo de la toma en Quilpué, lo que a su juicio es un reflejo de una realidad estructural. Sostiene que «mientras no exista una política de planificación urbana integrada, mientras el arriendo asequible siga siendo marginal y mientras los proyectos de integración enfrenten más trabas que apoyos, seguiremos produciendo titulares como Quilpué. El contraste entre las recomendaciones del CNDU y la realidad ejecutada debería ser una alarma. El país ya sabe qué debe hacer; lo que falta es la voluntad política de implementarlo».

Créditos imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

El reciente desalojo de la toma Calicheros en Quilpué —donde más de un centenar de viviendas precarias fueron demolidas tras orden judicial— es un caso paradigmático del déficit estructural que arrastra la política de vivienda en Chile. El operativo, ampliamente cubierto en medios , dejó en evidencia que no contamos con una institucionalidad capaz de prevenir ni de gestionar de manera ordenada y justa la emergencia habitacional. La demolición resolvió el conflicto de propiedad, pero no ofreció alternativas habitacionales ni atendió las causas de fondo que llevan a miles de familias a ocupar informalmente el suelo urbano. Ese vacío es, en sí mismo, el verdadero rostro de la crisis.

El Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha sido un esfuerzo inédito en escala: a septiembre de 2025 ya ha entregado más de 200 mil viviendas de la meta de 260 mil trazada para este período. Sin embargo, la magnitud del déficit supera con creces el alcance del plan. Según estimaciones de Déficit Cero, aún más de 600 mil hogares necesitan una vivienda nueva y otros dos millones requieren soluciones de mejoramiento. La política ha avanzado en volumen, pero sigue atrapada en una lógica productivista, sin un marco urbano que articule localización, servicios y cohesión social.

Aquí surge un contraste revelador. Desde hace varios años, el ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) —hoy Consejo Nacional de Desarrollo Territorial—, viene advirtiendo que la respuesta habitacional no puede agotarse en la construcción de viviendas, sino que debe abordar tres frentes complementarios: gestión activa de suelo, integración social y prevención de asentamientos precarios. En su primer documento “Medidas para implementar una política de suelo para la integración social y urbana”  y posteriores actualizaciones, el CNDU planteó medidas concretas: creación de un banco de suelos públicos, mecanismos de captura de plusvalías, incentivos a la densificación equilibrada, y fortalecimiento de la planificación comunal e intercomunal. También propuso lineamientos para una política sostenida de integración social, que incluyera la mezcla de usos, estándares de localización y acceso a servicios, junto con instrumentos para la regularización y erradicación gradual de asentamientos precarios. Ocho años después, muchas de esas recomendaciones siguen pendientes. Quilpué demuestra las consecuencias de haber postergado esas reformas: la ausencia de suelo urbanizado disponible y la falta de opciones transitorias multiplican las ocupaciones informales.

A la vez, es cierto que en el Congreso se han desplegado esfuerzos legislativos para modernizar la planificación urbana. La Ley de Integración Social y Urbana buscó ampliar el acceso a proyectos bien localizados. En paralelo, se ha discutido la posible creación de un Servicio Nacional de Suelo y Ciudad, aún en etapa de propuesta, que podría convertirse en un actor público especializado en la gestión de terrenos. Asimismo, el MINVU ha avanzado en proyectos de reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones para actualizar los planes reguladores. Sin embargo, la dispersión de estas iniciativas refleja un problema mayor: no contamos aún con una agenda de planificación urbana integrada, que articule suelo, vivienda, transporte, servicios y sostenibilidad en un mismo marco. Se avanza en piezas parciales, pero no en una arquitectura institucional que asegure coherencia de largo plazo.

Los informes recientes de Déficit Cero insisten en esa misma línea: Chile necesita un Programa de Habilitación de Suelo de escala nacional, que permita disponer de terrenos bien ubicados y urbanizados antes de que surjan las tomas. Además, se requieren soluciones de arriendo asequible y de vivienda transitoria que ofrezcan dignidad mientras se espera una solución definitiva, según las Propuestas 2025 de Déficit Cero. El desalojo de Quilpué evidencia qué ocurre cuando esos instrumentos no existen: el conflicto termina resolviéndose con maquinaria pesada en vez de con políticas públicas.

Desde el sector privado, organizaciones gremiales como la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS) ha advertido que existe capacidad para responder a la demanda, pero que los actuales instrumentos como el DS19 enfrentan crecientes dificultades: alza de costos, incertidumbre en pagos y plazos, y falta de suelo disponible en zonas aptas. Su último estudio de costos, demuestra que, sin ajustes regulatorios y financieros, muchos proyectos de integración podrían volverse inviables. En otras palabras, el Estado ha puesto presión para aumentar la oferta, pero no ha resuelto los cuellos de botella que traban al sector que más rápidamente puede producir viviendas bien localizadas.

En el fondo, Quilpué refleja la desconexión entre diagnósticos técnicos y acción política. El CNDU ya delineó hace casi una década la ruta para robustecer la gestión de suelo y evitar la reproducción de asentamientos precarios. Déficit Cero y ADVS, desde miradas complementarias, coinciden en que la habilitación de suelo y la diversificación de soluciones deben ser la prioridad. Y, sin embargo, lo que prevalece en la práctica es la lógica reactiva: se construyen viviendas sin un marco robusto de integración urbana, se habilitan soluciones asistenciales de emergencia y se ejecutan desalojos sin alternativas claras.

Una columna como esta no puede concluir con recetas simples. Pero sí puede insistir en lo obvio: mientras no exista una política de planificación urbana integrada, mientras el arriendo asequible siga siendo marginal y mientras los proyectos de integración enfrenten más trabas que apoyos, seguiremos produciendo titulares como Quilpué. El contraste entre las recomendaciones del CNDU y la realidad ejecutada debería ser una alarma. El país ya sabe qué debe hacer; lo que falta es la voluntad política de implementarlo.