La educación pública tiene futuro: respuestas a las críticas y afirmaciones desde los hechos
12.08.2025
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12.08.2025
La siguiente columna es la respuesta del director de Educación Pública a la publicada por CIPER el 26 de julio con el título “¿Un futuro sin futuro para la educación pública?”. Egaña sostiene que «hoy existe una red pública articulada, en crecimiento, que está recuperando la confianza de las comunidades. Esta red no solo administra establecimientos: crea condiciones para el aprendizaje, promueve la inclusión, acorta brechas y restituye el valor de lo común. Cada SLEP que avanza, cada directora o director que lidera con sentido público, cada comunidad que exige calidad con pertenencia está construyendo una nueva manera de entender lo público».
Créditos imagen de portada: educacionpublica.gob.cl
La columna publicada por Sebastián Donoso en CIPER el 26 de julio de 2025, titulada “¿Un futuro sin futuro para la educación pública?”, presenta un diagnóstico crítico sobre la Nueva Educación Pública (NEP).
Agradezco la interpelación, porque da pie a una reflexión necesaria sobre los avances, limitaciones y proyecciones de un proceso de transformación que, a nuestro juicio, está en marcha, está dando resultados concretos y tiene un horizonte claro. Lo que está en discusión no es si la educación pública tiene o no futuro: lo que está en juego es la capacidad de seguir construyéndolo con responsabilidad, sentido de Estado y evidencia.
Coincidimos con Donoso en varios diagnósticos relevantes: el sistema de financiamiento requiere ajustes estructurales, la gobernanza territorial debe fortalecerse y la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) presenta niveles variables de madurez. Sin embargo, diferimos en la conclusión. La NEP no ha fracasado. Por el contrario, ha respondido a sus desafíos con aprendizaje institucional, acción técnica y avances progresivos documentados en nuestra Cuenta Pública 2024–2025 y otras publicaciones oficiales.
Desde la Dirección de Educación Pública, hemos asumido la tarea de consolidar un sistema nacional público de educación que supere la fragmentación municipal, recupere la condición de derecho y se construya con participación, transparencia y mejora continua. A continuación, compartimos hechos concretos que respaldan esta afirmación.
A julio de 2025, el sistema cuenta con 26 SLEP en régimen, lo que implica la administración de la educación en 123 comunas, 1.715 establecimientos y 503 jardines, con más de 487 mil estudiantes y párvulos, y más de 80 mil docentes y asistentes de la educación. En enero de 2026, el sistema crecerá de 26 a 37 SLEP, incrementándose todas las cifras anteriores en proporción y superando la mitad de un sistema proyectado de 70 SLEP en régimen al año 2030.
La instalación de estos servicios ha considerado procesos de diagnóstico, planificación y acompañamiento técnico en ámbitos clave como gestión educativa, finanzas, infraestructura y tecnologías. En cada nuevo SLEP, se ha trabajado para garantizar condiciones mínimas de continuidad y calidad, cumpliendo rigurosamente con los calendarios establecidos por ley.
Asimismo, hemos definido un marco de monitoreo con nueve dimensiones que orientan nuestra gestión y nos permiten evaluar avances y detectar alertas, a continuación alguno de los logros alcanzados en cada caso:
Uno de los desafíos más estructurales ha sido el financiamiento. Así lo hemos planteado públicamente y de forma explícita. Como se señala en la columna «El financiamiento: condición crítica para la viabilidad de la nueva educación pública» (El Mostrador, 30 de junio de 2025), he propuesto avanzar en la discusión política sobre esta materia.
En efecto, los Servicios Locales de Educación Pública son simultáneamente sostenedores del sistema educativo y organismos públicos, sujetos a normativas más estrictas que las aplicadas a los municipios, lo que complejiza su gestión. Su financiamiento principal sigue dependiendo de un modelo de subvención por asistencia, que genera ingresos variables atados a la matrícula y condiciona la capacidad de cubrir gastos, especialmente de personal y operación. En el modelo municipal previo existían aportes adicionales, como financiamiento directo desde los municipios y el reintegro por licencias médicas vía Fonasa, que hoy no siempre están disponibles. La falta de estos recursos, sumada a obligaciones crecientes y prácticas heredadas (como negociaciones colectivas previas al traspaso o licencias prolongadas), ha generado déficits operacionales que requieren soluciones estables y de largo plazo para asegurar la viabilidad de la Nueva Educación Pública.
Algunas de las críticas recientes han tomado como ejemplos situaciones reales que enfrentamos y reconocemos. El caso del SLEP Atacama —con una paralización prolongada en 2023 y 2024— fue abordado con transparencia, diálogo con los gremios y comunidades, y una inversión extraordinaria para subsanar deficiencias históricas. Hemos asumido responsabilidades, ejecutado un plan de corto y mediano plazo. Recientemente, se realizó el lanzamiento de la primera fase del Plan Educativo Atacama, iniciativa que busca el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de las comunidades de los SLEP Atacama y Huasco, en coordinación con diferentes universidades.
Respecto del informe de la Contraloría sobre la instalación de cuatro SLEP en la Región Metropolitana, el organismo identificó diversas materias que podrían afectar su adecuada implementación. La mayor parte de las observaciones corresponde a aspectos administrativos que ya han sido corregidos, están en proceso o forman parte del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 y mejora el sistema. Por su parte, la DEP presentó una solicitud de reconsideración, especialmente respecto a algunas conclusiones que señalarían un uso irregular de recursos.
Por otra parte, manifestamos nuestra discrepancia con la afirmación de que la creación de los SLEP haya implicado una «recentralización inadvertida». Por el contrario, estos servicios cuentan con descentralización financiera, con presupuestos y equipos propios. Que la Dirección de Educación Pública ejerza funciones de dirección y coordinación del sistema no implica subordinación local, sino articulación sistémica. Esto no excluye el debate sobre una mayor vinculación y coordinación con los Gobiernos Regionales, pero reducir el problema a una supuesta recentralización desconoce los avances concretos en descentralización efectiva que actualmente se desarrollan en 26 territorios.
Reconocer los problemas no es una señal de debilidad: es una exigencia de cualquier política pública seria. Lo que no compartimos es la idea de que el proceso está destinado al fracaso. La Nueva Educación Pública está en marcha, ha generado impactos concretos y cuenta con el compromiso de miles de personas en todo el país.
Hoy existe una red pública articulada, en crecimiento, que está recuperando la confianza de las comunidades. Esta red no solo administra establecimientos: crea condiciones para el aprendizaje, promueve la inclusión, acorta brechas y restituye el valor de lo común. Cada SLEP que avanza, cada directora o director que lidera con sentido público, cada comunidad que exige calidad con pertenencia está construyendo una nueva manera de entender lo público.
Como toda política pública ambiciosa, este proceso ha cometido errores y ha enfrentado dificultades. Pero también ha producido avances, y esos avances están documentados. Nos guía la convicción de que fortalecer la educación pública no es tarea de un gobierno ni de una administración, sino una responsabilidad del Estado en su conjunto. Por eso invitamos fraternamente a las y los académicos, a la clase política y a las comunidades educativas en general, a seguir dialogando, con información, con evidencias y con apertura, como lo estamos haciendo ahora.
Fortalecer la educación pública y garantizar aprendizajes de calidad no es solo una tarea institucional, sino un compromiso de país. Es un desafío que exige evidencias, colaboración y, sobre todo, convicción. Porque el futuro de la educación pública no se impone ni se decreta: se construye paso a paso, con responsabilidad compartida. Y, por encima de todo, es un proceso que no se abandona frente a las dificultades, sino que se sostiene con compromiso, sentido de propósito y trabajo constante, día a día, en cada aula y en cada comunidad educativa del país.