Plazos para que Punta Peuco se transforme en penal común bajo este gobierno están al límite

Después de que en junio se anunciara que la cárcel para violadores de derechos humanos dejará de ser un recinto especial, Gendarmería abrió cuatro licitaciones de obras destinadas a adaptar ese penal para que pueda recibir reos comunes y aumentar su capacidad en 32 plazas. La adjudicación de estas construcciones está fechada para octubre, con plazos de entrega que llegan hasta febrero de 2026. El Ministerio de Justicia aseguró que el proyecto, de ser aprobado por la Contraloría, será implementado antes de que asuma el próximo gobierno –en marzo de 2026– y afirmó que los nuevos cupos serán “para internos comunes”.

Créditos imagen de portada: Rodrigo Saenz / Agencia Uno

“Tal como hiciera el Presidente Piñera al cerrar el Penal Cordillera, hoy día estamos poniéndole fin a Punta Peuco como se le ha conocido”, anunció el Presidente Gabriel Boric el pasado 1 de junio. Lo hizo durante la cuenta pública 2025, la última de su gobierno. Los plazos para que el anuncio se haga realidad son acotados, con el riesgo de que, si no se tramita el proyecto durante esta administración, la siguiente podría desecharlo.

De concretarse la iniciativa, Punta Peuco dejará de ser un recinto especial, exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, y pasará a ser el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Tiltil, un penal con población común. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró a CIPER que esta transformación –que incluye procesos administrativos y la construcción de obras en la cárcel– alcanzará a estar lista antes del cambio de mando que tendrá lugar el 11 de marzo de 2026. 

Para que lo anterior ocurra, primero la Contraloría General de la República (CGR) debe finalizar la revisión del decreto supremo que autoriza la readecuación del penal. Aquella gestión comenzó en julio, cuando el gobierno envió el proyecto para su toma de razón. El proceso, según indicaron desde la CGR, estaría en su recta final, aunque no se maneja un plazo definitivo para el pronunciamiento.

Segundo, Gendarmería debe realizar una serie de trabajos en la cárcel para adaptar sus instalaciones al ingreso de reos comunes, por lo que la institución penitenciaria ya abrió cuatro licitaciones de obras destinadas a este objetivo. Además, debe ampliar la capacidad del penal, ya que tiene todas sus plazas ocupadas. CIPER consultó por estas obras a Gendarmería, entidad que indicó que “no nos referiremos al tema”. 

Justicia, en tanto, explicó que la primera fase para aumentar la capacidad de la cárcel ya se encuentra en curso, lo que permitirá la creación de 32 nuevas plazas para un penal que cuenta con 139 reclusos. Respecto a las nuevas plazas del futuro CCP Tiltil, desde la cartera de justicia indicaron que “las 32 son para internos comunes, de acuerdo con la clasificación que establezca Gendarmería”. 

El proyecto requiere la construcción de cuatro módulos de reclusión, una sala de visitas y circulación de acceso, una oficina para el área técnica, obras eléctricas y sanitarias, y la instalación de equipos de tecnovigilancia. Según el ministerio, dependiendo de la obra, los plazos de entrega varían entre noviembre de 2025 y enero de 2026; lo que permitiría “proceder al ingreso de personas privadas de libertad durante el primer trimestre de 2026” (vea acá la respuesta del ministerio). 

CIPER revisó las licitaciones para estas obras. Todas fueron abiertas en agosto y están pendientes de adjudicación a algún oferente, cuestión que ocurrirá en octubre. Las obras contemplan distintos plazos de entrega una vez que sean adjudicadas, teniendo como límite 120 días corridos (el plazo máximo para la entrega de los nuevos módulos). Lo anterior implica que el plazo para entregar la última obra es fines de febrero de 2026, a menos de un mes del cambio de mando presidencial. 

Además de asegurar que la transformación de Punta Peuco se hará efectiva durante este gobierno, desde el Ministerio de Justicia indicaron que se está trabajando paralelamente en una segunda fase del proyecto, la “que contempla una intervención de mayor envergadura, orientada a incrementar la capacidad operativa y de seguridad del recinto”. Esta etapa considera ampliar los módulos de reclusión, la construcción de una central de alimentos y la rehabilitación de todas las edificaciones del recinto. Esto, a la larga, permitirá la creación de 100 nuevas plazas, fase del proyecto que se estima tendría lugar en el periodo 2027-2030.

En relación a un posible cambio de planes bajo el próximo gobierno, desde la cartera de Justicia indicaron: “Los proyectos de infraestructura penitenciaria hay que asumirlos como iniciativas de Estado, puesto que por lo general trascienden un solo período. Sería muy complejo y negativo que los proyectos en desarrollo se paralicen o se desechen, independientemente de la Administración que asuma”.