Porfía y falta de voluntad: los 12 años de Dominga

Tras 12 años de tramitación en todas las instancias que permite la ley, el proyecto Minera Dominga sigue teniendo una fuerte oposición por grupos ambientalistas y representantes del mundo académico. La autora de esta columna, quien trabaja para GreenPeace, señala que «la larga historia de Dominga -un proyecto, en nuestra opinión, intrínsecamente nefasto- tal vez habría sido otra si su titular (Andes Iron) hubiese optado por modificar su proyecto original, se hubiese evaluado por la normativa ambiental vigente y hubiese estado dispuesto a escuchar a la ciudadanía».

Créditos imagen de portada: Alejandro Pizarro / Agencia Uno

Múltiples son los organismos hoy involucrados en el proyecto minero portuario Dominga. En sus más de 12 años de tramitación, este proyecto de inversión ha involucrado a buena parte de la institucionalidad ambiental y judicial en su definición, buscando su aprobación a toda costa, aunque sin presentar cambios contundentes que así lo garanticen.

En una actualización reciente, hace pocos días la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó las recusaciones presentadas por el SEA y diversas organizaciones locales en contra del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, debido a su presunta inhabilidad producto de un vínculo personal con el abogado Marcelo Castillo, quien ha representado a grupos que están a favor del proyecto.

Unas semanas antes fue el turno del Tribunal Constitucional (TC), que emitió una sentencia respecto del requerimiento de contienda de competencia en el marco del caso Dominga, entre el Primer Tribunal Ambiental y el Comité de Ministros, el que había sido presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en representación del mencionado comité.

En términos simples, este fallo del TC determinó que no existe un conflicto de competencia en este caso entre las mencionadas instituciones, a la vez que confirmó que el Primer Tribunal Ambiental actuó dentro de sus facultades al ordenar al SEA que emita una resolución adicional tras rechazar el proyecto en enero de 2025. 

Pese a lo anterior, es fundamental subrayar que el TC no falló sobre la aprobación del proyecto, pues esto no está dentro de sus competencias. Por esta razón -y ante las alarmantes declaraciones del titular de este proyecto de inversión-, resulta clave reiterar las razones por la que Dominga ha sido rechazado -por la autoridad que tiene a cargo la evaluación ambiental y técnica de los proyectos- en tres oportunidades distintas .

Y es que, más de una década después de comenzada su evaluación (iniciada en septiembre de 2013), este megaproyecto minero-portuario sigue evitando jugar limpio. Por el contrario, ha optado por ejercer presión indebida sobre los organismos del Estado y forzar su avance irregular en tribunales, eternizando su judicialización, en lugar de resolver sus múltiples carencias. 

Más allá de la estrategia judicial del titular, en este espacio me quiero referir a las razones que han posibilitado que tres Comités de Ministros, en dos administraciones distintas decidieran rechazar contundentemente Dominga, además del rechazo que se evidencia en las comunidades académica, científica y comunidades locales que efectivamente habitan el territorio.

En primer lugar, Dominga representa una seria amenaza a la biodiversidad de la costa de La Higuera. Sin embargo, el mayor riesgo es el peligro que presenta para la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, una de las áreas protegidas más importantes del país. Su impacto pone en peligro especies emblemáticas, como el propio pingüino de Humboldt (clasificado como Vulnerable, por la lista roja de la IUCN), y compromete nuestro patrimonio natural, ya de por sí amenazado, sobre todo si consideramos que, en el área de influencia directa del proyecto, se identificaron 130 especies de vertebrados nativos, 26,2% de ellos endémicos de la zona y 21,5% clasificados en alguna categoría de conservación.

Es importante señalar también que el proyecto no ha respondido a elementos esenciales para su aprobación técnica; en sus casi doce años de tramitación no ha sido capaz (o no ha tenido la voluntad) de subsanar falencias en su origen, entre las que destacan la falta de información en su línea base, carencia de evaluación sinérgica de impactos en flora y fauna, y la subestimación de los impactos en aves, especialmente el pingüino de Humboldt. Debido a estos problemas graves, las distintas especies que habitan esta zona podrían manifestar reducción de poblaciones, migraciones locales, alteraciones en los patrones de distribución, una disminución de la diversidad genética en las comunidades biológicas, entre otros, lo que podría provocar que los ecosistemas del sector sean más vulnerables a amenazas e impactos y, por ende, con una mayor necesidad de protección.

Adicionalmente, se debe considerar que las condiciones para evaluar el impacto ambiental han cambiado drásticamente en la última década debido a nuevos factores relevantes en la materia, tales como la sobrepesca, la variación climática en los océanos y el tráfico marino en la zona. Este panorama se torna aún más crítico en una región enfrentada a la expansión de actividades industriales de gran escala, los efectos acelerados del cambio climático y una grave crisis hídrica. En este contexto, permitir la aprobación de Dominga basándose en una evaluación obsoleta e irregular no sólo sería incompatible con los estándares básicos de evaluación ambiental, sino también profundamente irresponsable frente a la emergencia climática actual.

Es comprensible que el país busque nuevas formas de asegurar inversiones, pero es importante entender que no toda inversión implica un aporte real para las comunidades o para la economía del país en su conjunto, y es relevante considerar también la sostenibilidad económica, ambiental y social a futuro en la aprobación de proyectos. De nada sirve aprobar inversiones que terminarán convirtiendo nuestros territorios en espacios absolutamente degradados. 

En el caso de Dominga, creemos firmemente que se trata de un proyecto que jamás ha tenido el propósito de generar oportunidades a largo plazo para los habitantes de la Región de Coquimbo y, particularmente, de la comuna de La Higuera (de otro modo, ¿cómo se explica que en 12 años de tramitación jamás hayan tenido la intención de presentar un nuevo proyecto acorde a la realidad actual, actualizando su línea de base y considerando los verdaderos riesgos y amenazas en el presente?), sino que, por el contrario, parece buscar el debilitamiento de la institucionalidad ambiental a través de un mal uso de todas las instancias que son parte de ella

La larga historia de Dominga -un proyecto, en nuestra opinión, intrínsecamente nefasto- tal vez habría sido otra si su titular (Andes Iron) hubiese optado por modificar su proyecto original, se hubiese evaluado por la normativa ambiental vigente y hubiese estado dispuesto a escuchar a la ciudadanía. Lejos de aquello, prefirieron tramitar un proyecto obsoleto e incompleto por más de una década, sin dar su brazo a torcer e iniciando un eterno bucle judicial que sólo parece responder a la obstinación desmedida de un sector del país que busca que las cosas se hagan a su manera o no se hagan, sin evaluar la posibilidad de tender puentes y generar mejoras que permitan destrabar sus propias inversiones.