Antes de que el crimen organizado atacara domicilio de gendarme: cuatro de sus colegas consultaron su dirección en el sistema interno

La investigación en torno al ataque armado que sufrió un comandante de Gendarmería sumó otro dato que ilustra la infiltración del crimen organizado en las filas de esa institución. En la audiencia del caso realizada este martes 30, la fiscalía reveló que, semanas antes del asalto, al menos cuatro funcionarios ingresaron a una base de datos interna para consultar la dirección del funcionario afectado. La revisión habría sido clave para que, posteriormente, tres sujetos se movilizaran hasta el domicilio, donde percutaron diez veces un arma de fuego, dejaran una carta con amenazas de muerte y una corona de flores. El ataque marcó un hito. Hasta ese momento, no se habían registrado amenazas de ese calibre contra personal de Gendarmería u otra institución pública relacionada con el combate al crimen organizado.

Han pasado casi seis meses desde que, en abril último, tres venezolanos llegaron hasta la casa de un comandante de Gendarmería, en Cauquenes (Maule). En el domicilio del funcionario -quien trabaja en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1-, dejaron una corona de flores, una carta con amenazas y dispararon a la puerta del domicilio. “Descansa en paz (iniciales tarjadas). Se despide tu familia, pronta muerta. Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos SAPOS. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atte: Los Contra del Abuso”, decía la misiva. El ataque, hasta ese momento sin precedentes por el nivel de amedrentamiento directo hacia personal de Gendarmería, generó conmoción y fue difundido rápidamente por la prensa.

El trío de atacantes fue detenido días después. Y, en la audiencia de revisión de medidas cautelares realizada este martes 30 de septiembre, la fiscalía reveló el resultado de una diligencia clave en esta investigación: al menos cuatro personas realizaron cerca de 14 consultas al sistema interno de Gendarmería para acceder a datos de la víctima -entre ellos su domicilio-, desde marzo hasta la fecha del ataque. Esa información es crucial, porque podría identificar al o los funcionarios que facilitaron datos personales al grupo que ejecutó la amenaza, profundizando las alertas sobre la creciente infiltración del crimen organizado en Gendarmería, que ya enfrenta múltiples denuncias por vínculos entre sus integrantes y grupos como el Tren de Aragua. 

CIPER fue el primero en revelar, en agosto pasado, que información personal de la víctima, como su dirección y los números de celulares de sus familiares, habría sido facilitada por colegas de Gendarmería que también trabajaban en Santiago 1  (lea ese artículo: “Crimen organizado en cárcel Santiago 1: información personal de gendarme amenazado con disparos en su casa fue facilitada por sus colegas”). 

Los imputados por el ataque fueron formalizados el 17 de abril por asociación ilícita, amenazas condicionales, porte ilegal de armas de fuego y homicidio frustrado, luego de que el Ministerio Público logró determinar, a través del análisis de cámaras y otras diligencias, que los tres venezolanos habían sido contratados desde el penal para ejecutar el atentado. 

Desde entonces permanecen en prisión preventiva en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

Durante la audiencia de este martes, además de confirmarse la extensión de la investigación por 60 días y la mantención de la medida cautelar, el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detalló que la revisión de las consultas al sistema es una de las dos diligencias pendientes que podrían revelar nuevos vínculos internos con organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, grupo al que ya se le investigan nexos en Gendarmería.

La segunda diligencia apunta al pago que habrían recibido los tres imputados: $500 mil. Según se expuso en la audiencia, el dinero fue transferido desde una cuenta RUT ya identificada, sobre la cual el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario. Actualmente, se espera la información que debe remitir BancoEstado, lo que podría aportar nuevos antecedentes para establecer quién estaría realmente detrás de la amenaza contra el funcionario.

Desde que CIPER dio a conocer que funcionarios de la institución encargada de la seguridad penitenciaria estarían vinculados con el ataque, otros medios han publicado antecedentes relevantes sobre esos esos vínculos. A fines de agosto, T13 difundió parte de la declaración del funcionario amenazado, en la cual señala directamente a uno de sus compañeros como responsable de haber filtrado los datos de su domicilio. Según publicó también  La Tercera, el señalado es un funcionario al que el denunciante había ordenado seguir. 

“Ese funcionario trabajó ese día en el módulo 88. Estaba molesto conmigo porque en una ocasión me lo topé en un pasillo, cerca del módulo 15 o 16. Llevaba un bolso con lo que claramente parecía comida y se dirigía hacia los módulos 11 y 12. Yo sospechaba que transportaba productos para vender, por lo que ordené a dos oficiales que lo siguieran”, relató el comandante, de acuerdo con  la versión publicada por La Tercera.

Según el análisis del propio denunciante -como reveló recientemente T13-, quien lo habría delatado sería un suboficial apodado “Doctor”, también oriundo de Cauquenes. Las indagatorias de la fiscalía apuntan a que el ataque al funcionario sería una represalia por procedimientos realizados en el módulo 11 de Santiago 1, donde el gendarme amenazado había ordenado la intervención celdas que eran utilizadas para el tráfico de drogas.