Suprema revisa caso de cuatro carabineros condenados por robar US$132 mil de una caja fuerte abandonada por ladrones

La Corte Suprema está tramitando un recurso interpuesto por los excarabineros Vicente Urrutia, Juan Carlos Barbachán, Guido Peñaloza y Bernardo Riquelme, para anular un fallo que los condenó a tres años por apropiación indebida, pena que podrán cumplir en libertad vigilada si se confirma la sentencia. CIPER accedió al fallo –ratificado en segunda instancia por la Corte Marcial–, el que establece que, en 2014, los entonces carabineros recuperaron en Tocopilla una caja fuerte sustraída a un empresario, pero, antes de reportar el hallazgo, la llevaron a un taller para abrirla. Los policías informaron que en la caja había US$17 mil. Sin embargo, el dueño corroboró que, en realidad, tenía US$150 mil. La justicia militar estimó que los policías se apropiaron del dinero.

El 1 de noviembre de 2014, el empresario tocopillano Guillermo Santana, entonces de 77 años, fue violentamente asaltado. Cuatro individuos ingresaron a su domicilio y, luego de que se negara a abrir su caja fuerte, fue golpeado severamente, quedando en coma según informó la prensa regional. Los delincuentes huyeron del lugar, llevando consigo la caja fuerte de 500 kilos de Santana. A los cinco días, Carabineros recuperó la bóveda, abandonada en un sitio eriazo. En su interior, habían $150 mil dólares que los ladrones no pudieron extraer. Sin embargo, el empresario no recuperaría el dinero.

CIPER accedió a un fallo del Primer Tribunal Militar de Antofagasta del 26 de octubre de 2021, donde se dio por acreditado que el comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Tocopilla, mayor Vicente Urrutia Kraunic; el sargento 1°, Juan Carlos Barbachán Aguirre, y los suboficiales Guido Peñaloza y Enzo Riquelme, se llevaron el dinero. La sentencia fue ratificada en segunda instancia por la Corte Marcial en marzo de 2022. Actualmente, la Corte Suprema está revisando un recurso interpuesto por los cuatro policías que pretende anular el fallo, pero la recomendación del fiscal del máximo tribunal que analizó el recurso es que sea rechazado (vea acá el informe del fiscal judicial de la Corte Suprema). 

Según el fallo de primera instancia, los funcionarios, al encontrar la caja fuerte, no dieron cuenta del hallazgo al Ministerio Público. En su lugar, subieron la bóveda a un vehículo policial y la trasladaron a un taller, donde el dueño de este y otros dos trabajadores la abrieron, encontrando, según las declaraciones de todos ellos, una gran suma de billetes (vea acá la sentencia del Primer Tribunal Militar).

Los carabineros se llevaron la caja fuerte a la comisaría y, afuera de ésta, sacaron el dinero y se lo entregaron al comisario Urrutia, quien se lo llevó a su domicilio. Todo esto, según se estableció en el fallo original, ocurrió ante la presencia de testigos, entre ellos dos funcionarias de la Defensoría Penal Pública de Tocopilla, las que presenciaron los hechos desde el segundo piso de sus oficinas. 

Es recién ahí, después de que el mayor Vicente Urrutia ingresara con el dinero a su domicilio, que los policías dieron cuenta a la fiscalía del procedimiento, informando el hallazgo de sólo US$17.121, dos relojes, 11 monedas extranjeras, valores mercantiles y documentos comerciales.

Guillermo Santana, el empresario asaltado y agredido, ya consciente, no creyó en el relato de los carabineros. De acuerdo con el fallo, Santana denunció al tribunal contradicciones en las versiones de los policías, además de encontrar “sospechoso” que los asaltantes dejaran US$17 mil en la caja fuerte. “Eso no tiene sentido”, consigna la sentencia. También entregó registros bancarios que daban cuenta de la compra de US$120 mil en 2009, los cuales aseguraba estaban en la caja fuerte junto a otros $30 mil dólares. 

El Primer Tribunal Militar de Antofagasta condenó por apropiación indebida a los cuatro uniformados, los que fueron sentenciados a tres años de cárcel, castigo sustituido por libertad vigilada, atendiendo a que cumplían con los requisitos para acceder a la remisión condicional de la pena. 

La sentencia aún no se encuentra firme, a causa del recurso de casación presentado por los condenados ante la Corte Suprema. El informe del fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro, que recomienda rechazar el recurso, indica que esa acción de los condenados no invocó la causal del Código de Procedimiento Penal que “habilita al tribunal de casación para revisar la correcta subsunción jurídica de los hechos establecidos, esto es, su adecuación al tipo penal aplicado”, lo que implica un “defecto estructural” en el escrito “que impide pronunciarse sobre el fondo del asunto”. 

En su informe, el fiscal judicial Pizarro explica que el recurso de casación “sostiene que el fallo se estructura sobre la base de medios probatorios valorados erróneamente”, pues cuestiona la validez de un certificado bancario, presentado por la víctima para acreditar la cantidad de dinero que tenía la caja, así como su propio testimonio. Sin embargo, en el informe se indica que “del análisis de la sentencia de primera instancia –confirmada por la Iltma. Corte Marcial– se desprende que los sentenciadores no fundaron exclusivamente su decisión en el testimonio de la víctima y el certificado bancario (…). En otras palabras, la prueba no fue valorada aisladamente, sino en un contexto más amplio, en el que se afirma que el conjunto de antecedentes permite sustentar razonablemente la existencia del bien apropiado”. 

El máximo tribunal se encuentra próximo a pronunciarse respecto al recurso, habiendo acordado el fallo y designado como redactor al ministro Leopoldo Llanos. 

CIPER consultó a Carabineros si los policías involucrados fueron dados de baja por la institución, lo que no ocurrió. Un funcionario renunció en 2015, antes de que fuera condenado; otros dos pasaron a retiro antes de la sentencia del Tribunal Militar de Antofagasta; mientras que el cuarto policía pasó a retiro estando ya condenado.