La responsabilidad de los medios en un estado de derecho

Señor Director:

Hace un año, un canal de televisión difundió un reportaje sobre hechos que me involucraron, presentado de manera sesgada y sin rigor informativo. Lo grave no fue solo el contenido emitido, sino la forma en que se elaboró: no se verificaron fuentes, no se revisaron las fechas de los documentos exhibidos y, lo más preocupante, jamás fui contactado para entregar mi versión. Esta omisión vulnera principios esenciales del periodismo responsable.

Como funcionario público, actué en el marco de mi deber consular, acompañando y asistiendo a una connacional en una situación compleja, posiblemente la más difícil que le debe tocar a una madre, y por lo mismo, con esmero me dediqué a apoyarla en cada una de las instancias que fue necesario, en horarios hábiles e inhábiles, incluso más allá de mis tareas como cónsul, de lo cual existe registro en documentos e informes. Pese a ello, terminé expuesto en un reportaje que me presentó como victimario, sin sustento ni contraste.

Las imputaciones difundidas, secuestro, intento de violación, tortura, abandono de deberes, entre otras, carecían de sustento fáctico y estaban desmentidas por registros audiovisuales, informes institucionales y testigos presenciales. Aun así, el canal decidió difundirlas sin contraste ni derecho a réplica, afectando de manera irreparable mi credibilidad, causando trastornos a nivel personal y familiar, y dañando una trayectoria profesional intachable. Pero nada de eso importó. 

Un medio que amplifica tales afirmaciones, sin confrontarlas con la evidencia ni con la versión del aludido, no actúa como garante de verdad, sino como vehículo de mentiras. Un periodismo que omite la verificación de fuentes no solo daña a las personas mencionadas, sino que erosiona la confianza ciudadana y fomenta la polarización, reflejo de la desinformación que abunda en las redes sociales. Como se suele decir: “miente, miente, que algo queda”. En este caso, la cobertura se transformó en un verdadero linchamiento mediático.

Más grave aún, la nota terminó validando lo que conocemos como funa, una forma de autotutela prohibida en un Estado de Derecho, según se infiere de la propia Constitución. Los medios no pueden ser cómplices de estas prácticas; por el contrario, deben cumplir su rol esencial: entregar información verificada y de calidad, que permita a la ciudadanía formarse convicciones responsables y evitar la radicalización de discursos que nada aportan a la construcción de una sociedad mejor informada.

Señor Director, lo ocurrido con aquel reportaje debiese ser una señal de alerta. No se trata solo de mi caso personal, sino de la necesidad de que los medios asuman con responsabilidad la trascendencia de su labor. En tiempos de nuevas campañas electorales, cuando algunos candidatos conocen en carne propia los efectos de la desinformación, en que la verdad suele quedar sepultada bajo titulares de impacto y la vorágine de imágenes de las redes sociales, no olvidemos que un periodismo serio debe ser contrapeso, nunca cómplice, de la manipulación informativa.

(*) El sumario al que se hace alusión en esta carta sigue abierto.