El autor de esta columna aprovecha la discusión parlamentaria por los proyectos de aborto legal y de eutanasia para plantear que en un Estado laico como el chileno la discusión no debiera estar influenciada por las creencias sino por los datos. «No propongo una política desprovista de moral, eso es como intentar imaginar un color nuevo. Propongo una política que no use la moral como coartada para negar libertades. La ciudadanía puede y debe exigir cuentas: pedir a sus representantes que aclaren si legislan con datos, con prejuicios o con revelaciones privadas convertidas en norma pública».
Créditos imagen de portada: Francisco Paredes / Agencia Uno
¿Cuándo será el día en que nuestros legisladores legislen para la ciudadanía y para el bien del país, en lugar de interponer sus convicciones religiosas personales como si fueran mandatos universales?
Chile es un país laico. Esto no es un adorno constitucional, es la condición mínima para que una democracia plural funcione. Sin embargo, cada vez que se discuten asuntos decisivos —como hoy en día se discute el aborto y la eutanasia— resurgen argumentos basados en creencias particulares que no representan a toda la población.
La religión tiene un lugar legítimo en la vida privada y en la construcción moral de muchas personas, pero que una convicción funcione para quien la sostiene no implica que deba transformarse en la razón pública obligatoria para quienes no la comparten. En una sociedad diversa, legislar exige razones públicas, compartibles y debatibles: razones que cualquier ciudadana o ciudadano pueda comprender y confrontar, independientemente de su fe o de su ausencia de fe. Eso es laicidad: el Estado no puede privilegiar doctrinas confesionales cuando regula derechos y libertades.
Hoy, frente a debates como el aborto y la eutanasia, corresponde plantear si no es el momento de recuperar la evidencia científica como criterio central en la formulación de políticas públicas. Esto no significa expulsar la religión del espacio público ni desautorizar posturas morales personales. Significa priorizar aquello que mejor protege la salud, la dignidad y la autonomía de las personas mediante métodos verificables: la ciencia. La misma ciencia que forma a nuestros médicos, que desarrolla protocolos, que mide riesgos y que evalúa resultados. Ignorar esos conocimientos por una interpretación confesional es, en el mejor de los casos, temerario; en el peor, una manera de negar derechos a quienes no adhieren a esa fe.
Legislar con base en la evidencia no es tecnocracia fría ajena a valores. La evidencia informa sobre consecuencias: cuántas vidas se salvan, cómo mejora la calidad de atención, qué efectos adversos aparecen y qué grupos quedan más expuestos. Esos datos permiten tomar decisiones morales mejor fundamentadas y con menos daño colateral. Cuando la investigación demuestra que la atención obstétrica segura reduce la mortalidad materna, o que los cuidados paliativos integrados mejoran la dignidad en procesos terminales, esas no son meras cifras: son razones públicas para diseñar leyes que protejan a la población, así como que garantices las libertades individuales, especialmente aquellas que sólo tienen que ver con el cuerpo y la vida de las propias personas, aquello que no afecta a nada ni nadie más.
Usar la religión como único argumento legislativo presenta además un déficit epistemológico. Las Escrituras y sus interpretaciones no son universales, su lectura es plural y muchos de sus preceptos fueron concebidos en realidades históricas muy distintas a la nuestra. Elegir selectivamente qué mandatos aplicar y cuáles omitir suele ser un acto arbitrario. Convertir esa selección en normativa equivale a imponer una cosmovisión particular sobre quienes sostienen otras convicciones o ninguna, y eso choca con la idea misma de democracia plural.
La ciencia, aun con sus límites y debates internos, opera con reglas claras: formular hipótesis, reunir evidencia, reproducir resultados y someterlos a revisión por pares. Ese método permite corregir errores y mejorar prácticas mediante la observación sistemática. Si exigimos que los edificios resistan terremotos porque la ingeniería es rigurosa, o que los computadores funcionen porque la tecnología se prueba, ¿por qué aceptar que decisiones que afectan cuerpos y vidas se tomen sin el mismo grado de evidencia y responsabilidad?
Exigir a nuestras y nuestros representantes que consideren la mejor evidencia disponible es pedirles transparencia y honestidad intelectual, que expliquen públicamente por qué una norma protege o vulnera derechos, qué datos la respaldan y cuáles son las alternativas razonables. Significa separar la convicción personal del argumento público y dar espacio a instancias técnicas donde profesionales y afectados aporten datos y experiencias.
Imagino un Congreso donde el peso de un argumento no dependa de la intensidad de la prédica, sino de la calidad de la evidencia y del respeto por la pluralidad. Imagino mesas técnicas con profesionales y personas con experiencia directa, analizando estudios locales e internacionales, evaluando riesgos y proponiendo mecanismos de acompañamiento que protejan a quienes son más vulnerables. Ese día tendremos leyes más sólidas, menos improvisadas y más capaces de proteger derechos.
No propongo una política desprovista de moral, eso es como intentar imaginar un color nuevo. Propongo una política que no use la moral como coartada para negar libertades. La ciudadanía puede y debe exigir cuentas: pedir a sus representantes que aclaren si legislan con datos, con prejuicios o con revelaciones privadas convertidas en norma pública. Porque en política, como en la ciencia, la improvisación no es una virtud, es negligencia.
¿Cuándo llegará ese día? Ojalá pronto. Mientras tanto, un recordatorio final para quienes sostienen que la «voluntad de Dios» basta como argumento legislativo: si su fe fuera un software, la ciencia sería la documentación técnica —detallada, revisada y actualizada—. No pueden pretender actualizar el sistema operativo del país con supersticiones sin pasar por control de calidad.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
Al menos US$ 34 millones administrados por las AFP terminaron en compañías acusadas de beneficiarse con la tragedia en Gaza
Negligencia del Sernameg favoreció liberación del agresor de Nabila Rifo; Caso ProCultura se traslada a tribunal de Santiago; expresidente del Tricel dice que Jadue ya no puede ser candidato y por primera vez dos listas de izquierda se disputarán la FEUC
El valor de la vida de cada uno de nosotros, ¿Dónde se encuentra?¿Qué datos se ocupan para encontrar el valor de la vida, no de un cigoto o de una persona en estado vegetal, sino de un niño sano, vivaz; de una joven universitaria, neurotípica; de una mujer profesional o de un adulto mayor autovalente?¿Quién -o cómo- se define ese valor?¿Por leyes, por plebiscitos, por campañas comunicacionales buenistas?
Carmelo Alvarez Fernandez de Gamarra | 24.09.2025
Esa misma ciencia a la que Vd. apela, le dirá varias cosas, que por lo que veo no está Vd. dispuesto a aceptar.
1.- La ciencia demuestra que desde el momento de la fecundación hay un ser vivo humano.
2.- No es el cuerpo de la mujer que aloja el feto el dueño de una vida diferente. La ciencia demuestra que esos fetos, es más ese cigoto, ya tiene una dotación genética de 23 pares de cromosomas completamente diferentes del padre y de la madre. Es un nuevo ser humano, y solo se perece a sí mismo. Ni es de la madre ni es del padre, ni tampoco del Estado, y menos de ninguna ideologia política.
3.- En ningún sitio esta refrendado el derecho a decidir si un hijo dentro del vientre materno debe vivir o morir. Desde la Declaración Universal de los derechos humanos a las constituciones democráticas de los pueblos, donde en algún articulo principal defiende el derecho a vivir de todos los ciudadanos.
4.- Ahora, está de moda decir que la práctica del aborto es la defensa de la salud reproductiva de la mujer. Es una colosal mentira. La salud reproductiva de la mujer está solo en tener hijos o no tenerlos, pero no en matarlos. Sus consecuencias para la salud integral de las mujeres son brutales. Desde graves problemas físicos a graves problemas psíquicos. Los dos tipos de problemas pueden acabar en la muerta de esa mujer. No sé qué tiene esto de salud.
5.- Si Vd. se refiere a que hay abortos clandestinos que producen la muerte de mujeres, estoy de acuerdo totalmente en que eso se reprima y se castigue a quien lo perpetre. No me refiero a la mujer que ha accedido a eso, me refiero al delincuente que lo practica y gana dinero con el dolor de esa mujer. Aunque esa mujer tenga parte de responsabilidad, que la mida cada una, su decisión normalmente está tomada por la angustia y el miedo a numerosas situaciones que tiene la vida y que aquí sería muy prolijo relatar. Así que, no, no quiero que las mujeres vayan a la cárcel, quien quiero que vaya a la cárcel es el abortero que se hace rico con mujeres en pánico, asustadas.
6.- El aborto en Hospitales, conducidos por médicos, sean abortos quirúrgicos o químicos no están exentos de contraindicaciones y graves consecuencias para las mujeres. Desde infertilidad a la muerte, pasando por una amplia panoplia de problemas médicos desde los más leves a los más graves.
7.- Podríamos entrar en disquisiciones morales, pero veo que Vd. no las admite. más bien se queja de ellas. Como vera no he nombrado a la Religión hasta ahora mismo. Pero le voy a decir una cosa, no solo las personas religiosas están en contra del aborto. Hoy, más que nunca, hay miles, cientos de miles o millones de agnósticos y ateos que están en contra del aborto. Le recomiendo que vea dos webs norteamericanas de agnósticos y ateos, www.secularprolife.org y otra que se llama Progressive Anti Abortion Uprising, www.paaunow.org. Cuando las haya visto, reconsidere su postura si es Vd. honesto consigo mismo. Ahí, no hay nada de religión.
Además, yo creo igual que Vd. que la religión no debe inmiscuirse en las tomas de decisión de los estados, los estados deben velar por todos los ciudadanos, sean religiosos o no y determinar lo más beneficioso para ellos. Y créame, admitir el aborto y la eutanasia como algo beneficioso para los ciudadanos, no solo es un colososal error, es mentira y la antesala de la muerte de un estado.
Se lo digo yo, que llevamos sufriendo esta lacra ya casi 50 años y no solo no vamos a mejor, sino que vamos a peor. Y no hemos hablado de política y solo muy tangencialmente de religión.
NO CAIGAN EN ESE ERROR. Esto no libera a nadie. Lo ata a la muerte. Al único que libera es al que se hace rico con la muerte de los demás. DEJENLO ESTAR. NO CAIGAN EN LA TRAMPA DE APROBAR SEMEJANTE MONSTRUOSIDAD. SI NO, SE ACABARAN ARREPINTIENDO.
Un fuerte abrazo al pueblo chileno.
